Caso Odebrecht | Roberto Prieto sería imputado por lavado de activos

Este domingo se conoció que en los próximos días la Fiscalía General imputará cargos a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en el año 2014 –cuando fue reelegido a la Presidencia de la República–, por presuntamente haber omitido en el reporte de ingresos una donación en especie realizada por Odebrecht.

La información, revelada por Noticias RCN, indica que la Fiscalía tiene las pruebas suficientes para imputar cargos de lavado de activos a Prieto, quien habría recibido dinero en efectivo y en transacciones bancarias a través de un contrato que tenía la multinacional en Colombia y que no fue ejecutado. Según la Fiscalía, Prieto se habría quedado con el 10 % de los ingresos.

La imputación a Prieto involucraría a cuatro personas más, según la información entregada por este medio de comunicación. Sin embargo, Noticias RCN también reveló que el empresario recibiría total inmunidad si está dispuesto a hacer una delación jerárquica, es decir, si da información que comprometa a personas con mayor rango que él y que hayan tenido que ver en este caso de corrupción.

El contrato con el que se habría beneficiado Prieto Uribe relaciona la construcción del Puente Largo en el municipio de Plato (Magdalena) y que se conoció como la Ruta del Sol 3. El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 fue investigado también en los millonarios contratos que se revisaron entre Odebrecht y algunos gastos que no fueron reportados en las cuentas de la campaña presidencial y que la Fiscalía compulsó al Consejo Nacional Electoral.

El proceso que derivó en su condena incluyó un supuesto pago de 690 millones de pesos que –de acuerdo con la Fiscalía– recibió por sus gestiones ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que terminó en la adjudicación del millonario contrato a Yuma Concesionaria.

Inmunidad

La inmunidad total que estaría dispuesto a brindar el ente acusador se daría sí y solo sí Prieto accede a lo que se conoce como una delación jerárquica, es decir, si entrega información verídica y comprobable de personas que estuvieron por encima de él o de mayor rango, y que tuvieron que ver con este caso de corrupción.

Gabriel Jaimes, el fiscal asignado para el escándalo de Odebrecht será el único autorizado para realizar negociaciones con el empresario, conforme la información que entregue permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En mayo de 2019, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Prieto a cinco años de prisión, luego de avalar un preacuerdo entre él y la Fiscalía.

El empresario fue condenado por los delitos de falsedad en documento, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Del mismo modo, deberá hacer un reintegro de 877 millones de pesos a la Fiscalía como símbolo de resarcimiento en su actuar delictivo.

En la actualidad, el gerente de la campaña electoral de Santos, está recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, Cespo, el mismo lugar que pidió como reclusión el exdirector anticorrupción Luis Gustavo Moreno y que le fue negado, tras considerar, en criterio de la Policía, que Cespo no era una cárcel.

Ahora, y tras cumplirse las tres quintas partes de la condena, su defensa solicitó ante los jueces de ejecución de penas la libertad condicional.

Hace unas semanas, mientras en la Procuraduría se adelantaba un juicio disciplinario, Roberto Prieto fue citado a declarar, como testigo, en la Fiscalía General de la Nación, en un capítulo del escándalo de Odebrecht. Sin embargo, la diligencia se aplazó y hasta el momento no se conoce una reprogramación de la citación.

En la última semana el Consejo Nacional Electoral decidió citar a una declaración juramentada a exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal, en medio de la investigación al expresidente Santos por la presunta financiación de Odebrecht a su campaña. Con el excongresista, este organismo espera clarificar la participación de la multinacional, pues además fue condenado a prisión por 6 años y 8 meses por pertenecer al grupo de congresistas denominado los bulldozer, cuya misión era presionar la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol antes del 31 de diciembre de 2012.