Caso Javier Ordóñez: patrullero condenado pedirá perdón al país

Como parte de la primera condena por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez ocurrido en septiembre de 2020 en el noroccidente de Bogotá y en medio de un procedimiento de Policía, el ahora sentenciado, patrullero Juan Camilo Lloreda, se comprometió, en el preacuedo firmado con la Fiscalía, a pedirle perdón al país.

Así quedó consignado en la sustentación que hizo el fiscal del caso en la audiencia en la que se aprobó el preacuerdo firmado con Juan Camilo Lloreda para aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura agravada que dejó como víctima a Javier Ordóñez, además de una pena de 20 años de prisión para el uniformado que ya está purgando en la penitenciaría de la Policía en el municipio de Facatativá, Cundinamarca.

Como parte de la reparación a las víctimas y que se pactó entre las partes que integran este proceso, no solo se incluyó la aceptación de cargos de Lloreda, también deberá comprometerse a colaborar con la justicia y participar de un acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público al país, a la familia de Javier Ordóñez y a la Policía como institución.

La contundencia del material probatorio que existe en contra del uniformado aparte de los vídeos que fueron grabados por amigos de Javier Ordóñez y los que están en el CAI Villa Luz, hacen parte de los argumentos que el ente acusador presentó en la diligencia para plantear y respaldar la negociación.

La representación de víctimas en este proceso, de la familia de Javier Ordóñez, explicó en SEMANA los alcances de esa negociación y qué contiene el preacuerdo entre la Fiscalía y el patrullero Lloreda, ahora que tomó la determinación de aceptar los cargos por homicidio agravado y tortura.

Vadhir Gómez, abogado de la familia Ordóñez, aseguró que luego de largas reuniones con los abogados de los dos uniformados implicados, finalmente fue la defensa de Lloreda la que firmó el preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena.

“El objetivo era llegar a una negociación en la que todas las partes estuviesen de acuerdo y finalmente después de verificar los delitos, el material probatorio, subir el monto de la pena, bajar otro tanto, llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas “, dijo el abogado Gómez.

El juez aprobó el preacuerdo y fijó los beneficios del patrullero Juan Camilo Lloreda, tras aceptar su responsabilidad. Incluirían una pena de 20 años de prisión, una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes y además una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo monto de la pena, todo a cambio de ese reconocimiento y como forma de terminación anticipada del proceso.

El juez especializado tuvo que separar los proceso de los dos patrulleros, por cuanto Harvey Rodríguez, no aceptó cargos y su caso llegará a un escenario de juicio, donde la Fiscalía espera obtener una condena ejemplar en contra del uniformado.

“No puede existir una solicitud de acusación y una solicitud de audiencia de verificación y aprobación de preacuerdo, porque son dos asuntos que irán en contradicción de manera que como no se hizo de esta manera, que la Fiscalía no retiró la acusación con respecto de Juan Camilo Lloreda, pero la debe hacer en audiencia y no la han hecho”, dijo el juez

El patrullero Rodríguez mantiene su posición, de declararse inocente, por eso tendrá que defenderse en juicio y con la novedad de que su compañero aceptó la responsabilidad en el crimen.