Nación
Escándalo: alcalde de Balboa pagó por contrato que era gratuito; caso Mario Castaño no para
La Fiscalía capturó a Humberto Vásquez Vásquez, alcalde de Balboa, Risaralda, por hechos de corrupción en su municipio.
Los detalles de la investigación que tiene en la cárcel al alcalde de Balboa, en el departamento de Risaralda, los conoció SEMANA y, según el ente acusador, se relacionan con el entramado de corrupción que llevó a la captura del senador Mario Castaño.
El entramado de corrupción que derivó en la captura de 10 personas, vinculadas al senador Castaño, superó los 43.000 millones de pesos; sin embargo, en el caso del alcalde Vásquez, el contrato materia de investigación apenas llegó a los 50 millones de pesos.
“El proceso investigativo inició en marzo del año en curso, cuando la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un supuesto entramado ilegal y logró la judicialización de 10 personas señaladas de interceder indebidamente en cerca de 50 procesos de contratación que superaron los 43.000 millones de pesos”, explicó la Fiscalía.
El contrato, que ahora se convierte en una nueva línea de investigación del gran proceso por corrupción, se firmó entre agosto de 2020 y el 30 de abril de 2021. Las irregularidades se concentraron justamente en un contrato que, según la Fiscalía, lo pudo hacer la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y de manera gratuita.
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“Por solicitud de un fiscal de la Seccional Risaralda fueron capturadas cuatro personas que habrían incurrido en irregularidades en contratación cometidas entre agosto de 2020 y el 30 de abril de 2021″, señaló la Fiscalía.
Los investigadores lograron determinar que los funcionarios encargados de la firma del contrato desembolsaron un anticipo del 50 % del total del contrato y lo hicieron sin estudios previos, ni de mercado, lo que constituyó un daño patrimonial.
“Los hechos que se investigan estarían relacionados con un contrato por más de 50 millones de pesos en el que no se habría consultado el mercado y se habría desconocido que el mismo debía ejecutarlo la ESAP de manera gratuita, debido a que el municipio de Balboa es de sexta categoría”, dijo una fuente cercana al proceso.
Otras líneas
Como parte de las diligencias y en las investigaciones que adelanta la Fiscalía por los hechos de corrupción que involucran al senador Mario Castaño, los fiscales de la dirección contra la corrupción avanzan en diferentes líneas de investigación que se extienden justamente en los municipios y departamentos que terminaron afectados por esa empresa criminal.
En el departamento de Risaralda, por ejemplo, la Fiscalía logró identificar, gracias al proceso y la judicialización en contra del senador Mario Castaño y diez personas más, que algunos hechos de corrupción precisamente ocurrieron en municipios que aparecían en las interceptaciones telefónicas.
Fuentes de la Fiscalía aseguraron que cada detalle que salió en las comunicaciones interceptadas, en los diálogos entre las personas que fueron capturadas en la primera fase de la investigación, hacen parte de las verificaciones y nuevos procesos por hechos de corrupción que, seguramente, llevarán a más capturas.
Extinción
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía adelantó procesos de extinción de dominio en contra del senador Mario Castaño y no descarta avanzar o extender esas mismas investigaciones a los otros involucrados en este escándalo de corrupción.
“Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 21 inmuebles urbanos, siete vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio que pertenecerían al senador Mario Alberto Castaño Pérez”, señaló la Fiscalía una vez adelantaron los operativos de extinción de dominio.
El objetivo de los fiscales es adelantar procesos espejo que avancen de manera paralela a las indagaciones en la unidad de anticorrupción y así identificar qué propiedades o en qué se gastaron los recursos públicos, que aparecen ahora como indagados.