Caso Odebrecht | Piden preclusión en favor de algunos empresarios salpicados en el escándalo

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia clave en medio del Caso Odebrecht. Los involucrados son algunos empresarios que aparecían en el expediente contra el empresario Roberto Prieto Uribe, gerente de la campaña de reelección de Santos, quien recuperó su libertad el pasado 17 de abril.

El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General había anunciado una nueva imputación de cargos contra Prieto y ese grupo de empresarios por el delito de lavado de activos. En este caso, la Fiscalía hizo solicitud de preclusión en la investigación contra varios empresarios señalados de posible lavado de activos, que es uno de los procesos que aún estaba pendiente.

Precisamente, hace una semana la Fiscalía había solicitado precluir el proceso contra Natalia Isaza Velásquez, una de las señaladas por el delito de lavado de activos, luego de ser señalada en 2016 de haber recibido dos consignaciones. Una inicial por $2.500.000 y otra por $56.500.000, dinero que le habría enviado Gilberto Hernán Saldarriaga.

Quienes habían sido llamados a imputación de cargos son los empresarios Eduardo José Zambrano (representante legal de Consultores Unidos y quien ya fue condenado por estos hechos); Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland; Gilberto Ramírez Varela, delegado de la empresa Business M&E, y Natalia Isaza Vásquez.

La versión narrada por la Fiscalía es que Saldarriaga “no habría permitido ningún actuar indebido. El testimonio recibido advierte que es un tipo desprendido y que esto que le está pasando por su forma de ser. Que el proceso de Natalia como el de Ramírez y Saldarriaga es algo en lo que no tienen que ver, que las operaciones hechas se hicieron de buena fe, que en ningún momento hubo dolo”, señaló el fiscal Islen Baquero.

“Es que no tenemos sustento para hacer una acusación, no hay pruebas suficientes. Quienes están llamados a hablar de posible lavado de activos son: Eduardo Zambrano, que los libró ya de responsabilidad absoluta. Y el otro es Roberto Prieto, quien ya ha dicho que no hubo conductas delictivas de esos empresarios y que han sido aquí objeto de investigación. Dejó claro que fue el único responsable”, dijo el fiscal.

El caso Prieto

El empresario, quien lideró la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, fue procesado y condenado por haber recibido sobornos para mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se adjudicara la adición al contrato Ruta del Sol II para la construcción del puente Plato en el Magdalena.

Pese a que en 2018 el empresario Roberto Prieto se declaró inocente de los hechos que le imputó la Fiscalía General –y por los que fue enviado a la cárcel–, tan solo unos meses después firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoció su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. Debido a esto fue condenado a cinco años de prisión.

En la negociación no se fijó un acuerdo de colaboración con las autoridades judiciales para que declarara en los procesos penales que se adelantaban por el caso Odebrecht en Colombia, y por el cual estaban siendo juzgados varios empresarios, dirigentes políticos y particulares. Prieto reintegró los 877 millones de pesos para la reparación de los daños y afectaciones causadas a la Nación con su conducta.

En el anuncio del proceso, que se abrió en 2018, no se tuvo en cuenta esta conducta en el marco del escándalo de Odebrecht. Prieto habría utilizado una fórmula para mover el dinero que enviaba la multinacional brasileña para conseguir sus objetivos.

“Pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de la campaña política Santos Presidente. De la misma manera, se precisó que Prieto se benefició ilícitamente del contrato adjudicado a Yuma Concesionaria el proyecto Ruta del Sol sector 3″, precisa la investigación.