‘Es importante que se diga públicamente que Jaime Garzón no era guerrillero’

Marisol Garzón Forero, hermana del humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, celebró este jueves desde el centro de la capital la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por este crimen.

Sin embargo, a pesar de la tranquilidad que le deja el fallo del alto tribunal, dijo ante los medios de comunicación que le “da tristeza” que ella y su familia hayan tenido que esperar 17 años para que se diera esta decisión. Incluso, señaló que su madre murió a la espera de que algo así ocurriera. 

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Pero más allá de la satisfacción que produjo la sentencia, en la que además se ordenó que ella y su familia fueran indemnizadas, Marisol aseguró que por encima de una reparación económica, ellos buscan que se conozca la verdad de los hechos, que este caso sea declarado como un crimen de lesa humanidad y que las autoridades reconozcan públicamente “que Jaime Garzón no era guerrillero”.

“Para nosotros es muy importante que la Fiscalía oiga este llamado que se hace de declararlo un crimen de lesa humanidad”, dijo refiriéndose a la sentencia del Consejo de Estado en el que la Sección Tercera del tribunal puntualizó que la ejecución extrajudicial de Jaime Garzón Forero, ocurrida en un contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos “es constitutiva de un crimen de lesa humanidad”.

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¿A qué se debe la importancia? En Colombia, después de 20 años de investigaciones y procesos los casos se archivan. Sin embargo, cuando son declarados como crímenes de lesa humanidad, estos no prescriben y las pesquisas continúan. Precisamente, la familia del humorista quiere lograr esto con el fin de que se conozca toda la verdad sobre la muerte de Garzón.

El largo camino hacia la condena a la Nación

El 10 de agosto del 2001, la madre de Jaime Garzón (Ana Daisy Forero) y sus hermanos (Manuel Alfredo y María Soledad Garzón Forero), en búsqueda de justicia, interpusieron una demanda contra la Nación. Específicamente, contra el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, el extinto DAS, el departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Gobernación de Cundinamarca.

En su actuación judicial, los miembros de la familia Garzón Forero aseguraron que como consecuencia de sus actividades periodísticas y asesorías gubernamentales a la Presidencia y a la Gobernación de Cundinamarca en temas relacionados con el conflicto armado, Garzón fue objetivo de varias amenazas en su contra que fueron puestas en conocimiento de las autoridades y que estas no adoptaron medidas de protección alguna.

Por eso, aseguraron que las entidades demandas debían responder “por acción y/o omisión” pues no le brindaron la seguridad solicitada.

En respuesta, el departamento Administrativo de la Presidencia aseguró que “se había configurado la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, toda vez que el homicidio del periodista Jaime Garzón Forero fue perpetrado por delincuentes desconocidos”, según se lee en el fallo del Consejo de Estado.

Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca argumentó que no incurrió en falla alguna porque dentro de sus competencias no estaba brindar protección a las personas. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa también manifestó no tener responsabilidad porque no tenía noticia alguna sobre las amenazas en contra de Garzón. Y el DAS aseguró que “no era la entidad llamada a responder por el homicidio del reconocido periodista”.

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Así las cosas, las partes demandadas no asumieron la responsabilidad por el homicidio. Y en un fallo de mayo del 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de estas, señalando que las autoridades no tuvieron conocimiento sobre las amenazas en contra del humorista. 

Fue así como la familia de Garzón apeló la decisión y el caso llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado que, después de nueve años, falló a favor de los demandantes y condenó a la Nación por los hechos.

Lo hizo al considerar que el homicidio del periodista “constituyó una vulneración grave de derechos humanos” porque “la víctima se encontraba en situación de indefensión cuando se perpetró su ejecución y, adicionalmente, su muerte tuvo una finalidad terrorista”.

Además, resultó claro para la Sala que, de acuerdo con el material recaudado en el proceso, “los miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley -paramilitares-, para permitir y colaborar con la actividad delictiva de estos últimos”. 

“En el presente caso se probó con suficiencia la configuración de una aberrante falla del servicio a cargo del Estado, la cual determinó la muerte del mencionado ciudadano”, dice la sentencia.

Y agrega: “Con base en los vínculos de colaboración y apoyo en actividades ilícitas establecidos entre miembros de inteligencia del Ejército Nacional y el grupo paramilitar para la época de los hechos, se infiere que, dadas las calidades que ostentaban los señores Narváez Martínez y Plazas Acevedo -uno como oficial de reserva y catedrático de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas y el otro como jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional-, fueron  aliados del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil en la ‘lucha antisubversiva‘”, en la que se dio la orden de eliminar a Garzón por sus presuntos vínculos con la guerrilla.

La condena a la Nación no fue lo único que ordenó el Consejo de Estado. También resolvió que en un plazo de dos meses el comandante general del Ejército y el director de la Policía Nacional deberán realizar un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de Garzón, asumiendo la responsabilidad por los hechos. Este escenario podría ser el indicado para que, tal y como lo desea Marisol Garzón, las autoridades reconozcan que su hermano no era un guerrillero.