Caso Mario Castaño | Tribunal destraba proceso contra piezas clave en el entramado de corrupción

En 2023 se reanudará el proceso por la red de corrupción liderada por el ahora exsenador liberal Mario Alberto Castaño Pérez. Esto después de que el Tribunal Superior de Bogotá definiera las competencias para juzgar a las piezas clave en este entramado que se encargó, durante meses, de mover todo tipo de contratos en entidades públicas, gobernaciones y alcaldías para aumentar el poder político del congresista.

El juzgado quinto especializado de Bogotá será el encargado de dictar la condena en contra de Nova Lorena Cañón Reyes y Santiago Castaño Morales, quienes aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Tras aceptar su participación en estos casos, Cañón y Castaño aceptaron ser testigos de cargo de la Fiscalía en este escándalo de corrupción, por el cual ya fue vinculado Mario Castaño y varios alcaldes, principalmente del Eje Cafetero. Todo esto a cambio de beneficios judiciales, como lo son una reducción en la condena y una medida no privativa de la libertad.

La colaboración de Nova Lorena Cañón se hizo visible en el cara a cara que sostuvo en la Corte Suprema de Justicia con el senador Mario Castaño, a quien le refrescó la memoria con las presiones que ejerció para la obtención de contratos y la celebración de convenios, de los cuales se quedaba con el 10 % del valor total.

Igualmente, ha entregado información sobre otros alcaldes, gobernadores, empresarios y particulares que habrían tenido una participación directa en este entramado que se encargó de la entrega irregular de millonarios contratos, los cuales nunca se ejecutaron o se realizaron en un porcentaje mínimo.

Por su parte, Santiago Castaño también ha entregado información documentada sobre las presiones ejercidas en entidades del Estado para la entrega de los convenios, así como la celebración de contratos de prestación de servicios sin justificación alguna. En total, esta red –durante los dos años que delinquió– habría logrado el direccionamiento de cerca de 50 contratos por un valor aproximado de 43.433 millones de pesos.

El pasado 2 de noviembre, la Fiscalía General les imputó el delito de peculado por apropiación. En esa oportunidad no aceptaron cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento.

Ahora, la Corte Constitucional tiene que resolver la competencia del juez que deberá adelantar el juicio contra Wilmar Herrera Gallego, Yeiler Jesús Sánchez, Harvis Antonio Rentería Rivas y Alejandro Noreña Casto por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, extorsión tentada y estafa agravada.

El papel de Nova Lorena

La Fiscalía General sostiene que Nova Lorena Cañón era la mano derecha de Mario Castaño, siendo la lobista y gestora de proyectos antes los ministerios de Hacienda, Cultura, Interior y Salud, así como diferentes alcaldías y gobernaciones en los departamentos de Boyacá, Caldas, Valle del Cauca y Tolima.

Igualmente, era la encargada de coordinar las reuniones entre Mario Castaño y los ministros y mandatarios departamentales y municipales, con el fin de fijar la entrega de contratos. Así quedó más que demostrado en las comunicaciones interceptadas por el ente investigador.

En algunas comunicaciones ejerció presión manifestando que existía un interés de Juliana Márquez, mamá del entonces presidente Iván Duque, con el fin que los funcionarios agilizaran los proyectos. Sin embargo, la misma Cañón aceptó que la señora Juliana Márquez nunca tuvo conocimiento o participación en las actividades que la procesada realizaba para el grupo delincuencial.

Por su parte, Santiago Castaño Morales, siendo contratista, entregó directamente recursos públicos a otros involucrados en el entramado criminal, en tres eventos distintos. Inicialmente, se habría apropiado de 100 millones de pesos que correspondían al anticipo de un contrato para la construcción de una cancha en Balboa (Cauca); luego, de 285 millones de pesos de un contrato de interventoría en la Central Hidroeléctrica de Termo-Paipa; y, finalmente, 1.299 millones de pesos en un contrato de obras para mitigar riesgos por la temporada de lluvias en Manizales (Caldas).