Caso Javier Ordóñez: Otro policía que quiere aceptar cargos en el homicidio en CAI de Bogotá

La justicia se materializó en el caso que convulsionó a Bogotá en septiembre de 2020, el asesinato de Javier Ordóñez, en un CAI de la Policía, en el noroccidente de la ciudad. Dos patrulleros fueron capturados y judicializados por la Fiscalía: Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez, los dos, en ese momento, sin dudarlo negaron los cargos. Sin embargo, meses después el primero, Lloreda, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y obtuvo una condena de 20 años de prisión, su compañero, ahora busca la misma posibilidad.

Harby Rodríguez, que se alista para un juicio, se retiró de una negociación que se cocinaba con la Fiscalía y en la que aceptaban su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado y tortura en contra de Javier Ordoñez, la misma negociación que concretó su compañero de patrulla, Juan Camillo Lloreda y que ahora lo tiene como el primer condenado en este caso.

La rebaja sustancial de la pena y algunos beneficios por colaboración que recibió Lloreda, al parecer motivaron una aparente intención de Harby por aceptar cargos y buscar con la Fiscalía una forma de negociación que incluya una rebaja en los años de cárcel que tendría que pasar en la cárcel por los delitos imputados.

El asunto para Harby Rodríguez, que eventualmente podría convertirse en el segundo condenado en este caso, son las condiciones que se planteen para esa nueva negociación, que claramente no serán las mismas, ni con los mismo beneficios de que ahora goza su compañero, Juan Camilo LLoreda, en otras palabras, en la justicia como en la vida quien primero se arrodilla, primero se confiesa.

La Fiscalía aseguró que en la eventual negociación se deben tener en cuenta varias condiciones que incluyen la participación o el visto bueno de las víctimas, de la familia de Javier Ordóñez, así como ocurrió con el primero condenado, con Lloreda, que entre los puntos de su acuerdo con el ente acusador se fijó un acto de perdón público.

Semana conoció que en los últimos días la defensa de Harby habría adelantado algunos acercamientos con la Fiscalía y las víctimas con el objetivo de concretar lo que sería ese preacuerdo. De qué manera aceptar su responsabilidad podría convertirse en una forma anticipada de este proceso y qué beneficios judiciales le traería hacer ese acto de reconocimiento de responsabilidad.

En el caso de Juan Camilo Lloreda el preacuerdo con la Fiscalía incuyó que participaría de procesos de colaboración para identificar si otros uniformados estarían involucrados en el asesinato de Javier Ordóñez, por acción o por omisión, tal y como se vio en los videos de seguridad del CAI Villa Luz en Engativa a donde fue trasaladado Javier Ordóñez, después de su captura.

En la confesión de Juan Camilo Lloreda, el patrullero y primer condenado, quedó en evidencia que no sólo él, sino otros uniformados habrían agredido a Javier Ordóñez mientras se encontraba en el CAI. El uniformado contó en su declaración con la Fiscalía que mientras el estudiante de derecho estaba en el suelo y en el CAI, su compañero de patrulla lo golpeó en repetidas oportunidades.

“Me dicen que ese hijueputa se está pegando, y cuando vi se estaba arrastrando, se golpeó contra la cómoda. Lo hale desde la pretina del pantalón, lo levante para sentarlo y se pegó en la cabeza otra vez.. Sí, acepto que golpee a la persona, lo hice porque me pegó en la cara. Sí fue un error mío, me arrepiento, pero no creo que eso le haya causado la muerte”, se lee en su declaración.

En esa misma declaración aseguró Lloreda que mientras golpeaban a Ordóñez el resto de uniformados, que presenciaban el ataque no hicieron nada, solo ignoraban la situación que podría dar crédito a la hipótesis de la Fiscalía para una imputación contra otros uniformados que estaban en el CAI y omitieron su deber al permitir las agresiones en contra de la víctima.