DEBATE
Tensión entre la justicia de EE.UU. y la Corte por pruebas en el caso Uribe
Las relaciones de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están en corto circuito. En el marco del proceso contra el expresidente Uribe, cartas con términos como “irrespeto” van y vienen entre Bogotá y Washington.
El 14 de agosto, cuando el magistrado César Reyes Medina fijó fecha para la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe ordenó también practicar una treintena de testimonios y diligencias que incluían oír a varios paramilitares extraditados a Estados Unidos. El togado además solicitó una serie de datos oficiales en poder de la justicia gringa. Dos meses después, más del 90 por ciento de las tareas en Colombia han avanzado, al contrario de las que requieren la colaboración de Washington.
Detrás del frustrado trámite para tratar de conectar por videoconferencia desde Estados Unidos a exparas como Salvatore Mancuso o Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, hay una tensión insospechada. Lo refleja una serie de cartas cruzadas entre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, de la que hace parte el magistrado Reyes, y la Oficina Federal de Justicia del gobierno estadounidense.
La corte colombiana ha pedido al Departamento de Justicia y al buró de prisiones federales, entre otros documentos, los registros de visitas de Diego Cadena, el abogado del expresidente Uribe, a las prisiones de Estados Unidos. La solicitud busca precisar si Cadena gestionó los ingresos a las cárceles con aval de alguna autoridad (diplomática, consular o de cualquier naturaleza) y si el abogado hizo sus visitas acompañado de algún funcionario. En concreto, el magistrado Reyes pide precisar las condiciones en que Cadena se entrevistó con Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna), Ramón Quintero Sanclemente (alias RQ) y Diego Pérez Henao (alias Diego Rastrojo).
El abogado Cadena tiene varias investigaciones en la Fiscalía, en Bogotá, por supuestos cargos de suplantación de la justicia y fraude procesal. Como se sabe este jurista recorrió prisiones en Colombia y Estados Unidos para contactar exparamilitares, varios de los cuales remitieron a la corte cartas y testimonios favorables a Uribe. La corte decidió llamar a indagatoria a Uribe al encontrar serios indicios de que tras esas versiones habría sobornos y engaños. Por eso, para el magistrado Reyes, instructor del caso, resulta clave indagar cómo obtuvo Cadena esos relatos e interrogar a algunos exparamiliatares solicitados por la propia defensa de Uribe.
Dos meses después, más del 90 por ciento de las tareas judiciales en Colombia han avanzado, al contrario de las que requieren la colaboración de Washington.
Pero el Departamento de Justicia no tuvo una primera reaccion receptiva al requerimiento de Reyes. Le pidieron justificar la conducencia y pertinencia de los testimonios solicitados. Además, le solicitaron explicar la razón por la que creen que cartas enviadas por Mancuso, Sierra y otros extraditados “hablan de Uribe” o “por qué creen que (Diego) Cadena intervino en la elaboración de estos escritos”.
La defensa de Uribe solicitó los testimonios de los ex jefes paramilitares para que ampliaran su versión de la visita que en 2009 les hicieron los senadores Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda. El encuentro, según escribieron los exparamilitares en cartas que le mandaron a la corte, tenía el objetivo de ofrecerles protección a sus familias –incluyendo desplazamientos a Suiza– para que a cambio dieran información sobre Álvaro Uribe Vélez.
En el caso del Tuso, declaró que también recibió ofrecimientos judiciales en los mismos términos de parte de un periodista que supuestamente habló como emisario del entonces fiscal Eduardo Montealegre y del magistrado José Luis Barceló. Este último archivó la investigación contra Cepeda por manipulación de testigos y ordenó la apertura de una contra el expresidente Uribe.
El magistrado Reyes consideró “impropias” las explicaciones que pidió Estados Unidos, teniendo en cuenta que la cooperación judicial es un procedimiento meramente formal que no permite meterse en el fondo de los temas judiciales del otro país. Aun así, la corte contestó y dicha respuesta tampoco dejó contentas a las autoridades de Estados Unidos.
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César Reyes es el magistrado instructor del proceso contra el expresidente Uribe. El togado califica de impropias las reiteradas preguntas que ha hecho Estados Unidos sobre el caso.
Una vez más el Departamento de Justicia volvió a requerir a Colombia por escrito para que adicionara detalles de la conexión entre las evidencias solicitadas y el caso en cuestión. El magistrado Reyes emitió una nueva carta, el 27 de septiembre pasado, redactada con contundencia y evidente incomodidad: “Con este segundo cuestionamiento ya se torna irrespetuosa su solicitud en la medida que la Corte Suprema de Justicia, acatando los parámetros legales previstos y acordados ha formulado una comedida petición de asistencia judicial, sin que tenga por qué entrar a realizar una argumentación en torno a la pertinencia y conducencia de la prueba que estima es necesaria”.
El magistrado Reyes consideró “impropias” las explicaciones que pidió Estados Unidos, teniendo en cuenta que la cooperación judicial no implica meterse en el fondo de los temas judiciales del otro país.
La misiva concluye diciendo que la corte “no accederá a las solicitudes de adición que inadecuadamente formula el Departamento de Justicia de los Estados Unidos” y le recuerda a los representantes de la justicia gringa que es “su cargo dar trámite oportuno a la petición de Asistencias Judicial respetuosa, clara y legalmente formulada”. La carta está en poder del Ministerio de Justicia para su traducción y envío.
Mientras se resuelve el asunto, la corte contactó directamente al Tuso Sierra, quien está en libertad en Florida bajo un esquema de protección oficial, pero se negó a declarar. Con Mancuso en un momento la corte logró programar teleconferencia, dado que pertenece a un programa especial de Justicia y Paz pero por razones desconocidas finalmente no salió de su celda a declarar. Y en el caso de Don Mario, es totalmente incierto si será posible interrogarlo. Por cuenta del cortocircuito con la justicia norteamericana las fechas estipuladas por el magistrado Reyes ya se pasaron y no ha sido posible reagendarlas.
Salvatore Mancuso. Juan Carlos Sierra. Daniel Rendón. La Corte Suprema de Justicia ordenó los testimonios de varios paramilitares extraditados, pero las autoridades de Estados Unidos no los han permitido.
Recientemente, la corte tramitó sin tropiezos el permiso para tomar la declaración del extraditado exfiscal Gustavo Moreno quien rindió testimonio por videoconferencia en el juicio contra el exmagistrado Gustavo Malo en el escándalo del cartel de la toga. De otra parte, está pendiente una declaración de Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, testigo protegido de la DEA en el proceso que un tribunal de Nueva York sigue contra Jesús Santrich. Esa diligencia no ha tenido lugar porque aún no se ha firmado el principio de oportunidad de Marín en Colombia, no porque Estados Unidos se haya opuesto.
De modo que la insistencia en pedir explicaciones para el caso Uribe genera serias inquietudes. ¿Qué interés tiene el Departamento de Justicia en indagar sobre la pertinencia de las declaraciones? ¿Por qué a Estados Unidos le preocupa la relación entre Diego Cadena y la elaboración de los escritos? ¿Por qué preguntan si estas cartas mencionan o no al expresidente Uribe?
Este choque reciente se suma a una seguidilla de hechos que indican que las relaciones entre ambas autoridades vienen fracturadas. La ley estatutaria de la JEP y su posterior revisión en Corte Constitucional modificaron el mecanismo de extradición, al crear restricciones para enviar excombatientes que estuvieran contribuyendo en el proceso de paz. Las discrepancias con estas modificaciones quedaron consignadas en dos de las seis objeciones que el presidente Duque hizo a la ley estatutaria por razones de inconveniencia, las cuales no vieron la luz dado pues naufragaron en el Senado.
En medio de este pulso, dos magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, perdieron temporalmente la visa, y Estados Unidos le retiró a la corporación el apoyo que venía dando para un programa para modernizarla. Este debate surgió en el proceso de extradición de Jesús Santrich, requerido por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. El Gobierno de este país públicamente lamentó que la Corte Suprema de Justicia lo hubiera dejado en libertad. De hecho, ese impase fue la excusa para que Néstor Humberto Martínez, un reconocido aliado de los norteamericanos en la lucha contra la criminalidad, decidiera dejar la Fiscalía.
Curiosamente, en este debate de la extradición de Santrich, la JEP intentó sin éxito pedir a Washington evidencias más allá del indictment, con el propósito de demostrar si Santrich delinquió o no después de la fecha de la firma del acuerdo de paz. No obstante, nunca enviaron esta evidencia. Y la controversia se centró en si esta petición de Colombia era una indebida injerencia de su justicia en los asuntos judiciales del tío Sam. Ahora, a la inversa, los magistrados de la Sala de Instrucción de Corte Suprema de Justicia, donde cursa el caso contra el expresidente Uribe, tienen precisamente esa misma preocupación.
