Los correos secretos que Pizano le entregó a María Jimena Duzán

Buenos días María Jimena, me presento: soy Jorge Enrique Pizano y te escribo porque estoy interesado en conversar contigo. Yo me desempeñé en los últimos 8 años como controller (auditor) de la Ruta del Sol II, en representación del Grupo Aval. Hay varios e interesantes temas que nadie, nadie, conoce y creo que tú debes saber sobre la verdad de Odebrecht, tanto en el contrato de Tunjuelo-Canoas como en el de la Ruta del Sol II. Mira y discúlpame de antemano; con esto que te puedo contar me juego la vida, sobre todo con temas de la Ruta del Sol y lo de su socio minoritario…cuando te escribo esto me tiembla el pulso”.

Ese fue el primer mensaje que me envió por WhatsApp Jorge Enrique Pizano, el 28 de mayo de este año, sin saber que le quedaban solo seis meses de vida. Lo vine a conocer personalmente a los pocos días cuando concretamos la primera cita en medio de advertencias muy precisas: “Nadie puede saber que estamos en contacto”, me previno por el chat.

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Pizano llegó seriamente atribulado a esa cita. Venía de una semana de convalecencia de su última sesión de quimioterapia. Padecía un cáncer linfático detectado a finales de 2017, semanas después de que había sido apartado de su puesto como controller de Corficolombiana en la concesionaria Ruta del Sol II. “Esto me ha dado muy duro”, me aseveró sin que yo le preguntara. Sobre su despido el Grupo Aval aclaró que no fue desvinculado porque para esa fecha ya había finalizado el contrato de la concesión.

"Sé que están intentando hacerme un montaje para amañar testimonios en la Fiscalía, Pizano".

Sin mucho preámbulo me dijo que quería entregarme una serie de documentos porque no confiaba en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

“Sé que están intentando hacerme un montaje para amañar testimonios en la Fiscalía y acusarme de que yo recibí un soborno de Odebrecht cuando yo era gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado”, me dijo en un WhatsApp, después de nuestra primera cita, tratando de explicarme su desamparo. “Te cuento mira: yo no realicé ni modifiqué pliego alguno cuando fungía como gerente general de la EAAB no participé en el comité de evaluación de las propuestas del túnel Tunjuelo Canoas, no participé ni dirigía la audiencia de adjudicación y no firmé el contrato. Por si fuera poco, el fiscal Zettien, que tiene el caso, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal. Cumplí a cabalidad y con honestidad mi gestión como gerente de la EAAB y no puedo aceptar que me acaben la vida junto al cáncer que tengo con falsos testimonios”, me escribió en el chat. Y remató con esta frase: “A mí me van a hacer lo mismo que a Luis Fernando Andrade y no me voy a dejar”.

Esa primera cita fue el preludio de muchos encuentros que sostuve con Jorge Enrique hasta su sorpresiva muerte. En la segunda reunión me hizo entrega de todos los documentos y de varios correos electrónicos que, de acuerdo con Pizano, demostraban cómo Odebrecht y el Grupo Aval sabían desde 2013 de la existencia de contratos falsos en su contabilidad. “El Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht, como insisten en decir, porque ellos sabían que había mucha cosas raras pasando desde 2013”, me dijo en una de esas citas. Estaba tan asustado en nuestros primeros encuentros que me dijo que no quería que apareciera su nombre porque él creía que los documentos hablaban por sí solos. A la tercera cita me reveló la existencia de unos audios que él mismo había grabado en agosto de 2015 con varias personas de Corficolombiana y con el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez quien en ese momento era abogado del Grupo Aval.

En esos audios, según él, quedaba claro que el hoy fiscal general, encargado de la investigación de Odebrecht, sabía de la gravedad de los hallazgos hechos por Pizano desde 2013. Me dejó oír los audios con recelo y no me quiso dejar ninguna copia porque los consideraba como su última carta. “Estos audios son mi seguro de vida”, me dijo.

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En la quinta cita, luego de escuchar toda su historia, le pregunté cómo podría resumir su tragedia. Muy serio me respondió: “Yo advertí durante tres años en mis informes de los malos manejos administrativos (irregularidades) antes de que estallara el escándalo en diciembre de 2016. Esas advertencias fueron múltiples correos que se consolidaron en un informe del 25 de junio del 2015 y de los que estaba enterado Corficolombiana, la Concesionaria y Consol. Tengo claro que me volví incómodo para el Grupo Aval y para el fiscal. Eso coincide con mi abrupta salida de mi puesto de ‘controller’ a finales de 2017 y con las investigaciones que me está montando la Fiscalía”.

Los documentos y los correos electrónicos que me entregó Jorge Enrique Pizano revelan su viacrucis por Corficolombiana desde que lo nombraron en 2010 en un puesto que parecía hecho a su medida. Pizano era amante de la perfección y se movía como pez en el agua entre los números. Sin embargo, también era un hombre intenso, obsesivo con su trabajo, que además guardaba todos los documentos y correos meticulosamente.

Uno de los objetivos del controller era poner en marcha el Sarlaft, un sistema de prevención para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que deberían cumplir las concesiones cuyas empresas cotizaran en la bolsa de Nueva York. El sistema endurecía las condiciones para contratar y le exigía a la concesionaria verificar antes de la firma del contrato si los contratistas estaban o no en la lista Clinton.

"A mí me va a hacer lo mismo que a Luis Fernando Andrade y no me voy a dejar", Pizano.

Con esa intensidad que lo caracterizaba se dio a la tarea de montar el sistema, pero pronto se dio cuenta de que no la iba a tener fácil. Pese a que todas las dependencias debían suministrarle mensualmente la información necesaria para nutrir el sistema, no cumplían esa tarea. “Me di cuenta de que muchos no respondían mis correos, ni atendían a mis solicitudes de información”, me confesó en más de una vez.

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Tantos fueron los obstáculos para obtener la información que el tema llegó hasta Alberto Mariño, responsable de las concesiones del Grupo Aval. En un correo del 22 de enero de 2013, Mariño le envía este mensaje a Pizano: “Jorge Enrique, ayer estuvimos hablando con Óscar. (Óscar Hernández, miembro de la Junta Directiva de Episol) para ver el caso de la poca información que se te manda. Importante conocer antes de nuestra junta si esto ha seguido así, pues vamos a presionar que se corrija de inmediato”. (Ver correo en que Pizano le dice a Hernández que espera que de ahora en adelante mejore el flujo de información de la concesionaria).

En este correo del 27 de julio de 2015 Pizano le pide a Eder Ferracuti, presidente de la concesionaria, aclarar el pago de un giro al exterior por 2.700.000 dólares hecho a la firma de Consultores Unidos. Hoy se sabe que esa plata entró de nuevo a Colombia y terminó en manos de Otto Bula y Federico Gaviria, entre otros.

Sin embargo, el flujo de información no mejoró y Pizano se vio en ascuas para implementar el manual de cumplimiento del Sarlaft. (Ver correos en que Pizano pide de nuevo y con insistencia esa información). Rafael Eduardo Neira, quien ocupa el cargo de controller de todo el Grupo Aval dice que Pizano no tenía acceso a la información por cuenta de los brasileños, que no querían darla. Como ellos controlaban el consorcio por ser socios mayoritarios, también manejaban la información.

Estos correos demuestran las dificultades de Pizano para conseguir la información necesaria para ejercer su función de ‘controller’. Según el Grupo Aval, los brasileños se negaban a dar la información.

Pizano dio la primera alarma de que algo estaba pasando en la contratación de la Ruta del Sol II el 30 de octubre de 2013, casi tres años antes de que estallara en Colombia el escándalo de Odebrecht. En esa ocasión detectó unos pagos que no cumplieron los requisitos impuestos por el Sarlaft, hechos a Inversores Profesionales y a Desimpro, y pidió su devolución o reembolso de manera inmediata, cosa que los brasileños le negaron.

Pizano, consciente de la gravedad de lo que encontró, decidió llevar el tema al entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, pero se dio cuenta de que su hallazgo no suscitaba mayores preocupaciones. La prueba de que Melo recibió esos informes y no hizo nada la dio el propio Néstor Humberto Martínez en las audios que publicó Noticias Uno, cuando reconoció que en esa ocasión Melo no le había puesto bolas a las denuncias de Pizano porque las consideró un ardid del ingeniero para mejorar su condición salarial en Corficolombiana. “Lo trataron como un loquito con el maletín debajo del brazo”, dice Martínez en los audios que reveló el noticiero.

Pizano le escribe un correo a Alberto Mariño, encargado de las concesiones del Grupo Aval, en el que se muestra indignado por las actuaciones de los brasileños luego de que decidieron pagar varios contratos que él consideraba de papel.

Sin embargo, “este loquito” siguió investigando y cotejando con la poca información que le llegaba hasta que, en junio de 2015, le presentó un informe al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Allí le mostraba que había muchos más contratos falsos que ascendían a cerca de 21.000 millones de pesos, una cifra que asustó a Pizano. Según Pizano, para su sorpresa, este informe tampoco causó mayor impacto en la Concesionaria ni en Corficolombiana.

Al poco tiempo, Javier Mejía, gerente contractual de la Constructora Consol, reveló otro cuadro igualmente preocupante en el que detectó contratos falsos por otros 35.000 millones de pesos, que se sumaban a los 21.000 millones encontrados por Pizano en la concesionaria. Fue tal la gravedad de lo encontrado por Mejía que decidió no firmarlos, como consta en su informe. Sin embargo, estos contratos terminaron pagados pese a que según el acuerdo de socios todas las órdenes de pago debían llevar las firmas del representante de Odebrecht y del Episol, que era Mejía. De nuevo la posición mayoritaria de los brasileños se impuso.

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Afanado por la manera como sus hallazgos caían en el vacío y preocupado porque pudiera terminar metido en un lío mayor, decidió concertar una cita con Néstor Humberto Martínez (NHM), entonces abogado del Grupo Aval. La cita se llevó a cabo el 19 de agosto de 2015 en el despacho de Martínez Neira, por la época en que este iniciaba su campaña para llegar a la Fiscalía. Pizano quería que el propio Luis Carlos Sarmiento conociera sus denuncias y pensaba que esa era la mejor vía. Para mayor seguridad, Pizano decidió grabar dos reuniones que sostuvo con NHM y otras con directivos del Grupo Aval, como Alberto Mariño. “Decidí hacerlas porque me di cuenta de que había un interés por ocultar lo que estaba pasando. Todos esos audios los grabé desde mi iPad”, me confesó Pizano cuando le pregunte por qué había tomado ese riesgo.

En el audio revelado por Noticias Uno se escucha a Jorge Enrique Pizano explicarle la gravedad de sus hallazgos a NHM y se advierte la preocupación que suscitan en el hoy fiscal los informes del controller. En un segundo audio, grabado en una reunión siguiente, Pizano recibe la instrucción de NHM de que “no escriba más ni pida más vainas”, dando a entender que el Grupo Aval está en esa tarea de investigación.

Este es el informe firmado por Javier Mejía, gerente contractual de Consol, en el que se detecta nuevos contratos de papel por cerca de 34.000.000 de pesos. Mejía decide no firmarlos, pero Odebrecht decide hacer los giros.

Por un instante Pizano piensa que por fin va a haber una respuesta a sus hallazgos y, consciente de lo delicado de la situación, le escribe el 16 de febrero de 2016 desde su correo personal este mensaje a Alberto Mariño: “Dr Alberto, No puedo ocultar mi profunda indignación (creo que es más que piedra) por las últimas actuaciones de estos ‘personajes’ –se refiere a los directivos de Odebrecht– de acuerdo con información que me dio el Doctor Mejía. Solo quiero manifestarle mi humilde opinión: la gangrena se elimina es cortando aquellos miembros que están enfermando el cuerpo…”.

Odebrecht tenía el control del consorcio por ser socio mayoritario y también el control de la información.

Pizano dice que después de sus reuniones con NHM prácticamente lo aislaron en Corficolombiana, situación que aumentó su angustia. Su grado de preocupación llegó al extremo cuando supo por terceros que habían firmado un acuerdo de transacción entre Odebrecht y el Grupo Aval en el que las partes no solo acordaron no demandarse entre sí sino que Odebrecht aceptó pagarle a Aval la suma de 33.000 millones de pesos, que según NHM era la “suma que correspondía a los contratos irregulares encontrados”.

“Si el monto de los contratos falsos que yo detecté fue de 55.000 millones, dónde están los otros 20?, ¿Sobre esa suma acaso sí hubo acuerdo?”, me escribió Pizano con cierta indignación en un chat el 26 de julio pasado, luego de que NHM se refirió a ese contrato de transacción en una entrevista en la W Radio. Según Neira, el controller del Grupo Aval, esa cifra se explica porque solo pudieron probar serias irregularidades en 33.000 millones. Dice que no denunciaron estos hechos porque no había certeza de que hubiese algo ilícito en esos contratos.

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Los últimos meses de vida de Pizano fueron una tortura, así ahora diga el fiscal que era un testigo valioso para la Fiscalía. Solo en dos oportunidades lo llamó la misma Fiscalía por el tema del Ruta del Sol II, pero en ninguna se concretó nada. Primero lo hizo en julio de 2017, cuando la fiscal 80, Amparo Cerón, lo llamó para que le enviara los informes que había hecho como controller. A Pizano le sorprendió que le pidieran unos documentos que ya tenía la Fiscalía desde principios de 2017, cuando la SIC se llevó los computadores de todos los funcionarios de la concesionaria. Fue y se los entregó de buena gana esperando que lo llamaran. Pero para su sorpresa las cosas no pasaron de ahí.

La fiscal Cerón solo lo volvió a llamar a principios de este año para decirle que lo querían de testigo en el juicio contra José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, único acusado en la investigación de la Fiscalía por haber ordenado un soborno. Pizano accedió inmediatamente. Supe que visitó por última vez a la fiscal Cerón, el 15 de agosto pasado, cuando estuvo ultimando los documentos para participar como testigo en el juicio contra Melo, porque a la salida de esa reunión Pizano me escribió un chat. Lo sentí especialmente alterado por su seguridad. “Estoy convencido de que me están haciendo seguimientos. Esta mañana la fiscal 80 me comentó que la tienen ‘presionada’ y me pidió que solicitara protección por escrito cosa que hice ayer mismo”.

Según el Grupo Aval los brasileños por ser socios mayoritarios eran los que tenían no solo el control de la concesionaria, sino también de la información.

Pizano nunca llegó a ser testigo de la Fiscalía porque las fechas del juicio de Melo se fueron aplazando y porque murió víctima de un fulminante ataque al corazón el 9 de noviembre. La fiscal del caso, Amparo Cerón, tampoco ha vuelto a su puesto porque según informaciones aparecidas en los medios todavía está recuperándose de un accidente de tránsito en Chile que la dejó en coma por varios días.

En estos seis meses que lo conocí, Jorge Enrique había recaído en su enfermedad, no tenía trabajo y había tenido que vender su apartamento para irse a vivir a su casa en Subachoque. “Rompí con los acuerdos de paz y me fui para el monte”, me escribió a finales de octubre con ese agudo humor que nunca lo abandonó.

Al ver que se le acababan sus opciones y temiendo por su vida, Pizano decidió pedir ayuda de la Justicia norteamericana como última tabla de salvación, para que lo considerara testigo protegido fuera de Colombia. Su primera reunión la tuvo el pasado septiembre en la embajada estadounidense, y en esa oportunidad Pizano le entregó al FBI los audios y los documentos que tenía. A su salida me envió un chat para contarme que la reunión se había demorado como cuatro horas y para recordarme que no se podía revelar los audios sino cuando él estuviera fuera de Colombia. En una de las últimas reuniones que tuvimos antes de su súbita muerte me contó que se dio cuenta de que el proceso ante la justicia norteamericana se iba a demorar, y eso lo tenía desalentado. Desde entonces decidió no escribirme desde su teléfono ni desde su correo habitual y creó un correo nuevo con el nombre de Pedro Gnecco. Sentía que lo acechaban.

La última comunicación que recibí de Jorge Enrique Pizano me llegó tres horas antes de su muerte. Me escribió un chat en el que lo noté especialmente abatido. “¿Hay algo nuevo que yo no haya sabido?”, le pregunté.

“No nada…que nada se mueve. Que estoy enfermo, sin trabajo…me hizo mucho daño el procurador Carrillo con sus declaraciones que hoy siguen teniendo su efecto cuando le dijo al país que yo era un empleado de Odebrecht en 2015 y que desde entonces no ha querido rectificar….Pero además, me dijo mi abogado que me van a llamar a interrogatorio por el túnel Tunjuelo-Canoas”. Quedamos de vernos el sábado siguiente.

Néstor Humberto Martínez salió en una rueda de prensa a explicar el contexto en el que Pizano hizo esas grabaciones y dijo que cuando conoció la información, no había certeza de ningún delito.

A las tres horas de esta conversación por chat, un amigo me llamó para decirme que Jorge Enrique Pizano había muerto de un infarto fulminante. Consternada por la noticia, llamé de inmediato a la familia y hablé con una de las hijas, quien me confirmó su deceso. No lo podía creer. Pizano, el único hombre que se atrevió a contar lo que realmente había pasado en el escándalo de Odebecht, no pudo soportar la presión a que lo sometieron por hacer lo correcto.

De repente vi que por el chat me había contactado Alejandro, su hijo menor que vivía en Barcelona. No lo conocía, pero Pizano me había hablado con gran orgullo de él porque le había ayudado en este trance con su templanza. Le di mi sentido pésame y esto me respondió 24 horas antes de morir envenenado: “Hay que sacar la historia que deprimió a mi papá hasta llevarlo a esta situación. Siento un dolor muy grande, por todo lo que él hizo y fue mi papá. Y porque es mi deber que las cosas sean como son”.