Caso Pizano reabre debate sobre elección de fiscal ad hoc

Una regla en el Código General del Proceso obliga desde el año 2004 a que si el Fiscal General tiene que hacerse a un lado de un proceso penal este pasará a manos del vicefiscal de turno. Muchas voces en diferentes momentos se han levantado en contra de esta disposición, sin embargo, la norma se ha aplicado a raja tabla con una sola excepción en el año 2011, y esa tesis hoy vuelve a coger vuelo. 

En entrevista con La W Radio, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a la corte para que se apersone del debate y nombre fiscal ad hoc en el caso Odebrecht. Opinadores y editoriales como la de El Espectador se unieron al clamor: "no todos los involucrados han sido vinculados a procesos por la corrupción relacionada con Odebrecht", reclamó el diario. Ramiro Bejarano, en SEMANA EN VIVO, aseguró que Martínez y sus allegados se deben marginar de toda discusión de Odebrecht y la corte debe entrar a elegir a un designado. 

El lío es que no existen normas que establezcan la existencia de esta figura, cuáles son las reglas para la elección y cómo deben funcionar. El mismo fiscal Martinez radicó sin éxito en el Congreso un proyecto de Ley que crearía la figura. Hoy, el único antecedente está en la sentencia del 2011, en donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia interpretaron la Constitución e inaplicaron normas, como la del Código de Procedimiento Penal, que iban en la dirección de delegarle todo al vicefiscal.

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La votación de aquel entonces fue apretada, quedaron 13 contra 10; al final ganó la tesis de pedirle a la presidencia de la República que enviara una terna para designar un nuevo fiscal ad hoc que se ocupara del caso específico. El tema en discusión era si la contralora Sandra Morelli había cumplido requisitos legales para ser contralora, y sobre el particular existía un pronunciamiento previo de la fiscal general de entonces Viviane Morales en medios de comunicación.  Se tuvo que declarar impedida y en su lugar fue designado Eduardo Cifuentes.

Esta línea jurídica no tenía antecedentes desde la norma del Código Penal que marcó una ruta diferente ni tampoco se volvió a repetir. Los magistrados dijeron en esa única oportunidad que las normas que establecen la delegación de las funciones en el vicefiscal eran una violación al principio de juez natural. Para soportar esa postura se basaron en el artículo 251 de la Carta Política que asegura que es función del fiscal general investigar y acusar a altos servidores que gozan de fuero constitucional. Es decir, se entregó una competencia "directa, personal, privativa, indelegable y excluyente" al Fiscal General, la cual tiene una relación directa con la investidura de los investigados y del instructor.

Otro argumento central giró alrededor de la independencia e imparcialidad judicial. Para tomar esta decisión, los magistrados consideraron que nombrar al vicefiscal, un subordinado del fiscal, no daba suficientes garantías para los procesados. Hicieron un comparativo sencillo: mientras el fiscal tiene un periodo constitucional el vicefiscal depende de un acto administrativo discrecional.

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En el contexto actual, este fallo aporta luces a un debate poco explorado en Colombia. El país se sacude por la grabación entregada por el controller de Ruta del Sol II, Enrique Pizano Callejas, a Noticias Uno. En este audio, el hombre que dedicó sus últimos años a denunciar las irregularidades que encontró en los contratos del consorcio Ruta del Sol II y la Constructora Consol, sostiene una conversación con el hoy  fiscal general, Néstor Humberto Martínez en el año 2015. 

Se escucha cómo Pizano informó a Martínez de cada una de las alarmas que tenía sobre los contratos y queda en evidencia que un primer paquete se había informado en el 2013. El contenido de esta grabación llevó a que la Red de Veedurías denunciara a Martínez ante la Comisión de Acusación por los presuntos delitos de omisión de denuncia, encubrimiento, corrupción, administración desleal, falsedad, uso de documento falso, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.  

El caso Odebrecht tiene más de 15 líneas investigativas diferentes en la Fiscalía. El fiscal general se ha declarado impedido en los casos en donde puede existir un posible conflicto de interés y que son de su resorte: procesos contra aforados y la revisión de principios de oportunidad y negociaciones con la justicia. 

Martínez, actualmente se encuentra apartado de dos asuntos específicos por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Uno, por la investigación contra Gina Parody y Cecilia Álvarez. Dos, en la negociación que se adelanta con los brasileños para otorgarles inmunidad penal a cambio de reparación y de verdad judicial. Este último caso resulta ser el más sensible de cara al escándalo que sacude a la Fiscalía, ya que Martínez expone al alto tribunal que redactó un contrato de transacción que pone punto final a la controversia entre los dos socios mayoritarios del Consorcio -Odebrecht y Episol- por los contratos irregulares detectados por Pizano. En el documento se acordó reembolsar unas sumas de dinero y abstenerse de cobrar otras. En virtud de este acuerdo Odebrecht resultó reintegrando 33.000 millones de pesos al consorcio.

En este contexto, los críticos ponen el dedo en la llaga: ¿puede Martínez seguir siendo el máximo jefe de las investigaciones de Odebrecht y al mismo tiempo defenderse de las acusaciones? ¿En el caso particular de la negociación de Odebrecht -para la cual ya fue designada la vicefiscal- ella es suficiente garantía de independencia?

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La corte, desde el fallo del 2011, se ha renovado casi toda, pero existen juristas de la nueva generación que estarían dispuestos a adoptar una postura en el sentido de nombrar ad hoc. Así por lo menos queda en evidencia en los ocho trámites de impedimentos y recusaciones que han sido estudiados en el alto tribunal relacionadas con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. 

En estos estudios, dos votos vienen reclamando reiteradamente una voz más contundente a la hora de determinar el nuevo encargado de las investigaciones. Se trata del magistrado civilista Luis Armando Tolosa y el del magistrado laboralista Luis Gabriel Miranda. El primero ha sido enfático en afirmar que el impedimento también debe cobijar a la vicefiscal María Paulina Riveros, la mano derecha del fiscal general Martínez, ya que es "obvio" que ellos comparten opiniones al trabajar conjuntamente en la dirección de ese organismo. 

"Debió haberse evaluado la asignación de un fiscal ad hoc que garantice una investigación independiente y veraz para este asunto", indicó en una de las decisiones; y agregó que la corte no se puede perder "la oportunidad histórica" de exigir la ecuanimidad de quien lleva a cabo un proceso de la magnitud de Odebrecht. 

Ahora bien, para que la Corte Suprema reabra el debate tendría que estar motivada por un nuevo impedimento -incluso planteado por la misma Vicefiscal- o una recusación. Un punto a favor de quienes piden el fiscal ad hoc es que a la luz de los nuevos hechos, las condiciones de la discusión cambiarían sustancialmente, ya que el fiscal general no solamente enfrentaría un conflicto de intereses sino que se agrega un ingrediente nuevo y es que tendrá que rendir explicaciones por información de Pizano que ya está en poder de la Comisión de Acusaciones. 

La tesis del fiscal ad hoc es un tema que se no ha tocado con amplitud en la corte en años. Los únicos magistrados que quedan de esa decisión en el 2011 son Fernando Castro y José Luis Barceló, y ambos se oponen a que se abra esta ruta. Desde afuera, abogados expertos en la materia, como el exministro Yesid Reyes, han insistido que se está violando el principio de juez natural al entregarle los casos al vicefiscal. Y en toda esta avalancha de información, vuelve a surgir una oportunidad histórica para que los magistrados se pronuncien y establezcan en cabeza de quién debe quedar el amplio paquete de investigaciones del caso Odebrecht.