La telaraña judicial en la que está envuelto Andrade

El exviceministro de Transporte Gabriel García recibió un soborno de 6,5 millones de dólares de Odebrecht. La Fiscalía lo acusó por dos cargos y tras admitir su responsabilidad recibió una condena de cinco años de prisión. Por estudio y buena conducta quedará libre en julio del año entrante sin haber devuelto un solo peso de lo que se robó. Al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade la Fiscalía lo acusa de delitos en dos procesos, ninguno de los cuales se refiere a enriquecimiento personal. Hace diez meses Andrade está en detención domiciliaria y de ser vencido en juicio podría recibir una condena a más de 15 años de cárcel con una pena efectiva de no menos de 10.

El juicio de Andrade está próximo a empezar en un juzgado de Paloquemao, al oriente de Bogotá. Promete ser un espectáculo memorable. Si el juez admite a los testigos que las partes han solicitado, desfilarán por ese estrado judicial desde el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el expresidente Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, medio gabinete del gobierno anterior y una veintena de congresistas y empresarios importantes. Dado que Andrade tiene doble nacionalidad y en consecuencia también es gringo, la embajada de Estados Unidos ha designado a dos representantes para que vigilen el proceso e informen sobre el mismo a 12 congresistas que desde Washington han manifestado interés por el caso. Asimismo, medios de comunicación importantes de ese país también están pendientes, y algunos como The Financial Times, Bloomberg y The Hill ya han publicado informes sobre lo que se avecina.

A pesar de todo esto, solo un puñado de abogados entiende en forma integral la compleja telaraña de acusaciones tejidas alrededor del caso Andrade. De los 11 cargos que se le achacan hay dos que son los más graves y en cierta forma la matriz del resto: contratos sin requisitos legales e interés indebido. La combinación de esos dos delitos tiene una pena mínima de 6 años de cárcel y máxima de 18.

El expresidente y el exvicepresidente  del pasado gobierno también podrían ser citados al juicio de Andrade en calidad de testigos

Las supuestas actuaciones de Andrade que dieron pie a los cargos son ampliamente conocidas por el país por cuenta del escándalo Odebrecht. En síntesis, después de que el concesionario que lideraba la multinacional brasileña ganó la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol, se decidió que era necesario hacerle una adición con otra carretera entre los municipios de Ocaña y Gamarra.

A Andrade como presidente de la ANI le correspondía estudiar el tema y hacer recomendaciones al respecto. Concluyó que la mejor opción en términos económicos y logísticos era adjudicarle ese tramo al consorcio que estaba desarrollando la carretera central: Odebrecht. El otrosí con que se concretó esta decisión tuvo un valor cercano a 1,2 billones de pesos en 2013, monto que representa el 32 por ciento del valor total de la megaobra.

Como en ese momento Odebrecht era considerada la firma más prestigiosa de Latinoamérica en materia de infraestructura, la decisión fue considerada lógica y no hubo polémica. Cuando se destapó el escándalo de los sobornos, el otrosí cayó bajo la lupa de la opinión pública y se convirtió en un sálvese quien pueda. Ahí estaba metido todo el mundo: Odebrecht, el Grupo Sarmiento, Néstor Humberto Martínez, medio gabinete de Juan Manuel Santos incluyendo a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody. Los emisarios de los sobornadores Otto Bula, Federico Gaviria y el Ñoño Elías. Y los sobornados como el exviceministro Gabriel García y una decena de congresistas que sacaron tajada.

El eje de la acusación contra Andrade gira alrededor del otrosí para la adición del tramo Ocaña-Gamarra. La Fiscalía sustenta los cargos en que era improcedente la adjudicación directa y que la ANI tendría que haber convocado una licitación pública. De ahí se derivan los cargos de interés indebido y firma de contratos sin requisitos legales que tienen hoy a Andrade preso en su casa.

Como el proceso puede costarle diez años de cárcel, la justicia tiene que determinar como mínimo dos cosas: primero, si era ilegal la forma como se hizo la adjudicación y, segundo, si de esta se derivó algún enriquecimiento ilícito para el acusado.

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En cuanto a esto último, la propia Fiscalía, y todas las partes, reconoce que Andrade no se robó un solo peso. Así mismo, a nadie que lo haya conocido se le pasa por la imaginación que él haya abandonado el prestigioso y bien remunerado cargo de presidente de la firma neoyorquina McKinsey en Colombia para buscar algún beneficio económico por cuenta del erario.

Entonces queda por definir si detrás de la adjudicación directa a Odebrecht hubo ilegalidades y quiénes serían los responsables. Al respecto, Andrade tiene tantos argumentos en su defensa que no deja de sorprender que esté en la situación en que se encuentra actualmente.

Para comenzar, piensa demostrar que en el pasado en múltiples ocasiones se han adjudicado adiciones a vías principales en exactamente la misma forma en que tuvo lugar el otrosí Ocaña-Gamarra. Entre los muchos ejemplos que le expondrá al juez subrayará el Conpes 3535 de 2008, en el cual el gabinete del entonces presidente Uribe aprobó 15 adiciones como la que está en cuestión.

Pero, sin duda, en la pelea por la adición, generará la mayor controversia el concepto que emitió sobre ese tema Néstor Humberto Martínez como abogado asesor del Grupo Aval en 2012. Sobre ese documento hay dos lecturas radicalmente opuestas.

“Ese concepto que di –dijo hace un mes el fiscal en la radio– dice que según el contrato suscrito entre la ANI y el contratista privado Ruta del Sol no era posible celebrar (la adición) mediante contratación directa porque así lo decía el contrato expresamente, que las obras adicionales tenían que salir a licitación. Mi concepto escrito, y lo que se escribe no lo borra el tiempo, dice que ese contrato adicional no se podía entregar directamente al contratista privado y que debería ser objeto de una licitación”.

Frente a esto Andrade afirma que basta leer el concepto de Martínez para comprender que sí aprobó la adición, e incluso recomendó otorgar al concesionario Ruta del Sol la obra extra sin siquiera suscribir un otrosí. Dice el documento: “En nuestro criterio profesional, no es necesaria la suscripción de una adición al contrato, toda vez que la eventual actividad descrita podría entenderse como parte del objeto del Contrato de Concesión n.º 001 de 2010, toda vez que el mismo tiene un componente determinable a título actividades adicionales dentro de las cuales podría caber la mencionada (sic)”. Y tras señalar esa recomendación, el concepto pasa a plantear una segunda opción. Que “si en gracia de discusión” se pensara en suscribir un otrosí, bien se podría hacer sin licitación pública, aunque sí con licitación privada.

El hoy fiscal produjo un concepto como abogado asesor del grupo Aval sobre la adición. Gaviria, como jefe de planeación, expuso la propuesta del otrosí que fue aprobado por el gabinete en pleno

Aunque Martínez solo mencionó la licitación privada “en gracia de discusión”, lo importante es que descartó la opción licitación pública, por la cual está siendo enjuiciado Andrade. El exdirector de la ANI, atendiendo el concepto, abrió una licitación privada con convocatoria en los periódicos y todos los requisitos del caso. En ese proceso Odebrecht tenía la primera opción y, en consecuencia, esa propuesta ganó. En el fondo, una licitación privada es poco más que un formalismo. Sin embargo, Andrade se apoyó en otros dos conceptos adicionales en el mismo sentido, el del interventor y el de la oficina jurídica de la ANI.

Con la tranquilidad de tres conceptos, Andrade puso en consideración el otrosí para su estudio en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) el 2 de octubre de 2014. Ese día, pasadas las cinco de la tarde, Simón Gaviria como director del Departamento Nacional de Planeación se encargó de exponer el asunto y explicó la importancia estratégica de la vía que permitiría conectar la troncal con varios puertos fluviales. El argumento principal era que en términos económicos había un gran ahorro para el erario; también, el hecho de que Odebrecht tenía ya desplegada la mano de obra y maquinaria para la operación en esa zona representaba un ahorro en tiempo, pues abrir una nueva licitación y traer un nuevo proponente podría tomar un año. El ahorro simultáneo de plata y de tiempo fue considerado un gana-gana. El gabinete en pleno con el presidente Santos a la cabeza, y con la participación de los directores de las principales agencias del Estado, después de escuchar los puntos de vista, aprobó por unanimidad la adición.

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La persona más importante en ese Conpes, después del presidente de la república, era el entonces superministro Néstor Humberto Martínez, quien como el resto de los presentes aprobó el otrosí. Los abogados de Andrade piensan resaltar que de todos los presentes él era quien más conocimiento tenía del tema, ya que como abogado antes de entrar al gobierno había elaborado el concepto jurídico que dio luz verde y en el que se basó Andrade para proceder. “¿Por qué en ese momento, en calidad de superministro de Presidencia, el hoy fiscal no se opuso a la adición?”, pregunta Albeiro Yepes, defensor de Andrade.

Le piensa formular precisamente esa pregunta al fiscal cuando este se presente como testigo en el juicio de Andrade. En un caso sin antecedentes a Martínez lo solicitan como testigo las dos partes: la Fiscalía que acusa al exdirector de la ANI y los abogados defensores de este. Si el juez lo admite, el fiscal general será interrogado y contrainterrogado sobre el concepto. En palabras de la fiscal del caso, Amparo Cerón, una de las citantes, “se logrará saber a través del dicho de este testigo cuál era el objeto del concepto en mención y qué parámetros se sugería tener en cuenta de cara a la adición Ocaña-Gamarra”.

Cenas con chef privado

Lo anterior es el asunto de fondo en el caso Andrade. Pero a esto se suman media docena de cargos sustentados en episodios anecdóticos, interpretados por la Fiscalía como evidencias circunstanciales. Concretamente, se trata de la relación entre Andrade y el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, ya condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción al servicio de Odebrecht.

El Ñoño era uno de los congresistas que frecuentaba la ANI para presionar por obras para su departamento. Andrade lo atendía y se llegó a formar una relación cordial entre ambos. La ‘amistad’ que se formó entre ellos era inusual, pues el Ñoño es un costeño tan encantador como entrador y Andrade un tipo tan tímido como ingenuo. En todo caso, la fiscal del caso considera como una prueba importante contra Andrade que asistió a varias comidas en la casa del Ñoño, en las cuales discutieron no solo la adición Ocaña-Gamarra, sino también el proyecto Navelena. Este último tiene que ver con la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y es otro proyecto de Odebrecht por el cual también está acusado Andrade.

En ese sentido, la Fiscalía cuenta con el testimonio de Juan Sebastián Correa, el funcionario que le manejaba a Andrade las relaciones entre la entidad y el Congreso. Correa es hoy el principal testigo contra su exjefe como resultado de una negociación de principio de oportunidad con la Fiscalía. Por cuenta de sus señalamientos contra Andrade, de los cuatro cargos que tenía la Fiscalía solo dejó en pie uno. Hay dos señalamientos: que en las famosas cenas, atendidas por el chef del lobista Otto Bula, Andrade habría pactado compromisos en favor de Odebrecht; y que por instrucciones de Andrade, Correa alteró los registros de ingreso de congresistas a la ANI. Eso para la Fiscalía constituye destrucción de evidencia.

Andrade no ha negado las cenas, pero sí rechaza que en estas se haya presentado algo ilegal. Declaró que solo en uno de esos encuentros estuvo el presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien trató de tocarle el tema de las reclamaciones por contratiempos en la ejecución de la Ruta del Sol. Andrade asegura que ante eso con “caballerosidad” le pidió al Ñoño, a través de Correa, que lo despachara, pues no estaba dispuesto a discutir ese tema. El propio Martorelli apoya la versión de Andrade y reconoce que trató de hablarle de reclamaciones, pero que este no lo permitió. Ese testimonio es importante, ya que al fin y al cabo Andrade está acusado de ir a esas comidas a negociar los intereses del Estado.

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Y sobre los banquetes preparados por el chef de Bula también hay una discrepancia importante en cuanto a las fechas. Correa dice que tuvieron lugar en vísperas de la decisión sobre el controvertido otrosí que adicionó la vía Ocaña-Gamarra. Pero tanto el propio chef como Martorelli ubican esas cenas en fechas posteriores a la aprobación del otrosí.

Otro elemento anecdótico del episodio es que la esposa del Ñoño le regaló una cartera a la esposa de Andrade. La esposa del senador quería matricular a su hija en el colegio Nueva Granada y le pidió una recomendación al presidente de la ANI. Este accedió y escribió una breve carta en ese sentido. La cartera fue el regalo de agradecimiento y lo paradójico de todo esto es que no se hubiera sabido si no fuera porque el propio Andrade lo contó.

Por otra parte, Juan Sebastián Correa también sostiene que Andrade le ordenó alterar los registros de ingreso de congresistas a la ANI. Por eso, la Fiscalía acusó al exdirector, inicialmente, de destruir material probatorio y luego también de falsedad ideológica en documento público. Andrade asegura que es simplemente absurdo suponer que tenga el poder para alterar los registros de vigilancia del edificio de la ANI, que maneja una empresa de seguridad privada. Y señala que la Fiscalía no tiene un peritaje ni nada que pruebe la supuesta alteración.

Andrade tendrá que defenderse también de haber favorecido supuestamente a Odebrecht en el negocio de Navelena. Para el exdirector se trata de la acusación más increíble, pues no tuvo nada que ver en esa adjudicación. Explica que ese contrato naufragó luego de que en diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la red de corrupción de Odebrecht. Aclara que su participación se limitó a declarar por esto la caducidad del contrato y multar a la empresa.

De todo lo anterior se deduce que la situación de Andrade tiene mucho de kafkiana. La mayoría de las personas que lo conocen lo consideran totalmente inocente, otros lo consideran tan ingenuo que fue imprudente en su relación con el Ñoño. Pero ni los unos ni los otros creen que pudo haber actuado con una consideración diferente que el interés público.

En el enfrentamiento de opiniones sobre el concepto de Néstor Humberto Martínez acerca del otrosí de Ocaña-Gamarra, a primera vista, Andrade tiene la razón. Toca esperar a ver los argumentos de un jurista del calibre del fiscal cuando tenga que dar su versión frente al juez del caso. Pero hasta que Martínez pruebe lo contrario, todo aquel que haya leído el documento concluye que su recomendación fue en contra de la licitación pública, eje de todo este caso.

En relación con las comidas en casa del Ñoño Elías es obvio que se haya hablado de la vía Ocaña-Gamarra y de Odebrecht. Al fin y al cabo, la infraestructura y los proyectos de la costa son los únicos intereses que tienen en común Andrade y el Ñoño. Si el presidente de la república, el Consejo de Ministros, el Conpes y el propio director de la ANI consideraban en ese momento que adjudicarle la obra a Odebrecht era lo más conveniente para el país, no tenía ningún misterio hablar de eso. La conversación hubiera sido exactamente la misma en la oficina de Andrade.

Andrade ha negado categóricamente la acusación de que alteró el número de reuniones que tuvo con congresistas, según testimonio de Juan Sebastián Correa. Pero si hubiera sido verdad, podría haberse tratado de un caso de nerviosismo de una persona a la que el mundo se le viene encima sin entender por qué. Esa podría ser una explicación más que una exoneración porque alterar registros es destrucción de evidencia con o sin nerviosismo. Sin embargo, eso habría que probarlo y como dice Andrade hasta ahora no hay evidencia distinta al testimonio de Correa.

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Andrade le atribuye la tragedia en que se encuentra a una retaliación del Grupo Sarmiento al cual le habría bloqueado un reembolso de 400.000 millones de pesos (ver siguiente artículo). Desde esa lógica, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, estaría simplemente siguiendo órdenes del empresario Luis Carlos Sarmiento al tenerlo procesado y detenido en su casa. Esa versión es bastante fantasiosa. El mundo no funciona así y el fiscal Martínez tampoco. Sarmiento tiene otras prioridades en este momento y Martínez ha sido cercano a él, pero no es su empleado en la Fiscalía.

La descachada de Andrade al hacer esa acusación les ha hecho daño a todas las partes y ha envenenado el ambiente. El expresidente de la ANI ha cometido algunos errores, pero es un hombre honorable que no merece estar en la situación que enfrenta. El cúmulo de 11 cargos de los que lo acusan no los han tenido los Moreno, los Nule, ni el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, ni Otto Bula y ni siquiera el sobornado exviceministro de los 6,5 millones de dólares. Algo falla ahí.