El coletazo de Hidroituango

Ha pasado casi un año y medio desde la emergencia originada en el proyecto hidroeléctrico de Ituango, que ha tenido en vilo al país. En un nuevo desarrollo, la Contraloría General acaba de abrir una investigación fiscal contra 34 posibles responsables de un detrimento patrimonial superior a los 4 billones de pesos. En la lista aparecen reconocidos políticos y también altos funcionarios que han pasado por EPM.

El hecho produjo un verdadero remezón político en Antioquia: la decisión cobija al gobernador electo, Aníbal Gaviria –por estos días en Sudáfrica–, y a Sergio Fajardo, que alista baterías para la campaña presidencial de 2022. Además, en la lista aparecen Alonso Salazar y Luis Alfredo Ramos, quienes como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, respectivamente, estuvieron detrás del contrato BOOMT (construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver), con el que EPM se quedó con la construcción y la administración de la obra. Asimismo aparecen los exgerentes de EPM Federico Restrepo y Juan Esteban Calle.

Según la Contraloría, del supuesto detrimento de 4 billones de pesos, casi 3 billones se habrían perdido a raíz de “las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”. Y un billón de pesos “por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente”.

Sergio Fajardo dijo que explicará todo ante el organismo de control.

La Contraloría sustenta su medida, entre otras cosas, en que cuando EPM iba a iniciar el plan de aceleración de la obra, desoyó a la Junta de Asesores, que le recomendó abstenerse y resolver algunos problemas como la instalación de compuertas en los túneles ya construidos, los cuales habían tomado más tiempo del estipulado. En su informe, la Contraloría dice que para la época, y ante el comité de seguimiento del contrato BOOMT, EPM expuso, “erróneamente, que la Junta de Asesores del 29 de noviembre de 2013 validó el esquema del tercer túnel”.

Y en uno de los puntos más graves, que ya había trascendido a los medios, dice que “cuando EPM tomó la decisión de construir la Galería Auxiliar de Desviación, no había iniciado el trámite para modificación u otorgamiento de la licencia ambiental ante la Anla para la construcción del tercer túnel de desviación. El contratista de obra CCCI inició las obras de construcción del tercer túnel en julio de 2015; sin embargo, la licencia fue otorgada solo hasta septiembre de 2016, es decir, un año después de que se iniciaran las obras de construcción del mismo”.

La Contraloría vinculó a Aníbal Gaviria, gobernador electo de Antioquia.

La historia

Faltaban tres días para que Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo terminaran sus aplaudidas gestiones en la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia, respectivamente. Pero el proyecto hidroeléctrico más grande del país, en obra desde 2011 en las montañas del norte del departamento, no iba muy bien. Por retrasos en la compra de predios, las lluvias y demoras en la construcción de vías, Hidroituango no iba a cumplir el cronograma de generación de energía que tenía presupuestado para el primero de diciembre de 2018. Los mandatarios, junto con el gerente de EPM, Juan Esteban Calle, decidieron poner en marcha un plan de aceleración con el Consorcio CCC Ituango, para recuperar los 18 meses de retraso.

El plan incluía un cambio de planos y construir un túnel –además de los dos ya existentes– para desviar el río Cauca, al que llamaron Galería Auxiliar de Desviación (GAD). Y le ofrecieron a CCC una bonificación de 70.000 millones de pesos si lograban la labor maratónica de recuperar, en tres años, 18 meses de trabajo que se habían hecho humo. El plan de aceleración se vino abajo el 28 de abril de 2016 con el colapso de la GAD, que causó una emergencia sin precedentes en la ingeniería colombiana. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, llegó a alertar sobre la inminencia de una ola de más de 20 metros de altura, y cientos de familias tuvieron que abandonar sus viviendas durante meses.

Hace uno tiempo salió al público el informe de la firma chilena Skava, que señaló que todo había empezado por la “erosión progresiva de una zona de cizalla –zonas de deformación del terreno que pueden ser milímetros o metros–”, en la GAD.

“Yo no tengo ninguna preocupación con respecto a mi conducta. Y lo explicaremos y todo saldrá bien. Ahora, hubo una tragedia en Hidroituango y se tiene que indagar por qué ocurrió, mirar qué responsabilidades existen. Eso es natural, y lo tiene que hacer la Contraloría”, expresó el exgobernador Fajardo en una entrevista en La W.

La decisión de la Contraloría no tiene antecedentes para los políticos antioqueños, por lo que la concejala del Polo Democrático, Luz María Múnera, califica el hecho como una profunda crisis. Ella menciona que la firma Integral –que aparece en la lista de la Contraloría– ha pasado de agache en todo el problema: “Ellos hacen los diseños y luego hacen la interventoría de la obra: eso no tiene presentación, y en ese momento están encargados del monitoreo de la montaña. ¿Quién confía en ellos?”. En esto coincide la concejala del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga: “Integral hizo los diseños del proyecto hidroeléctrico Bonyic, en Panamá, y la obra se demoró nueve años y costó seis veces más”.

En la gobernación de Luis Alfredo Ramos firmaron el contrato con EPM.

Aguinaga resalta que los responsables ignoraron las denuncias hechas en el Concejo de Medellín mucho antes de que la contingencia sucediera. “Hay que recuperar Hidroituango, pero se tiene que saber la verdad, los responsables tienen que caer”, dijo. Agregó que parece que con la contingencia solo se benefició el consorcio constructor, pues ya tiene adiciones en el contrato hasta por un 90 por ciento. “El contrato era de 1,89 billones de pesos, y a marzo de este año se les había pagado 3,2 billones de pesos”, anota.

Por otro lado, la Mapfre Seguros estudia los cambios en los diseños para evaluar si paga la póliza. Aclara la concejala Aguinaga que cuando los voceros de EPM salieron a anunciar que estaban cubiertos por una carta de notificación enviada por la aseguradora, omitieron la letra pequeña: “Que en caso de encontrar incongruencias, se reservaban el derecho a revocar la cobertura. Además está la duda de la responsabilidad civil extracontractual –daños a terceros–. EPM ha gastado más de 102.000 millones de pesos por este concepto, y se espera que para 2021 la cifra suba a 600.000 millones. Pero la cobertura solo alcanza 50.000 millones de pesos ¿Cómo van a arreglar esas cuentas?”.

La concejala Múnera preguntó qué sucedería con las transferencias al municipio si la aseguradora decidía no cubrir el siniestro. Y en una carta al Concejo, EPM contestó que estas bajarían del 55 por ciento al 40 por ciento a partir de 2022, lo que representaría un desbarajuste para las próximas alcaldías de la ciudad.

Los desafíos de EPM, y de quienes fijaron el rumbo de Hidroituango, siguen vigentes. Empieza la puja legal –y el pulso político– con las investigaciones que podrían sacudir los estamentos políticos y económicos de la región.