Caso ‘narcoavioneta’ | Piloto y copiloto, trasladados a la cárcel

La Fiscalía imputó a los dos capturados, piloto y copiloto, de la llamada ‘narcoavioneta’ del esposo de Alejandra Azcárate, los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes agravado y lavado de activos. Un juez ordenó una medida de aseguramiento que este lunes se hizo efectiva con el traslado al centro penitenciario de San Andrés islas.

La avioneta llegó al aeropuerto de Providencia cargada con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de 100 millones de pesos en efectivo. Los capturados fueron identificados como Juan Camilo Cadena Botero y Hárold Darío Rivera, piloto y copiloto, respectivamente, y los dos no aceptaron los cargos que imputó la Fiscalía.

“Durante las diligencias, el apoderado del representante legal de la empresa propietaria de la avioneta solicitó el reconocimiento, en calidad de víctima, de su cliente. Sin embargo, el juez señaló que en esta etapa procesal no se podía resolver la petición y enfatizó que el tema podría ser discutido en la audiencia de acusación”, dijo la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

En las audiencias preliminares la Fiscalía entregó y expuso en el material probatorio que recaudaron los policías al momento de hacer la incautación y cuando la avioneta llegó al aeropuerto El Embrujo de Providencia, en un supuesto vuelo humanitario, una ruta que según los investigadores tenían como soporte un cargamento de tapabocas.

Los dos capturados, por ahora, no lograron explicar por qué había casi media tonelada de cocaína en la aeronave, en el lugar donde deberían estar las ayudas humanitarias para los damnificados de la isla y quienes estaban afectados por cuenta de la pandemia. “El hallazgo del estupefaciente se produjo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto El Embrujo, de Providencia y Santa Catalina (archipiélago de San Andrés), a donde habría llegado la avioneta con supuestas ayudas humanitarias y cajas con tapabocas. Esta carga, al parecer, era una fachada para ocultar el ilícito”, señaló la Fiscalía.

El fiscal del caso expuso ante el juez de garantías la necesidad de que los tripulantes de la ‘narcoavioneta’ permanecieran en un centro de reclusión, básicamente porque no tenían arraigo en la isla de San Andrés y de permanecer en libertad podrían afectar el proceso, además de existir un riesgo de fuga. El juez entendió y accedió a la solicitud de la Fiscalía. “En ese sentido, el juez de control de garantías impartió legalidad al procedimiento y avaló la incautación de la aeronave”, explicaron los fiscales del caso.

Los dos permanecían detenidos en una estación de Policía mientras el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) definía el sitio de reclusión, que para el caso no podría ser otro que la cárcel de San Andrés, la jurisdicción de los hechos y la captura en este caso. El Inpec confirmó que los dos estarán a disposición del juez y a la espera de las diligencias que siguen en este caso.

En esa audiencia el juez les negó a los representantes legales de la empresa dueña de la avioneta la posibilidad de participar como víctimas en el proceso tras considerar que las audiencias concentradas no son el escenario procesal para hacer esa solicitud, que en su criterio debe resolverse en la etapa de juicio.

“Durante las diligencias el apoderado del representante legal de la empresa propietaria de la avioneta solicitó el reconocimiento, en calidad de víctima, de su cliente. Sin embargo, el juez señaló que en esta etapa procesal no se podía resolver la petición y enfatizó que el tema podría ser discutido en la audiencia de acusación”, explicó el ente acusador.

La información que indaga la Fiscalía permitirá establecer si se trata de una organización criminal encargada del envío de droga a la isla de San Andrés a través de avionetas privadas y de ahí a México u otros puntos de Centroamérica. Eso es materia de investigación.