Suspenden principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz

En los últimos días, la intranquilidad ente las víctimas del caso Interbolsa es evidente. Una de las razones es que varias de las cabezas de la defraudación podrían quedar libres por vencimiento de términos en las próximas semanas.

Pero hay un motivo más que ha generado disgusto entre los afectados por ese descalabro bursátil. Se trata del principio de oportunidad que había firmado la Fiscalía con dos de los involucrados, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, en el que recibirían beneficios a cambio de colaborar con la justicia.

Precisamente, este miércoles estaba programada la audiencia la que un juez de la República definiría si avalaba o no el preacuerdo al que llegó Ortiz con el ente acusador. Pero a última hora todo se congeló.

¿La razón? La fiscal del caso, Alexandra Ladino, retiró la solicitud para que el juez 36 penal con función de control de garantías analizara si el pacto entre Ortiz y el ente acusador era válido. La funcionaria judicial dio dos argumentos para esa petición.

Ambos tienen que ver con el cambio de fiscal general. Ladino radicó ante el encargado de ese despacho, Jorge Fernando Perdomo, una solicitud de revisión del principio de oportunidad concedido en este caso, que validara “la información frente a los beneficios concedidos” a Ortiz y que pudiera “determinar el cumplimiento del derecho de reparación a los perjudicados”.

Una vez se resuelva esa solicitud, según escribió la fiscal en el documento, la solicitud de control judicial al principio de oportunidad “se radicará nuevamente”.

Mientras eso ocurre, el proceso que terminaría por darle beneficios judiciales a Juan Carlos Ortiz por la información que entregó en el caso Interbolsa, en el que acepta el delito de captación masiva y habitual, estará congelado.

Ortiz ya fue condenado por tres de los cargos que le imputó la Fiscalía por el descalabro de la comisionista en el que los ahorradores perdieron 174 millones de dólares. Estos fueron estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies. Él aceptó esos delitos.

El 21 de julio se conocerá la duración de la pena, que podría tener una rebaja del 50 % por la aceptación de los cargos. Por ahora, el antiguo empresario permanece recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.

Cabezas pedirán libertad

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Semana.com que para el 11 de julio la defensa de los exdirectivos Rachid Maluf, Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado solicitó una audiencia ante un juez para solicitar la libertad de estas personas por cumplimiento de términos. Otro que puede quedar en libertad es Víctor Maldonado.

El vencimiento de términos se da porque han pasado 240 días desde cuando se radicó el escrito de acusación por parte de la Fiscalía y ni siquiera se ha dado apertura al juicio oral. Para la Fiscalía, los jueces no les han dado el curso adecuado a las audiencias, lo que ha hecho que el tiempo pase sin que se desarrolle este proceso en la debida forma.

“El escrito de acusación fue presentado hace más de un año y los jueces programan audiencias cada dos o tres meses. No ha sido por falta de diligencia de la Fiscalía”, dijo Alexandra Ladino, la fiscal que ha manejado el caso desde sus inicios.

Maldonado y los directivos recurrirán a la Ley 1760, que reforma el régimen de medidas privativas de la libertad o de vencimiento de términos, con la que se reglamentó el tiempo límite que tiene un juez para el juzgamiento a partir del acto de acusación. Pero esta jugada podría salirles mal porque a sanción presidencial pasó una ley que impedirá la excarcelación masiva de presos, para graves delitos.

“El proyecto aprobado busca que jueces y fiscales tengan 12 meses más para resolver la situación jurídica de cerca de 9.500 personas que se encuentran privadas de la libertad, y que son investigadas por delitos como abuso sexual, homicidio, actos de corrupción y conductas que le competen a la justicia especializada (extorsión, lavado de activos y terrorismo, entre otros)”, aclaró un comunicado de Ministerio de Justicia.

A Rachid Maluf, exdirectivo de inversiones de Interbolsa, le imputaron cargos por los delitos de captación, omisión de reintegro, estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación de acciones y manipulación desleal. Por ello, podría esperarle una pena de 10 a 20 años de prisión.

Claudia Patricia Aristizábal González fungía como representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, mientras que Natalia Zúñiga Isaacs era la representante legal de Valores Incorporados. Juan Andrés Tirado Moreno, otro de los involucrados, era directivo del fondo Premium. Víctor Maldonado aparece en el entramado por ser uno de los beneficiarios de los dineros del Fondo Premium que fueron a parar a sus bolsillos por cuenta de préstamos.