Después del acuerdo de paz, la guerra no descansa

El acuerdo de paz con las Farc está quedando como el emperador con su traje nuevo: desnudo. Secuestros exprés, un paro armado en Catatumbo y más de 9.362 desplazados confirman que nuevas bandas copan el espacio dejado por la guerrilla. Como un mantra se repitió que el proceso no se limitaría a la dejación de armas. Sin embargo, a un año de la implementación, el país rural no ve los beneficios de la paz territorial, los reincorporados no tienen claro su futuro y, por el contrario, todos se sienten cada vez más sumergidos en nuevos ciclos de violencia.

En Catatumbo, al igual que Tumaco, el fenómeno tiene nombre propio: narcotráfico. Más de 50 días llevan los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del EPL conocida como los Pelusos. Aunque ambos lados esgrimen razones políticas que alimentan la feroz disputa territorial, lo cierto es que los intereses mafiosos aniquilaron la tregua que habían pactado y que se rompió una vez las Farc dejaron las armas. Hasta ese momento, los tres grupos lograron convivir gracias a que se repartieron el Catatumbo.

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La balanza, sin embargo, se desajustó en agosto pasado. Mientras el país celebraba el tránsito de los excombatientes a la vida civil, en los 11 municipios que conforman esta subregión de Norte de Santander disputas armadas con poco eco mediático tenían en jaque a la región. Tres alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo vaticinaban lo peor. Pero cayeron en oídos sordos hasta que el 20 de enero tres balas de fusil tumbaron sobre un bote al cacique Leonardo Catsú que navegaba por el río de Oro.

Esta agresión contra la comunidad barí obligó a mirar hacia el Catatumbo. El ataque provino del ELN, y a los barís no les tembló la mano para hacer valer su autoridad, incendiar un campamento de los guerrilleros y expulsarlos del lugar.

Con esa escena empezó el rosario de víctimas. En el mismo país en el que miles de excombatientes se abren camino a la vida civil, más de 100.000 catatumberos permanecen confinados. El fuego cruzado reactivado el jueves de la semana no les dejó otra opción. “O se van o les quemamos la casa”, les dijeron de un lado, mientras del otro la recién nacida disidencia de las Farc, con 70 hombres y mujeres, los invitaba a salir de sus casas y seguir con sus actividades diarias.

El Catatumbo es un territorio en constante disputa. “No le podemos vender ningún refresco porque aún no sabemos a quién hay que pagarle el impuesto”, le respondieron al defensor Carlos Alfonso Negret, minutos después de que abrió la nevera en una tienda de El Tarra. De nada sirvió el encuentro clandestino entre el EPL y el ELN en enero en busca de un pacto de no agresión. Con el lento aterrizaje del Estado y el hueco que dejaron las Farc hubo suficiente tiempo para repartirse de nuevo el territorio. Pero la estrategia naufragó y, como dicen en Ocaña, desde Quito llegó la orden de matar.

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Sin escrúpulos

La mafia parece estar detrás de los asesinatos, secuestros y enfrentamientos. La mafia motiva la disputa y terminó por devolverle el músculo a la disidencia del EPL. Con la bendición del Clan del Golfo esta estructura resurgió, y con cerca de 250 hombres en armas, los herederos del abatido Megateo no solo buscan controlar la producción de más de 24.831 hectáreas de coca reportadas por la ONU en 2016, sino también toda la cadena de transporte.

Tres pistas clandestinas al otro lado de la frontera con Tibú motivarían la disputa. Los Pelusos decidieron, como parte de su estrategia de repliegue, meterse en la frontera que había estado bajo el control del ELN. Así no solo controlarían una parte de la producción, sino la llave de la exportación para maniobrar más fácilmente desde Venezuela.

Pero el reacomodo podría ser devastador. Los hombres comandados por Gabino han aprendido a moverse sin restricciones por esa frontera y no es fácil que les quiten su lugar. De hecho, según informes de inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), empleados de Pdvsa le suministran a esta guerrilla las herramientas necesarias para hacer ‘pata de grillo’, la gasolina ilegal usada en la región para procesar la cocaína, que también está en mitad de la disputa.

Según varios expertos consultados por SEMANA, este conflictivo escenario se alimenta también del error de no haber incluido en los acuerdos la entrega de rutas del narcotráfico. No haber desmantelado la mafia incentiva movimientos como el que impulsan alias Pácora y alias Pepe en el frente Libardo Mora Toro del EPL: extenderse más allá de Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra y San Calixto. Aunque en Catatumbo las condiciones climáticas favorecen el más alto rendimiento de hoja de coca en el país, en nombre del EPL varios excombatientes de las Farc mueven sus tentáculos en el norte del Cauca, mientras una milicia hace lo propio en el Eje Cafetero.

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Para doblegar al enemigo, el EPL y el ELN no solo usan las confrontaciones armadas, sino también los secuestros exprés. Al menos han retenido 15 personas de cada bando. Algunos casos se tratan de hombres y mujeres del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP). De hecho, ambas organizaciones junto a los indígenas Barí, los comunales y Ascamcat, impulsan una tregua que devuelva la tranquilidad a la región a través de La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz. Aunque para controlar la situación el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desplegó 2.000 hombres más en el Catatumbo para reforzar los 10.000 que ya había, la existencia de rehenes restringe el accionar de la fuerza pública. Solo en 2018 han capturado 9 miembros de estas organizaciones, han incautado 5 toneladas de cocaína y media tonelada de explosivos y han destruido 16 laboratorios. “El Catatumbo no es un fenómeno solitario. Si uno mira los sitios donde se está dando la última batalla también está: Nariño y donde se mueve la Operación Agamenón y Zeus. Eso es lo que queda. El resto del país tiene niveles de seguridad aceptables”, agregó el jefe de la cartera.

Ahora bien, las comunidades siguen reclamando la intervención del Estado para salir de la espiral de violencia. Por cuenta del paro armado, los campesinos perdieron más de 1.200 toneladas de cebolla y 72 de tomate. En condiciones normales ya resulta casi imposible movilizar los productos, asumir los gastos y conseguir utilidades para que la violencia vuelva a enredarles el camino. De ahí, la crítica de que el papel lo aguanta todo y que la tan anhelada paz territorial se quedó a mitad de camino.

Futuro incierto

Para la Defensoría del Pueblo, el ELN y el EPL han ocupado esos territorios con amenazas, desplazamientos, retenciones e instrumentalización de niños. Ejercen control social y mantienen el temor entre las comunidades, cuyo índice de necesidades básicas insatisfechas supera el 80 por ciento.

La situación es delicada. A la crisis humanitaria se suma la carencia de recursos de las autoridades locales para atender la emergencia. Decenas de personas resultaron con infecciones después de acostarse sobre los colchones de los albergues. Aunque a raíz de la visita del vicepresidente Óscar Naranjo habilitaron corredores humanitarios e instalaron un puesto de mando unificado, los habitantes de Catatumbo quieren que las autoridades ataquen la raíz del problema.

Retornar no es una opción. La disidencia de las Farc llegó a agudizar las tensiones. Aunque no se conoce un número exacto de hombres rearmados, preocupa que de 2.000 personas concentradas en Caño Indio solo queden 90. Esto no significa que todos se fueron a delinquir. Pero ante los incumplimientos y los cantos de sirena de las bandas criminales, la posibilidad de que lo hagan cada vez es más alta.

Para expertos, como Edward Álvarez Vacca, esta problemática deja ver la necesidad de aterrizar más los acuerdos. “Hoy se requiere adaptar las posturas a las realidades. Es urgente realizar procesos de paz territoriales e independientes en el Catatumbo, Cauca, Tumaco y Chocó”. En su mayoría los grupos son disidencias de viejas o nuevas negociaciones y perdieron su estatus beligerante. Por eso, si bien el gobierno se ha empeñado en la paz, no va a permitir “incentivos perversos para que el crimen organizado se arrope a partir del uso de la violencia como organizaciones políticas”.

En Catatumbo no solo hay que erradicar los cultivos ilícitos e imponer autoridad, sino desarrollar un gran programa de inversión social permanente. Si eso ocurre, el Estado podría ganar el corazón de los campesinos y reactivar las dinámicas sociales. ¿Lo hará el próximo gobierno?