Caso Uribe: lo que viene para el expresidente tras el fallo de la Corte

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos ha estado lleno de bandazos. Esta semana, la Corte Constitucional concluyó que la indagatoria realizada en la Corte Suprema de Justicia (bajo la Ley 600 de 2000) se equipara con una imputación de cargos (en la Ley 906 de 2004). Como un juego de póker, Uribe perdió esta partida, pero aún hay muchas fichas en la mesa.

La defensa del expresidente buscaba que le fuera retirada la condición de imputado y, de este modo, se abría la puerta para pedir el cierre definitivo. Pero ahora se debe continuar con la audiencia de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes, quien ya expuso argumentos como pruebas manipuladas, testigos falsos y hasta una posible complot de la Fiscalía en la era de Eduardo Montealegre para incriminar a Uribe.

Desde la otra orilla, el senador Iván Cepeda, los testigos Juan Guillermo Monsalve y su expareja Deyanira Gómez, el exfiscal Montealegre y su vicefiscal Jorge Perdomo, entre otros, se han empeñado en seguir culpando a Uribe. Amparan la mayor parte de sus argumentos en la investigación que ya había adelantado la Corte Suprema.

La decisión la tomará la jueza 28, quien concluirá si precluye o no el proceso. Cualquiera que sea la sentencia, será apelada y la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá, en donde los magistrados definirán si se cierra o empieza la etapa de acusación.

De mantenerse el proceso, es probable que busquen sacar del camino al fiscal Gabriel Jaimes, recusándolo. Dudas La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional es polémica incluso desde el debate interno. Se dio un apretado resultado de cinco votos en favor de equiparar la indagación con una imputación de cargos, y cuatro en contra, que dejaron sendos salvamentos de voto.

Como el del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien se apartó prácticamente de la totalidad de la decisión al considerar que los dos hechos claramente no se pueden homologar. “Constituye un grave precedente que puede llegar a afectar las garantías procesales de cualquier investigado y violar sus derechos fundamentales de audiencia, defensa, contradicción y, en general, el debido proceso”, dijo Ibáñez.

Además, le quitó todo el peso a la llamada audiencia innominada ante un juez de garantías, a la que podría apelar Uribe para manifestar las eventuales violaciones, y hasta advirtió una posible nulidad del proceso.

Lo propio hizo el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien en su salvamento enumeró un rosario de irregularidades partiendo de que, a su juicio, se “ha borrado de un plumazo el debido proceso, fracturando lo que queda de la frágil construcción de la democracia moderna (...) se desconoció el mandato constitucional conforme al cual nadie podrá ser juzgado sino con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” y agregó que “la decisión quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”.

La controversia no es de poca monta, el magistrado Rojas expone 31 puntos con los que argumenta por qué la indagación no se puede equiparar con una imputación de cargos. Esta posición la comparte el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, quien en principio señala que la decisión de la Corte debe respetarse, pero agrega que la cerrada votación da cuenta de los argumentos encontrados, sobre los cuales, dijo, comparte más los planteamientos de los salvamentos de voto.

Gómez Méndez fue al fondo de la problemática de pretender equiparar el sistema oral acusatorio de la Ley 904 de 2004, con el inquisitivo de la Ley 600 de 2000, porque son radicalmente diferentes. “Es como tratar de ensamblar un caballo con un Mercedes-Benz”.

En este capítulo de la trama judicial hay un factor que no puede pasar desapercibido, y fue la confesión que hizo el magistrado ponente, Alejandro Linares, de que los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos llamaron a algunos togados de la Corte Constitucional para hablar sobre ese caso.

Sobre este tema, Gómez Méndez es más radical: “Estamos en mora de que el magistrado Linares diga quiénes fueron sus colegas que recibieron las llamadas, y las explicaciones de ellos. Los expresidentes también tienen que decir si intervinieron. Lo único que no puede hacer la Corte es decir que eso no se va a investigar, desde luego que se debe hacer. Ese es uno de los errores de la Constitución de 1991, politizó la justicia”.

Audiencia innominada

La queja de la defensa de Uribe es que el proceso ha estado lleno de irregularidades. Sin embargo, en la decisión de la Corte, se lanzó un novedoso recurso, que hoy nadie entiende: “Una audiencia innominada con el objetivo de que se analice si hubo o no alguna violación de las garantías fundamentales”.

SEMANA consultó a reputados penalistas de la talla de Iván Cancino; al presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, y al exfiscal Guillermo Mendoza Diago. Las respuestas fueron contundentes: “Es una lavada de manos; descubrieron que el agua moja, esas audiencias ya existen y las pruebas se debaten en el juicio; no sabrían qué hacer en esa audiencia; denota un desconocimiento del proceso penal; da pena ajena que pongan en la sentencia algo para disfrazar de garantista lo que no es”, fueron algunos de los señalamientos.

El salvamento de voto del magistrado Rojas también es demoledor con la audiencia innominada, la cuestiona: “¿Abrir una puerta para que un juez de control de garantías permita discutir nuevamente la calidad de imputado?”, eso fue lo que acabo de decidir la Corte.

Nulidad Aunque la decisión de la Corte Constitucional esta vez no favoreció a Uribe, las implicaciones en esta larga partida le pueden resultar favorables. La clave podría estar en el salvamento de voto que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. En él, señalando la amplitud y ambigüedad de la indagatoria (hoy imputación), advirtió la “falta de delimitación y concreción de los llamados hechos jurídicamente relevantes”.

Esto puede llevar a la nulidad del proceso, y lo argumenta señalando que la Corte Suprema, máxima instancia en lo penal, ha dicho que cuando se comete un error de esa trascendencia “reclama la nulidad, porque todo lo actuado desde la formulación de imputación se encuentra afectado”.

El caso, con Uribe en calidad de imputado, continuará con la audiencia de preclusión que lleva varias semanas; ahora será la estrategia de cada una de las partes la que defina el resultado de la próxima partida. Un juego largo que tiene a la expectativa a todo el país.