Caso Odebrecht: Procuraduría y ANI piden condenar a excongresista Antonio Guerra

La Procuraduría pidió emitir sentencia condenatoria en contra del excongresista Antonio Guerra, investigado por su presunta participación en el escándalo de sobornos de Odebrecht.

En la audiencia, el procurador delegado leyó la petición de la Procuraduría, advirtiendo, según el ministerio público que: “Guerra puso conexiones políticas al servicio de una organización delictiva. Está comprobado que mantuvo contacto con directivos de la multinacional brasileña. Lo informado por Bernardo Elías y Otto Bula es creíble. Se trata de testigos directos pues ambos están condenados tras aceptar haber participado en dicha estructura criminal para alcanzar adjudicación de contratos estatales. Ellos aportaron datos de certeza innegable”.

En 2019, fue la Sala Especial de Instrucción, la que ordenó la detención preventiva del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias.

La Procuraduría advierte que Guerra habría usado su cargo o prestó su concurso “al conglomerado económico con el propósito de promover su actividad en el país, ya que intervino directamente en la gestión de reuniones para buscar el apoyo de entidades bancarias para que la multinacional Odebrecht obtuviera el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena, además de su inocultable interés en los trámites de adición del tramo Ocaña-Gamarra, al contrato principal del proyecto ruta del sol 2″.

La Procuraduría también señala que se logró establecer que entre las actividades del excongresista Antonio Guerra de la Espriella estaba “intervenir ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el propósito de asegurar la firma del contrato de estabilidad jurídica, del proyecto ruta del sol 2, convenio que finalmente fue suscrito en diciembre 2012 entre la nación Ministerio de Transporte y la concesionaria Ruta del Sol Dos, a través del cual se buscó la estabilidad jurídica sobre las normas identificadas como determinantes para la inversión; entendiéndose como estabilidad jurídica la garantía que otorga la nación al inversionista de que se continúe aplicando esa normatividad durante el término de duración del contrato de estabilidad en caso de recibir modificación adversa a aquel”.

Por esta actividad Bernardo Miguel Elías, dice la Procuraduría, “pactó con Antonio Guerra una retribución económica no especificada. Que en el caso se concretó en el pago aquí proceso de 200 millones de pesos en efectivos entregados en febrero o marzo de 2013 en la residencia de Elías Vidal, es decir tras obtener la finalidad acordada”.

El proceso arrancó con la compulsa de copias que hizo la Fiscalía General cuando, a finales de 2017, remitió al máximo tribunal un compendio de elementos que develaban el llamado grupo Los Buldócer compuesto por Mussa Besaile Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra de La Espriella, quienes serían los congresistas comprados por Odebrecht para impulsar desde el Capitolio los intereses oscuros de la compañía.

Hace pocos días, en el juicio contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, el excongresista Otto Bula señaló al exrepresentante legal de Odebrecht en Colombia Yesid Arocha quien testificó hoy ante la Corte Suprema señalando que no conocía a Guerra.

“En el año 2012 septiembre el señor Yesid Arocha llega a mi casa con Federico Gaviria y me dice que le declararon la improcedencia del contrato de estabilidad jurídica y necesitaba sacarlo antes de diciembre de 2012, porque posteriormente no se firmaría y que necesitaba dos congresistas que ayudaran en este trámite para firmar ese contrato. Él me habla de una remuneración y yo le digo a Ñoño para conseguir la firma y se pagaba éxito de eso”, dijo Otto Bula.