Caso Uribe: ¿Qué hay detrás de la renuncia de Prada?

Esta semana se dio un nuevo capítulo dentro de uno de los casos político-judiciales más importantes de los últimos años: el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por fraude procesal y soborno a testigos, por el cual la Fiscalía solicitó la preclusión. En este caso también es investigado el político Álvaro Hernán Prada, quien el miércoles pasado renunció a su curul en el Congreso, con el argumento de falta de garantías judiciales y porque no se quería convertir en un chivo expiatorio de la Corte Suprema de Justicia.

En cuestión de horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aceptó su renuncia con una amplia mayoría. Prada tomó el mismo camino de su jefe político Álvaro Uribe, quien había renunciado hace ocho meses a su curul en el Senado luego de que la Corte le dictara una medida de detención domiciliaria. Consideró que ahí no tenía garantías para un proceso justo.

Se esperaba que Prada hiciera lo mismo, pero él decidió quedarse en su curul. Sin embargo, según le reveló a SEMANA, los rumores de que lo llamaran a juicio para enviar un claro mensaje a la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, en el sentido de que el proceso contra el expresidente Uribe no debía precluir, lo obligaron a presentar su renuncia buscando, al igual que Uribe, que su caso lo asuma la Fiscalía. No obstante, la última palabra la tiene la Corte Suprema, que aún no ha tomado una decisión de fondo. SEMANA consultó abogados penalistas que han coincidido en que se trata de un caso derivado y no habría razones jurídicas para que la Corte se abstuviera de pasarlo a manos de la Fiscalía.

Entre los argumentos está que el delito del que se le pretende acusar no tiene ninguna relación con su labor como congresista, y la jurisprudencia ya ha dejado claro que en ese caso la competencia no es de la Corte. Además, la Constitución, en el Artículo 235, señala que “cuando los funcionarios (...) hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para conductas punibles en relación con sus funciones”.

El asunto se ha vuelto confrontacional, y en la Corte los ánimos están caldeados. Al mismo tiempo que se conocía la aceptación de la renuncia de Prada, el magistrado César Reyes, de la Sala de Primera Instancia de la Corte, tomaba decisiones frente al caso. No aceptó la solicitud del director del Inpec, general Mariano Botero, de trasladar al testigo estrella del caso contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, quien se encuentra recluido en una casa fiscal en la penitenciaría La Picota de Bogotá.

La petición se dio después de que SEMANA revelara los excesivos privilegios con los que contaba, en los que se veía en medio de bacanales, tomando licor y recibiendo visitas de mujeres. Monsalve, condenado a 40 años por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, contaba con modernos dispositivos electrónicos, entre ellos, computadores y varios celulares, en los que él mismo habría dejado registradas sus fiestas en la cárcel, y documentos con los detalles que lo vincularían con millonarios negocios, entre ellos, una mina de oro en Antioquia.

El magistrado Reyes, el mismo que fue ponente de la orden de captura contra Uribe, le pidió a la judicatura que averigüe si hay méritos para iniciar una investigación disciplinaria en contra del abogado internacional del exmandatario, Víctor Mosquera. También requirió a la Fiscalía para que informe el estado de las investigaciones del caso Uribe y pidió un informe de los procesos contra la exfiscal Hilda Niño y el exparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, testigos en el caso en favor de Uribe.

Pruebas

El argumento central por el cual Prada reclama que no ha tenido garantías ante la Corte es que le negaron 15 pruebas. Varias de ellas giran en torno a un testigo. Se trata de Carlos López, alias Caliche, un hombre que fue cercano a Monsalve.

Es justamente por un encuentro que tuvo Prada con Caliche que la Corte lo vinculó al proceso. Sobre este episodio existen dos versiones. La primera está en la providencia con la que el alto tribunal ordenó la captura del expresidente Uribe. En ella señala que la versión del representante Prada no coincide con la de alias Caliche, sobre el momento, las circunstancias y el motivo por el que se conocieron.

Caliche le habría dicho a la Corte Suprema que conocía a Hernán Prada desde aproximadamente 2013, en La Plata, Huila. Contrario a la versión que entregó el exrepresentante, según la cual se conocieron en 2018, justo cuando Caliche lo buscó para “desenmascarar al bandido de Cepeda (Iván)”, asegurando que sabía de los beneficios y ayudas económicas que estaba recibiendo Monsalve a cambio de enlodar a Uribe.

Por eso fue que Prada solicitó que fueran tenidas en cuenta las pruebas que demostrarían que estaba diciendo la verdad. La versión de Prada es que, en 2018, estando en Neiva, Huila, en campaña para la elección a la Cámara, lo buscaron para decirle que Caliche tenía información importante sobre Monsalve. Él accedió al encuentro en el aeropuerto, y luego se montaron en una van, acompañados de siete personas que escucharon la denuncia.

Aquí hay un asunto particular. Caliche dijo que Prada había puesto el celular en altavoz para comunicarlo con el expresidente Uribe, hecho que niega el exrepresentante y que Caliche terminó reconociendo era mentira: “Yo nunca escuché al doctor Uribe por teléfono, fueron mentiras que inventé”.

Por eso, el abogado José Fernando Mestre, defensor de Prada, pidió a la Corte que recogiera los testimonios de las personas que estuvieron en el encuentro entre su cliente y Caliche, pero nunca fueron decretadas.

La defensa dice que Caliche aseguró que tenía conversaciones por WhatsApp con Monsalve y con su exesposa, Deyanira Gómez, en las que había registros de consignaciones, y que estaba dispuesto a entregarlas a la justicia si era necesario. La solicitud se le presentó a la Corte y tampoco fue aceptada.

Caliche argumentó que empezó a buscar al expresidente Uribe por medio de Prada, porque vio que el exmandatario publicó en redes que necesitaba testigos que le informaran de la búsqueda del senador Iván Cepeda de testimonios en su contra. Ante los cambios de versiones de Caliche pidieron un dictamen pericial que determinara si tenía algún tipo de desequilibrio, si era mitómano, pero esta prueba fue negada. La gota que rebosó la copa fue que, ante la falta de respuesta de la Corte Suprema, radicaron una acción de tutela que solicitaba la nulidad del proceso y que se decretaran las pruebas, pero pasó mes y medio y la tutela ni siquiera había sido admitida.

Después de que el proceso de Uribe pasó a la Fiscalía, se ordenó escuchar la declaración de Caliche, quien contó que Monsalve le reveló algunos de sus crímenes en el departamento del Huila, entre ellos un proceso que le seguían “por tres muchachos que degolló en Neiva y los tiró en Rivera”. También dijo que un escolta de Monsalve le advirtió que había un plan para asesinar al senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en este proceso.

Fue él quien habló de la finca La Veranera, de la cual dice que Monsalve se mofaba, decía que costaba 1.000 millones de pesos y hasta le propuso que le ayudara a venderla.

SEMANA, en su momento, reveló que La Veranera aparecía a nombre de la mamá y de la exesposa de Monsalve, Deyanira Gómez. Cada una adquirió esa propiedad por un monto de 27 millones de pesos. En total 54 millones. Pero, según la Fiscalía, su costo en 2016 era de 454 millones de pesos. El predio fue ocupado con fines de extinción de dominio.

La decisión de Prada de dejar su curul generó duras críticas de la oposición, lo señalaron de estar huyendo de la justicia. Prada, por el contrario, dice que es un derecho constitucional.

Lo cierto es que se espera que la Corte Suprema resuelva el tema de Prada, mientras que el Tribunal de Bogotá decide si el periodista Gonzalo Guillén y la excompañera de Monsalve, Deyanira Gómez, son reconocidos como víctimas en el expediente judicial. Sin resolver estas solicitudes, la jueza Ortiz no podrá darle trámite a la petición de la Fiscalía de precluir el proceso contra el expresidente Uribe.