Caso Javier Ordóñez: Patrullero implicado pagaría pena de 20 años de cárcel

La aceptación de cargos de Juan Camilo Lloreda, el patrullero investigado por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, aparece luego de un preacuerdo al que llegó su defensa con la Fiscalía General de la Nación y que le dejaría una condena de 20 años de prisión.

La contundencia del material probatorio que existe en contra del uniformado, aparte de los vídeos que fueron grabados por amigos de Javier Ordóñez y los que están en el CAI Villa Luz, hacen parte de los argumentos del ente acusador para plantear la negociación.

La representación de víctimas en este proceso, de la familia de Javier Ordóñez, explicó en SEMANA los alcances de esa negociación y qué contiene el preacuerdo entre la Fiscalía y el patrullero Lloreda, ahora que tomó la determinación de aceptar los cargos por homicidio agravado y tortura.

Vadhir Gómez, abogado de la familia Ordoñez, aseguró que luego de largas reuniones con los abogados de los dos uniformados implicados, finalmente fue la defensa de Lloreda la que firmó el preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena.

“El objetivo era llegar a una negociación en la que todas las partes estuviesen de acuerdo y finalmente después de verificar los delitos, el material probatorio, subir el monto de la pena, bajar otro tanto, llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas “, dijo el abogado Gómez.

Se espera que en una nueva audiencia la Fiscalía solicite la rotura preprocesal para llevar por dos caminos diferentes los procesos de Juan Camilo Lloreda y su compañero de patrulla Harvey Rodríguez. En el caso de Lloreda será más rápido el proceso pues con la aceptación de cargos lo único que quedaría pendiente es la aceptación del juez y se conocería de inmediato su condena.

La situación resulta diferente en el caso del patrullero Rodríguez, pues sí mantiene su posición, de declararse inocente, tendrá que defenderse en juicio y con la novedad de que su compañero aceptó la responsabilidad en el crimen.

La representación de víctimas insistió en que la aceptación de cargos tiene gran importancia en el proceso, pues no solo economiza tiempo para la justicia, sino que permite avanzar en otros escenarios de la investigación como nuevas imputaciones a otros uniformados implicados.

“El asunto es que la aceptación de cargos nos permite seguir trabajando con la Fiscalía en otros escenarios que estaban pendientes y que podría llevar a nuevos implicados en este proceso, el acuerdo con Lloreda es fundamental para lo que se busca principalmente, una reparación al daño causado con la actuación de los uniformados”, dijo el defensor.

Juez de conocimiento explicó que no pueden existir dos solicitudes al mismo tiempo: una de acusación y otra de preacuerdo. Por tanto, la Fiscalía debe reorganizar las peticiones y avanzar cuanto antes en el juicio que se planteó con el escrito de acusación en contra de los dos uniformados por el asesinato de Javier Ordóñez.

“No puede existir una solicitud de acusación y una solicitud de audiencia de verificación y aprobación de preacuerdo, porque son dos asuntos que irán en contradicción de manera que como no se hizo de esta manera, que la Fiscalía no retiró la acusación con respecto de Juan Camilo Lloreda, pero la debe hacer en audiencia y no la han hecho”, dijo el juez.