Jesús Santrich: la papa caliente del gobierno Santos

Desde el momento de la cinematográfica captura de Jesús Santrich se sabía que su extradición era una papa caliente para el gobierno. Este tema había sido objeto de intensos debates en la mesa de negociación en La Habana. Las Farc argumentaban que se necesitaban mecanismos para evitar que se usara la extradición para sabotear su ingreso a la vida civil. Desde su perspectiva, las experiencias de Simón Trinidad –condenado por delitos diferentes a los que motivaron su extradición– e incluso de los jefes paramilitares –enviados a Estados Unidos contra sus expectativas de que se quedarían en Colombia– dejaban en claro que esa espada de Damocles pendería sobre las Farc desmovilizadas.

Para los negociadores del gobierno era necesario que hubiera mecanismos claros de sanciones aplicables a los guerrilleros que reincidieran en sus delitos después de la firma del acuerdo. Y esos mecanismos no tenían por qué excluir ninguna de las herramientas jurídicas existentes, incluyendo la extradición. Eso, para la oposición, constituyó uno de los pocos rounds que ganó el gobierno.

Por eso, muchos vieron la solicitud de extradición de Jesús Santrich como una oportunidad para legitimar el debilitado proceso de paz. Ante la evidencia, validada por la Fiscalía y por Estados Unidos, de que el exguerrillero planeaba exportar cocaína con carteles mexicanos, aceptar su extradición dejaría claro que, a diferencia de lo que decían sus críticos, los acuerdos no garantizaban la impunidad. El presidente, el mismo día de la detención, manifestó enérgicamente que no le temblaría la mano para extraditarlo si las pruebas eran contundentes. El comisionado de paz, Rodrigo Rivera, por su parte, llegó a decir que esa acción podría “consolidar el acuerdo”.

Y el propio Timochenko en carta a las bases de su organización afirmó que cumplirían su palabra de acatar la Constitución y las leyes. Esa posición contrastó con la de Iván Márquez, quien denunció el caso como un montaje y se fue a Miravalle en medio de rumores según los cuales el extraditado testigo clave del proceso, su sobrino Marlon Marín, habría hecho declaraciones en su contra.

Las primeras actitudes de Santos y de Londoño cambiaron después de unos días. El presidente pasó de enérgico a moderado y el jefe de las Farc de moderado a enérgico. El primer mandatario le ha dejado saber a sus colaboradores que hay que salvar la vida del exguerrillero, hasta el punto de que a finales de la semana lo trasladaron, por razones humanitarias, de la cárcel La Picota a una sede del Episcopado en Bogotá. Ese trasteo, que ha indignado a amplios sectores de la opinión pública, resultó de una gestión de Iván Cepeda y Álvaro Leyva, bajo el entendido de que Santrich, a cambio, suspendería la huelga de hambre.

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Mientras el gobierno suavizó su postura inicial, Timochenko endureció la suya. Inicialmente, parecía tener la prioridad de tranquilizar a la tropa para salvar el acuerdo, al privilegiar el cumplimiento de los mecanismos del mismo. En otras palabras, esperar a ver de qué se trataba el caso Santrich antes de romper lo pactado. Pocos días después, sin embargo, tal vez por presión de sus propios compañeros, pasó a calificar el episodio como un montaje con la misma vehemencia que Márquez.

No solo Santos y Timochenko fueron modificando sus posiciones con el transcurso de los días. El propio negociador de La Habana Humberto de la Calle dio un giro de 180 grados y se pronunció en contra de la extradición del excomandante guerrillero con el argumento de que “se están tirando la paz”. También expresaron la misma preocupación columnistas como Cecilia Orozco y Antonio Caballero y juristas como Rodrigo Uprimny y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

Uprimny resumió los argumentos en contra de la extradición en una columna.

1) Los derechos de las víctimas a reparación y a conocer la verdad. 2) La cooperación judicial con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. 3) La supervivencia del proceso de paz, pues la solicitud de extradición de Santrich ha generado “una profunda incertidumbre en la guerrillerada”.

Quienes están contra la extradición aclararon que no favorecían impunidad alguna. Y que si las pruebas contra Santrich eran reales, la justicia ordinaria colombiana lo debería juzgar y condenar con todo el peso de la ley. Muchos colombianos coinciden en que la justicia colombiana debería conocer las pruebas antes de tomar cualquier decisión, pues las dudas y la falta de claridad en un caso tan delicado podrían tener graves repercusiones.

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De los tres argumentos de Uprimny, el tercero, el de las consecuencias para el proceso de paz, tiene el mayor peso. El derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación es un concepto válido, pero resulta exagerado decir que si se va Santrich, no se conocerá la verdad. En cuanto a la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de ese país ha sido un gran aliado del proceso y no se va a convertir en un obstáculo para su consolidación. Sin embargo, hay un interrogante sobre ese tema, pues los Estados Unidos de Donald Trump no son los mismos que los de Barack Obama.

No hay duda de que la extradición de Santrich tendría graves implicaciones para el proceso de paz. Una vez desmovilizadas y desarmadas las Farc, con un evidente impacto positivo en las cifras de violencia, cualquier decisión adoptada sobre ese tema será evaluada a la luz de la preservación de esos logros. Más aún cuando hay tantos problemas: disidencias que se calculan en 1.200 exguerrilleros de los 8.000 desmovilizados; incumplimientos del gobierno; retrasos en los cronogramas; desprestigio del proceso y falta de credibilidad en la opinión pública.

Las consecuencias, al final, no serán las de un tránsito ideal hacia la paz o un retorno a la guerra abierta de las últimas décadas. El escenario en juego es intermedio y tiene que ver, más bien, con el tamaño de las disidencias que volverían al monte. En otras palabras, si por la incertidumbre que despierta en la guerrillerada la posible extradición de Santrich aumenta el número de disidentes, dejarlo cumplir su pena en el país podría ser conveniente.

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El dilema para el presidente Santos no es fácil. En estricto sentido, la decisión final quedará en manos de su sucesor, pues los procesos de extradición toman mucho más que los tres meses que le quedan en la Casa de Nariño. Pero en el corto plazo hay otros dilemas: uno, mantenerlo en La Picota o dejarlo en la sede del Episcopado. Otro, permitir que muera por la huelga de hambre o auxiliarlo para evitarlo. Cualquier decisión indignará a la mitad del país.

Hasta el momento, Estados Unidos solicitó a Colombia el 9 de abril la captura con fin de extradición. Tiene 60 días para hacer la notificación formal, plazo que se vence en un momento político de alta sensibilidad: entre la primera y la segunda vuelta. Dado el cambio de tono que se le ha visto en los últimos días al presidente, lo más probable es que le dé prioridad a la salvación del proceso de paz y no a sus declaraciones iniciales.

No será fácil. Los acuerdos de La Habana dejan claro que los delitos posteriores a la firma del acuerdo del Teatro Colón van a la justicia ordinaria y que las extradiciones solicitadas por actos cometidos con posterioridad aplican. Pero aún algunas reglas de juego no están claramente fijadas. En el Congreso cursa un proyecto de ley que reglamenta la JEP, que incluye temas como el papel de este tribunal en los procesos de extradición. Está claro que, según lo pactado, debe verificar que los hechos son posteriores a la paz. Pero su interpretación tiene opiniones diversas. Para el fiscal Néstor Humberto Martínez se trata simplemente de verificar las fechas. Para otros, eso no es posible sin analizar el material probatorio. La JEP, en un reglamento redactado por ella misma, se acerca a la segunda posición.

Según su reglamento, después de calificar la solicitud de extradición, tendría tres posibilidades: 1) asumir el análisis del caso y fallarlo; 2) pasarlo a la justicia ordinaria, para que las sanciones se cumplan en Colombia. 3) pasarlo a la Corte Suprema de Justicia, para que continúe con el trámite ordinario de cualquier extradición. Lo cierto es que la decisión final queda en manos del presidente de la república, quien tiene la discrecionalidad para aprobarla o negarla.

La otra fórmula disponible es la de la extradición diferida. La Corte Suprema de Justicia la adoptó en 2009 y la reglamentó un decreto presidencial en 2010, al terminar el segundo gobierno de Álvaro Uribe, a raíz de la desmovilización de las AUC. Establece la posibilidad de aplazar la extradición para adelantar primero los procesos pendientes con la justicia y para facilitar que el reo contribuya a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta fórmula ha sido aplicada.

El caso Santrich, sin embargo, tiene consideraciones políticas y de sensibilidad de la opinión pública de mayor alcance. Teniendo en cuenta que el acuerdo de La Habana obliga a las Farc a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, si los propios comandantes que firmaron el acuerdo siguen en el negocio, lo pactado en La Habana sería una farsa. A esto se agrega que parecería imposible que Santrich estuviera exportando cocaína a título personal. Si esa acusación es cierta, lo estaba haciendo a nombre de las Farc. Lo que pocos creen es que todo sea una farsa, pues el origen es la DEA, que no es entidad política que depende del gobierno.

El hecho de que el nombre de Iván Márquez hubiera aparecido en el radar de la DEA complica las cosas. El fiscal aclaró que de eso no había pruebas y por ahora esa es la situación. Pero también se sabe que su sobrino Marlon Marín negocia su pena en Estados Unidos declarando sobre estos temas.

Con todos esos elementos en juego, la decisión de qué hacer con Santrich es muy complicada. Están en juego desde la suerte de la paz con las Farc hasta la posibilidad de una muerte trágica que convertiría a Santrich en un mártir. No menos importante será el efecto del desenlace de una campaña electoral, ya de por sí caliente, que se hará aún más compleja en las próximas semanas.