Caso de un soldado abusado sexualmente por compañeros sigue en suspenso

El caso de la violación de un soldado por parte de compañeros de batallón en Barrancabermeja quedó una vez más en suspenso, luego de que una audiencia preparatoria oral contra los acusados tuvo que ser aplazada porque el abogado de estos últimos no se presentó. 
 
Y mientras la diligencia fue nuevamente programada para el 18 de febrero próximo, la salud mental de Harold*, la víctima, se complica.
 
Los hechos sucedieron a finales del 2006.  Harold* se graduó de bachiller y recibió la noticia de que había sido seleccionado para prestar su servicio, en calidad de soldado regular, en el Ejército. Aunque vivía en Piedecuesta, Santander, fue enviado al Batallón Especial Enérgetico y Vial Número 7, en Barrancabermeja (Santander).
 
El folio que registra su entrada al Ejército evidencia que el muchacho llegó siendo un hombre sano, disciplinado. Apto para el servicio militar. En febrero del 2007 el joven, de 22 años, tuvo un permiso de ocho días para visitar a su familia.
 
En el encuentro dijo estar feliz por lo que hasta ese momento había vivido como soldado. Sin embargo, al poco tiempo era otra la situación. Harold ya no era el mismo. Su única hermana, a quien un día llamó desesperado, pudo percibirlo.
 
Harold estaba mal, aseguraba que era maltratado por otros soldados. Su familia no dudó en viajar hasta Barrancabermeja y saber qué era lo que estaba pasando. La situación era más grave de lo que creían. A Harold lo habían remitido al área sicológica del batallón. Padecía una “crisis mental” y fue entregado a su familia.
 
Lo que vino fue una triste verdad. A Harold lo habían violado algunos de sus compañeros de Batallón. Y eso fue lo que se llevó a la Fiscalía General de la Nación, a la unidad de delitos sexuales, y se instauró la denuncia. De allí Harold fue remitido a la Unidad de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, donde después de ser examinado se emitió el primer reconocimiento médico legal. Allí se señalaba, entre otras cosas, que efectivamente Harold había sido abusado y que además presentaba signos de enfermedad mental: neurosis de ansiedad y trastorno depresivo. Debía ser valorado por un neurosiquiatra forense.
 
En pocos meses, Harold había dejado de ser un joven normal para ser un interno más de una clínica mental. La vida les había cambiado a él y a su familia.
 
Por el caso son acusados cuatro soldados, mientras que en octubre del 2010 fue dejado en libertad un oficial, quien para la defensa de la víctima supuestamente presentó una conducta permisiva ante el crimen, pero para el juez del caso no existen elementos probatorios suficientes que lo incriminaran directamente con el hecho. 
 
El oficial, que está activo, recobró la libertad mientras los otros procesados están recluidos por su presunta participación en la violación. Uno de los diagnósticos más recientes señala que padece un “trastorno sicótico agudo, con predominio de ideas delirantes”. El abuso sexual del que fue víctima se traduce, según un documento del centro mental en el que estuvo interno, en un daño además de físico, cerebral, afectivo y mental.
 
Gustavo Blanco, el abogado que lleva el caso de Harold, señaló a Semana.com que se demandará “a la Nación y demás entes administrativos el pago de indemnizaciones pertinentes”, pues según la defensa del joven, el Estado a través del Ejército violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con los abusos que cometieron contra Harold.
 
¿Por qué quedó en libertad el oficial?
 
En octubre del año pasado, después de casi diez horas de alegatos judiciales, fue dejado en libertad el oficial, sobre quien la Fiscalía había solicitado medida de aseguramiento en establecimiento carcelario tras relacionarlo en la violación de Harold.
 
Pero el juez encargado del proceso decidió dejarlo en libertad luego de que su defensa solicitó la revocatoria de la medida. El oficial quedó en libertad, pues aunque las pruebas entregadas por la Fiscalía sí comprobaron la violación, en la que varias personas habrían participado, nada comprobó que él hubiera sido parte del hecho.
 
Sin embargo, el proceso judicial contra él continúa. La Fiscalía busca esclarecer si hubo o no participación del oficial en el hecho, mientras un informe presentado por la Fiscalía muestra cómo la víctima perdió su capacidad laboral hasta en un 99,11 por ciento. Su familia no duda en decir que es consecuencia del abuso al que fue sometido.
 
* Nombre cambiado.