Judicial
Caso InterBolsa: inversores del Fondo Premium buscan reparación económica del Estado
La Procuraduría General ya pidió formalmente rechazar las pretensiones de la acción judicial.
Casi una década después de que estallara el escándalo que llevó a la intervención de InterBolsa S.A. -considerada la más importante comisionista de bolsa del país-, se siguen conociendo noticias relacionadas con las víctimas que dejó dicho descalabro bursátil.
En esta oportunidad, los inversores del denominado Fondo Premium de InterBolsa presentaron una demanda en contra del Estado para que sean reparados económicamente por los daños que sufrieron por las operaciones fraudulentas que se adelantaron en la comisionista de bolsa y cuyo cierre los afectó considerablemente.
En la acción judicial consideran que la Superintendencia Financiera de Colombia actuó de manera tardía y no tomó acciones constantes ni efectivas para evitar que InterBolsa, más exactamente el Fondo Premium que lideraba el empresario italiano Alessandro Corridori, fueran registradas o intervenidas antes de la debacle.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la acción judicial, sin embargo, los inversionistas del Fondo Premium insistieron mediante una apelación ante el Consejo de Estado para que sean reparados económicamente.
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Ya la Procuraduría General le solicitó a la Sección Tercera del alto tribunal que niegue las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien hubo un daño, no existe una relación que obligue a una condena patrimonial en contra del Estado.
En el concepto firmado por la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado señaló que desde hace algunos años el Fondo Premium se encuentra en proceso de liquidación, y con los bienes que se han ido tomando el Estado de quienes manipularon las inversiones del mencionado fondo.
En este sentido se señala que ya se han presentado actividades de reparación económica a las víctimas reconocidas dentro de los procesos penales que se han adelantado.
Para la Procuraduría General argumentó que en ningún momento los demandantes lograron demostrar que en el proceso judicial las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre aquellas conductas u omisiones en la que pudo incurrir la Superintendencia Financiera.
Este concepto será clave en el estudio de la demanda que cursa en el Consejo de Estado. Ya el máximo tribunal de lo contencioso administrativo solicitó los conceptos de las entidades demandadas para tomar una decisión de fondo.
Caso InterBolsa
El Fondo Premium de InterBolsa tenía en su lista de inversionistas a grandes y renombrados empresarios del país que invirtieron parte de su fortuna con el fin de lograr mayores dividendos. Sin embargo, luego se comprobó que las directivas estaban utilizando estos recursos para negocios personales y de alto riesgo.
Por estos hechos enfrenta un juicio actualmente el empresario Víctor Maldonado, a quien en 2015 la Fiscalía General le imputó los delitos de captación masiva y habitual de dinero en forma ilegal, omisión de reintegro, estafa masiva y concierto para delinquir.
El empresario, que fungía como prestamista del fondo, habría tenido conocimiento claro sobre el mal manejo de cerca de 310.000 millones de pesos y el engaño a los inversionistas.
En agosto de 2020, el juzgado 33 de conocimiento de Bogotá decretó la prescripción del proceso penal que se adelantaba contra Alessandro Corridori, Claudia Jaramillo Palacios, y su hermana María Eugenia Jaramillo Palacios. Esto al considerar que se habían superado los términos frente a los delitos por los que fueron acusados.
Con esta decisión se puso punto final al juicio contra Corridori y las hermanas Jaramillo Palacios por los delitos de concierto para delinquir, manipulación de especies agravado y administración desleal. Para las víctimas reconocidas en este proceso, la prescricpión se logró gracias a las maniobras dilatorias de la defensa de los acusados, la falta de efectividad de la Fiscalía General y el nulo movimiento dentro de la Judicatura para designar a un juez especial en este caso.
En el proceso fueron acreditadas 680 víctimas por una defraudación económica cercana a los 600 mil millones de pesos. El Estado enfrenta por este caso 60 demandas con peticiones que ascienden a 1,2 billones de pesos.
Incluso el inversionista italiano Alessandro Corridori había presentado una demanda ante el Consejo de Estado en la que pretendía una indemnización por los perjuicios materiales y morales que sufrió después de la suspensión de las negociaciones de las acciones de la empresa Fabricato, del cual era el máximo accionista. El Consejo de Estado rechazó su demanda.
