Caso Uribe: lista la fecha para continuar con la audiencia de preclusión

La audiencia de preclusión que solicitó la Fiscalía en favor del expresidente Álvaro Uribe, en la investigación por la supuesta manipulación de testigos, se aplazó mientras definían la calidad de víctimas que expusieron Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, y del periodista Gonzalo Guillén. La juez 28 penal del circuito, que tiene en su despacho la responsabilidad de definir el futuro judicial del expresidente, no le dio más largas al asunto y fijó nueva fecha para continuar con la diligencia.

La juez dejó para el próximo jueves, 24 de junio, la audiencia donde se espera concluir o por lo menos conocer los argumentos de la Fiscalía para pedir a la justicia que precluya la investigación contra el exmandatario, la misma que en la Corte Suprema de Justicia lo tenía a las puertas de un juicio y que incluso derivó en una medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

Desde las ocho de la mañana del 24 de junio se encontrarán las partes en este proceso: Fiscalía, el expresidente Uribe y su defensa; las víctimas, que incluyen al senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo, además de la Procuraduría. Se espera que en esta audiencia por fin se pueda avanzar en los argumentos que la convocaron, los mismos con los que, después de un análisis probatorio, la Fiscalía concluyó que el expresidente no cometió delitos.

Hace semanas, la misma juez que citó a esta audiencia incluyó como víctima a Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, justamente el principal testigo contra el expresidente y negó la participación del periodista Gonzalo Guillén. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá determinó que ninguno de los dos (Deyanira o Guillén) podría constituirse como víctima, pues no se cumplen los requisitos legales para ese fin.

La magistrada del Tribunal aseguró que hubo algunos errores en las interpretaciones jurídicas de la juez de primera instancia al indicar a las partes que contra su decisión solo procedía el recurso de apelación y esto podría entenderse como una violación al debido proceso. Además, advirtió que ninguna de las partes en el caso, esto es la Fiscalía, la Procuraduría, la defensa o las propias víctimas, se percataron de ese problema.

“De cara a la intervención en el proceso penal, dicha alocución hace referencia tanto a las víctimas directas, sujeto pasivo del delito, como a los perjudicados, víctimas indirectas del delito…. es un deber de la Fiscalía General de la Nación brindar asistencia a las víctimas y el restablecimiento del derecho, pues la víctima es toda persona afectada por el delito”, dijo la magistrada al leer otras decisiones de la justicia sobre el caso de víctimas.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, aunque no tenía recurso, sí fue refutada por quienes querían consolidarse como víctimas en el proceso que se adelanta contra el expresidente. Lo hicieron a través de una acción de tutela con la que pedían aplazar las diligencias que estaban agendadas, como la preclusión solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, la juez negó esa solicitud de aplazamiento y advirtió que seguirán adelante con el proceso, mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve dicha tutela.

“Visto el informe secretarial que antecede, se advierte que, una vez resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Bogotá, no emerge obstáculo alguno para adelantar la audiencia de solicitud de preclusión de la acción penal y menos aún para reprogramarla”, señaló la juez.

Mientras avanzan los análisis sobre la posibilidad de incluir más víctimas en el proceso, todas las partes tendrán que encontrarse nuevamente el próximo 24 de junio, con el único ánimo de destrabar una audiencia que hace semanas debió concluir.