Se reabre el caso contra Cecilia Álvarez y Gina Parody

El 18 de junio de 2018, las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody se quitaron un piano de encima. Ese día, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió archivar una investigación que cursaba contra ellas, al no encontrar evidencias que las comprometieran en la polémica adición de la vía transversal Ocaña-Gamarra al eje Ruta del Sol II, adjudicado a Odebrecht.

Álvaro Uribe había señalado a las exministras, funcionarias destacadas del Gobierno de Juan Manuel Santos, por supuestamente haberse favorecido con la adición. El expresidente argumentó que a la troncal le agregaron irregularmente la transversal de 72 kilómetros, y que con ello Álvarez favoreció a su pareja y colega de gabinete, Gina Parody, pues su familia participa como socia en la empresa Sociedad Portuaria de Cartagena. Esta proyectaba construir un puerto en Gamarra, sobre el Magdalena, que quedaría a 3 kilómetros del final de la carretera.

Uribe formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía y argumentó que, además, habían adjudicado a dedo el negocio a Odebrecht por más de 900.000 millones de pesos. Según la denuncia, por tratarse de una obra independiente era necesario convocar a licitación pública. “La transversal favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses la ministra Parody. El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad”, aseguró el expresidente.

La denuncia contra Álvarez y Parody abarcó los presuntos delitos de celebración indebida de contratos, interés indebido e inhabilidad legal. Que detrás estuvieran el expresidente Uribe y otros senadores del Centro Democrático presagiaba graves problemas para las acusadas. Ese fue el piano que se quitaron de encima cuando la Fiscalía archivó el asunto. Pero ahora las cosas parecen volver a complicarse para ellas.

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El procurador Fernando Carrillo profirió pliego de cargos contra las exministras por presunto conflicto de interés.

A finales del año pasado –luego del escándalo de los audios del controller Jorge Pizano–, la Corte Suprema de Justicia admitió el impedimento de la vicefiscal María Paulina Riveros, quien estaba encargada de algunos expedientes relacionados con Odebrecht frente a los cuales el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se reconocía impedido. Los magistrados nombraron entonces al fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, y uno de los procesos que recibió fue el sumario archivado.

¿Por qué reabre?

Hace poco más de una semana, alguien filtró que Espinosa había desarchivado el expediente. Pero nadie sabe hasta ahora qué hay detrás de esa determinación. Para desarchivar un caso se requiere más que revisar la investigación. La ley exige “prueba sobreviniente”, es decir que hayan aparecido nuevas evidencias capaces de cambiar el panorama.

SEMANA conoció el auto de desarchivo del fiscal ad hoc. Señala cuatro nuevos elementos probatorios que no existían cuando se engavetó la investigación. El primero es el pliego de cargos que contra Álvarez y Parody formuló la Procuraduría, justo al siguiente día que la Fiscalía General lo archivó.

El 2 de abril, una comisión del fiscal ad hoc visitó el Ministerio Público e hizo una inspección. Allí cursa un proceso disciplinario por falta “gravísima” contra las exministras. La calificación provisional de ese expediente descarta que las exfuncionarias hayan tenido intención de infringir la norma. Al fin y al cabo, ambas, al asumir sus ministerios, se declararon impedidas para asuntos que tuvieran que ver con sociedades portuarias de Cartagena y Buenaventura, dada su intimidad y parentesco con personas participantes en esos negocios. “No obstante, se percibe que no hubo el cuidado especial que debían tener para no incurrir en el conflicto de intereses”, dice el pliego de cargos.

La Procuraduría cuestiona que las exministras no hayan constatado oportunamente que al firmar dos Conpes y una resolución (relacionados con el otrosí Ocaña-Gamarra y el proyecto de navegabilidad del río Magdalena) incurrieron en un conflicto de interés. En el proceso ante el Ministerio Público falta que este llame a las partes para los alegatos finales, y tras esto vendrá el veredicto.

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El fiscal ad hoc trajo toda la evidencia recaudada en el proceso disciplinario para su propio expediente. Así mismo, incorporó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que resolvió una demanda de acción popular promovida por el procurador Fernando Carrillo. Esa sentencia, del 6 de diciembre pasado, condenó a Odebrecht y sus socios colombianos, y les exigió pagar 800.000 millones de pesos al Estado por los probados hechos de corrupción que rodearon el proyecto Ruta del Sol II.

El fiscal ad hoc también visitó la Contraloría. Allí encontró un informe final de auditoría del 31 de agosto de 2017 que refleja una inspección hecha por ese organismo de control a la Agencia Nacional de Infraestructura. En el documento hay “hallazgos administrativos con presuntas incidencias disciplinarias y penales”, relacionados con el contrato de concesión de la Ruta del Sol y con el otrosí Ocaña-Gamarra. Otro elemento recolectado para reabrir la investigación es el pliego de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló el 13 de septiembre de 2018 contra empresas y personas vinculadas con la Ruta del Sol II por supuestas prácticas anticompetitivas.

Aunque parece amplia y poderosa la nueva carga probatoria contra las exministras, no lo es tanto. Salvo el proceso disciplinario de la Procuraduría, todos los demás elementos servirán, cuando mucho, de contexto o referencia. En las 360 páginas del fallo del Tribunal Administrativo apenas hay un par de menciones a Cecilia Álvarez como ministra de Transporte, mientras que en el informe de la Contraloría y el pliego de cargos de la SIC ni siquiera hay una. Estos cuestionan el proceso de licitación y la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II, asuntos en los que no están implicadas las exministras.

El fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, acogió evidencias sobrevinientes y decidió desarchivar la investigación penal contra las exministras.

También hay que tener en cuenta que el proceso disciplinario en la Procuraduría, aunque avanzado, no está agotado. Ese expediente está en la etapa de práctica de pruebas; luego, las exministras ampliarán su versión y tras esto sí vendrá el veredicto. Está por verse si será favorable o no a las exfuncionarias.

Álvarez y Parody, desde que el lío arrancó en enero de 2017 con la denuncia de Álvaro Uribe, han insistido en su inocencia y en que se trata de una retaliación política: “Nadie en Colombia se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio. Hemos denunciado persecución por parte del senador Álvaro Uribe en contra de nosotras y de nuestras familias desde el momento mismo en que denunciamos el paramilitarismo que permeó su Gobierno”.

Parece lógico que si las ministras, al momento de posesionarse, manifestaron su impedimento frente a asuntos relacionados con los puertos de Cartagena y Buenaventura, al firmar el otrosí y los Conpes no eran conscientes de que estos pudieran implicarse con negocios de su familia en esas zonas. De saberlo, se habrían apartado de las reuniones en las que una veintena de funcionarios del alto gobierno firmaron esos documentos, y su marginación no habría generado ningún efecto. Ninguno distinto a que hoy no estarían en líos. Ahora tendrán que explicarle con mayor detalle al fiscal ad hoc por qué firmaron cuando tenían de por medio un conflicto de interés.