Caso Mario Castaño | El jefe de talento humano del Senado, en la mira por pagos no justificados

En marzo pasado, durante la audiencia de imputación de cargos en contra de los integrantes de la organización delictiva liderada por el senador Mario Castaño, la Fiscalía General reveló que, gracias a sus influencias, el congresista habría logrado contratos de asesoría para su pareja sentimental, Daniela Ospina Loaiza, y su principal asesor, Juan Carlos Martínez Rodríguez.

Este contrato le habría sido adjudicado en marzo de 2021 por la División de Recursos Humanos del Senado con un valor de 15 millones de pesos por trabajos de asesorías por el término de tres meses. Luego, se le adicionó un mes por un valor cercano a los cinco millones de pesos. Sin embargo, la evidencia reveló que nunca se cumplieron los objetivos del mismo.

“Ustedes recibieron esa plata por no hacer absolutamente nada”, precisó el fiscal del caso. Concretamente ―reclamó el delegado del ente investigador―, recibió 20 millones de pesos del Senado de la República por “algo que no hizo”.

Debido a esto le imputó el delito de estafa agravada, puesto que con su actuar hizo incurrir en un error al supervisor de contratos, que ordenó pagarle el sueldo por el trabajo que ella sustentó había hecho. “Usted obtuvo un provecho ilícito de 20 millones de pesos” con la presentación de un informe que no correspondía a la verdad.

“Para la Fiscalía es totalmente claro que esos informes de ejecución y la respectiva cuenta de cobro son el mecanismo como se induce en error a la administración, pues está plenamente identificado que ustedes no hicieron absolutamente nada”, recalcó.

Este dato no pasó desapercibido en la Corte Suprema de Justicia y en el fallo que ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Mario Castaño se hace una mención mucho más amplia.

Para el alto tribunal, el jefe de talento humano del Senado, Rubén Darío Iregui González, habría ordenado el pago de los contratos de Ospina y Martínez pese a que, literalmente, no habían hecho nada.

El pago se hizo por la cercanía que existía entre Iregui y el senador. En la decisión, la Corte Suprema indica que se ha “empezado a acreditar que existía una relación entre el señor Rubén Darío Iregui y Mario Castaño Pérez, según la cual era respetuoso de las ‘cosas de Mario’ y estaba dispuesto a dejar pasar los informes mentirosos de cumplimiento de los contratistas que eran íntimos del senador”.

En su decisión, el alto tribunal pone el hecho de que hay varias personas que todavía no han sido judicializadas por la Fiscalía por este escándalo de corrupción. “En el expediente obra prueba abundante de un sinnúmero de actividades sospechosas en las que pudo operar la organización criminal y, de hecho, en la propia decisión de definición de situación jurídica se advirtió la presunta pertenencia de algunas personas que aún no han sido judicializadas por la Fiscalía (como el señor Rubén Darío Iregui González)”.

El senador liberal, uno de los barones políticos del Eje Cafetero, fue capturado el 7 de junio en el marco de la investigación que se le adelanta por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, estafa y concusión.

La Sala de Instrucción señaló que el senador liberal habría liderado una organización criminal en la que presuntamente exigía el pago de un porcentaje de contratos públicos que se le entregaban a contratistas señaladas por el grupo.

Esta organización criminal estaría integrada por servidores públicos y particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal que se impulsaron y tramitaron en varios municipios de los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima.

Incluso, se habrían movido influencias en los ministerios del Interior, Deportes, Hacienda y Cultura.