Caso Interbolsa: libres por vencimiento

Las víctimas del descala-bro de InterBolsa llevan más de dos años tratando de recuperar el dinero que perdieron y esperando ver que la Justicia castigue a los responsables de la quiebra.

Por eso, la semana pasada había gran indignación entre ellos, al conocer la decisión que tomó la jueza Teresita Barrera, de dejar en libertad, por vencimiento de términos, a cuatro de los presuntos responsables de dicha debacle. Se trata del inversionista italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo Palacios; su cuñada, la inversionista María Eugenia Jaramillo y Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment, sociedad ligada al italiano.

Los cuatro hacían parte del llamado Grupo Corridori, que lideró la operación para tomarse a Fabricato (llegó a ser el mayor accionista de la textilera) a través de la supuesta manipulación de la acción, un hecho que fue investigado y confirmado por las autoridades.  El negocio de los repos de Fabricato fue el talón de Aquiles que desató la quiebra y al mismo tiempo la operación donde más inversionistas, de la firma comisionista InterBolsa, se vieron afectados. Pues bien, el pasado jueves a las 9 y15 de la noche el empresario italiano salió de la cárcel La Picota.

La decisión también sorprendió y molestó a la Fiscalía General que desde que comenzó la investigación pidió medida de aseguramiento para los cuatro implicados, a quienes acusa de los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.

La discrepancia entre la Fiscalía y la jueza Barrera radica en cuándo comienzan a correr los 120 días establecidos como término para declarar la libertad por vencimiento.

La fiscal Alexandra Ladino, encargada del caso InterBolsa, asegura que esos 120 días empezaron a correr hace dos semanas cuando culminó la audiencia de acusación, mientras que la jueza Barrera interpreta que ese plazo se cuenta desde el inicio de la audiencia, es decir, desde el 2 de septiembre de 2014.

En el rifirrafe entre las dos funcionarias, la jueza aseguró que los términos estaban más que vencidos, pues aunque hubo paro judicial, la Corte Suprema ha dicho que ese tiempo no se le puede cargar a los detenidos. Además, aseguró que nunca había visto que un fiscal interrumpiera su acusación para continuarla meses después.

Por su parte, la fiscal consideró que antes de apresurarse a decir que ha pasado mucho tiempo sin que ocurra nada, debe considerarse la enorme complejidad del caso. “Así como se tienen en cuenta las garantías de los acusados, también hay que tener en cuenta las de las víctimas”, asegura Ladino.

De acuerdo con la Fiscalía, la jueza Barrera no los notificó para presentarse en la audiencia donde se definiría si los términos estaban vencidos o no. Sin embargo, y aunque no es lo más usual, esta era una decisión de segunda instancia de garantías y contra ella no procedía ningún recurso, por lo que no era necesario que las partes estuvieran presentes. Aun así, la jueza insiste en que se les avisó a cuatro de los abogados defensores y a uno de los tres despachos que la Fiscalía había referenciado en el proceso.

No es la primera vez que Teresita Barrera causa polémica con sus decisiones. En noviembre de 2012 fue cuestionada por dejar en libertad a Laura Moreno y Yessy Quintero, involucradas en el presunto homicidio del estudiante Luis Andrés Colmenares, y el 10 de junio del año pasado fue ella quien le dio libertad al hacker Andrés Sepúlveda. Por esa última decisión Barrera tiene una investigación en curso por prevaricato pues el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, la acusó públicamente de haber faltado a su deber.

Lo cierto es que la libertad de Corridori y su grupo –llevaban año y medio en La Picota– cayó como un balde de agua fría sobre las víctimas, que temen que el inversionista italiano se vaya del país, aunque él a su salida de la cárcel dijo que esa no es su intención. La Fiscalía posiblemente interpondrá una tutela en contra de la decisión de la jueza Teresita Barrera, mientras que ella sostiene que su deber no era analizar los delitos sino determinar un vencimiento de términos. “Lamento mucho que a los señores fiscales les disgusten ciertas decisiones y amenacen con investigaciones a quienes no sirven a sus intereses”, dijo.