Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a tres policías por el caso grafitero

En un fallo de primera instancia la Procuraduría General decidió destituir e inhabilitar por 12 años al subintendente Juan Carlos Leal y a los patrulleros Fredy Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez por las irregularidades en que incurrieron al alterar la escena del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra, el 19 de agosto del 2011.

Para esta determinación, el Ministerio Público tuvo en cuenta informes periciales de laboratorio que demostraron que se ingresó un arma al lugar de los hechos. También que esta había sido disparada pero que el menor no la portaba como indicaron inicialmente los uniformados involucrados en el proceso.
 
Además fueron clave un informe y el registro fotográfico de las circunstancias en las que se encontró el arma, así como los testimonios de los jóvenes que estaban con Diego Felipe la noche en la que fue asesinado. Estos indicaron que ese día estaban pintando grafitis en las calles de Bogotá.

También se tuvieron en cuenta declaraciones de agentes del CTI, quienes detallaron las irregularidades en la entrega de la escena del crimen, además del testimonio del subintendente Rosemberg Madrid Orozco, quien manifestó ante el Ministerio Público que había recibido presiones para ocultar la verdad.
 
Con este material probatorio, la Procuraduría logró concluir que los tres policías obstaculizaron "de forma grave" la investigación del CTI y la Fiscalía, y que con su actuación ocultaron la conducta punible de los patrulleros permitiendo “que se ingresara un arma para hacer pasar el menor como un delincuente”.

Al mismo tiempo, la entidad calificó la conducta de los uniformados como “gravísima” a título de dolo por ser miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

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El fallo señaló que el comportamiento de los policías afectó los derechos a la vida, la honra y la dignidad de Diego Felipe Becerra, sus familiares y sus compañeros, puesto que actuaron con conocimiento de la ilicitud de su conducta y el grave daño social que ocasionaban al ser funcionarios de la Policía, “institución cuya existencia precisamente se fundamenta en la protección de los derechos que vulneraron”.

La decisión se produjo luego de que el 19 de marzo del 2014 la Procuraduría formuló pliego de cargos contra seis uniformados que presuntamente habían obstaculizado la investigación que se estaba adelantando por el homicidio del menor de 16 años.

Absolución de dos coroneles    

La Procuraduría decidió absolver al coronel José Javier Vivas Báez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; al teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Suba, y al subintendente Rosemberg Madrid Orozco, comandante del CAI de los Andes de la jurisdicción de la Policía de Suba, señalando que no hay pruebas que los vinculen de manera directa con la participación en la alteración de la escena del crimen.

Cabe aclarar que si bien estos uniformados fueron absueltos disciplinariamente, todavía tienen un proceso penal en su contra.

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