El otro lío del exmagistrado Jorge Pretelt

El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt volvió a encabezar titulares de prensa esta semana, tanto en España como en Colombia. Cuando aún está por conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el juicio en su contra por haber supuestamente resuelto una tutela a favor de Fidupetrol a cambio de una coima, saltó a la palestra otro expediente con un señalamiento igual de grave.

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“Pretelt-Escobar, 600; Alexéi Julio-Pacheco, 150”. Esa frase clave aparece escrita a mano en la agenda de Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la firma Inassa, quien hoy colabora con la Audiencia Nacional, el máximo tribunal de España. El documento data de septiembre de 2015, pero según se lee habrían realizado los pagos en 2012. La Fiscalía colombiana recibió ese documento y varios testimonios gracias al acuerdo de cooperación judicial entre ambos países. Los investigadores suponen que las cifras 600 y 150 corresponden a los millones de pesos que habría pagado Rodríguez por obtener favorecimientos judiciales.

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La Fiscalía decidió compulsar copias contra Pretelt por presuntamente haber recibido una “elevada suma de dinero” para favorecer a la firma Recaudos y Tributos S. A. (R&T), filial de Inassa en Colombia. El pleito data de 2012, cuando el entonces alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, objetó el contrato de la Alcaldía con esta firma por considerarlo lesivo para los intereses de la ciudad. Para frenarlo, expidió una resolución que R&T intentó tumbar.

La firma R&T recaudaba los impuestos, una función propia de la administración pública, no de los particulares. Alrededor de ese argumento giraron los debates legales. El caso también lleva varios episodios en la Procuraduría, que archivó una investigación contra Caicedo y ahora indaga de qué manera se pactó el contrato por 22.379 millones de pesos que al parecer ni siquiera ejecutaron. Por años la resolución de Caicedo fue inaplicable. 

El municipio perdió la acción de tutela interpuesta por R&T, asesorada por el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, en casi todas las instancias, incluso, en la Sala de Revisión de la Corte Constitucional. En esa instancia el expediente, por reparto, le correspondió a Pretelt y su ponencia resultó favorable a la multinacional con el respaldo del entonces magistrado encargado Alexéi Julio Estrada. El tercer togado, Luis Ernesto Vargas, salvó el voto. Después, mediante una acción de nulidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio la razón a Caicedo y tumbó el fallo previo. En torno a los ires y venires de la tutela de R&T, ahora aparece el documento de Edmundo Rodríguez con la referencia del supuesto pago de 750 millones de pesos.

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SEMANA consultó al exmagistrado Pretelt quien niega categóricamente haber recibido dinero y explica que, como ponente de la sentencia de tutela, junto con Estrada garantizaron el debido proceso y que jamás reconocieron beneficio económico alguno para las partes. Agregó que la Fiscalía de Eduardo Montealegre investigó “durante más de tres años mi actuar en este caso y jamás encontraron siquiera un indicio de una actuación irregular en ese proceso. Seguiré enfrentando la infamia con estoicismo y mi frente en alto, con la certeza que solo produce la inocencia”.

Dado que los supuestos hechos habrían tenido lugar cuando Pretelt tenía la investidura de magistrado, la compulsa que acaba de ordenar la Fiscalía va dirigida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pero en esa instancia, Pretelt ya fue despojado de su fuero en ese caso.