Catatumbo, bajo el fuego y el miedo

Hace un par de meses, la guerra librada entre el ELN y el EPL tenía sumido al Catatumbo en una crisis social, atravesada por masacres, desplazamientos masivos y confinamientos. La situación ha cambiado recientemente por la reconfiguración del ajedrez de violencia, ante una nueva partida de alianzas y treguas entre los grupos armados. Y también por la llegada de una nueva unidad de militares élite a la región. Sin embargo, esa transformación no ha llevado la tranquilidad a esta sufrida región de Norte de Santander.

Entre el 14 y el 18 de mayo, una misión de verificación del territorio convocada por la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo, y  acompañada por delegados del Ministerio del Interior, Naciones Unidas, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras, recorrieron seis de los once municipios del Catatumbo para verificar las condiciones de vida y los riesgos que padecen los pobladores, atrapados entre el fuego cruzado de al menos cinco grupos distintos que usan las armas en la región. Entre tantos testimonios y evidencias, a los miembros de la comisión les llamó la atención las denuncias en contra del Ejército.

SEMANA conversó con varios de los integrantes de la comisión, que prefirieron reservar sus identidades porque visitan continuamente un territorio en conflicto. En esencia, los relatos coinciden en que hubo dos hitos que llevaron a que se disparara la tensión entre los militares y los civiles. La entrada de una Fuerza de Despliegue Rápido III (Fudra III), una unidad élite del Ejército, y el asesinato de Dimar Torres, un excombatiente de las Farc que fue abaleado por el cabo Daniel Gómez, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano.

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Los verificadores le narraron los mismos hechos a SEMANA, incluso aportando los testimonios de los pobladores que denuncian. Tres líderes de la región les aseguraron que en la noche del 22 de abril transitaban por la zona rural de San Calixto, hacia el casco urbano, cuando pasaron por un puesto de control en los alrededores de la base militar. Allí, dicen, les hicieron un disparo que dio contra el suelo, cerca del hombre que iba adelante. Entonces se detuvieron y gritaron que eran civiles. La respuesta fue tiros al aire. Finalmente, escucharon la voz de un soldado que les decían que se devolvieran. Ellos insistían en que iban para sus casas. En la tensión decidieron devolverse y se refugiaron en una finca cercana.

Frente a este tipo de situaciones, uno de los miembros de la misión recibió denuncias de al menos 10 personas que dijeron haber sido retenidas durante horas en los retenes militares, donde los soldados les tomaron fotos a ellos y a sus cédulas. En la región también han aparecido letreros alusivos a las Autodefensas y los Urabeños. Lo que cuestionan los pobladores es que eso pase en zonas con fuerte presencia de los soldados.

En otra denuncia reciente, la gente cuenta que el 18 de mayo el Ejército llegó a ejecutar una orden de captura, avalada por un juez, en San Calixto. Luego de capturar al hombre requerido, la comunidad se fue detrás de los uniformados para intentar liberarlo. Este tipo de reacciones de la población también preocupan a las autoridades de la región, que las leen como muestras de la desconfianza. Poco después, se hicieron disparos a larga distancia a los alrededores de la casa donde había ocurrido el operativo. Una de esas balas hirió en el muslo a una mujer que hacía labores del campo.

En la zona se escuchan más relatos similares, pero algunos dicen que la comunidad no se atreve a hacerlos públicos. Otras denuncias apuntan a las afectaciones ambientales que los soldados causan en los predios de los campesinos y precisamente a que estos ubican sus bases en terrenos privados. Todo esto, sin embargo, deja claro la tensión que se vive en la zona ante la fuerte presencia militar.

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La llegada de la Fudra III al Catatumbo fue la respuesta del Gobierno de Iván Duque a la arremetida violenta entre los grupos ilegales de la región. En marzo del año pasado, el ELN y el EPL, antiguos aliados, se declararon la guerra por el control del territorio y los cultivos de coca, especialmente se disputaban las zonas que había dejado libres las Farc tras su desarme. Esa cruzada causó tragedias, como la masacre de nueve personas en El Tarra, en agosto, y desplazamiento de al menos 11.000 campesinos, según la Defensoría del Pueblo. Un éxodo así no se vivía en la zona desde el auge paramilitar, a mediados de la década del 2.000.

Luego, en octubre, secuestraron Cristo José Contreras, el hijo del alcalde de El Carmen. El hecho tomó un alto vuelo mediático y dirigió la atención sobre la región. Ese mismo mes, el presidente Iván Duque fue a Ocaña para anunciar la llegada de la Fudra y de 5.000 soldados más para reforzar a los 12.000 que ya había allí, en jurisdicción de la Segunda División del Ejército. La medida también fue la respuesta a una porción de la población que se siente más segura desde su llegada. SEMANA se comunicó con la Segunda División del Ejército que opera en esa zona para intentar conocer la respuesta. Pero, tras dos días de esperar una respuesta, al cierre de esta nota no se había recibido la explicación oficial. 

Entre tanto, la guerra continuaba entre el ELN y el EPL, que parecía replegarse hacia la frontera. El 22 de abril ocurrió el asesinato de Dimar Torres, en Convención. "Lo que pasa en un rincón del Catatumbo tiene eco en toda la región", dijo uno de los asistentes a la misión. También asegura que eso terminó de minar la confianza de los pobladores frente al Ejército. Y esa desconfianza es correspondida, asegura, pues los miembros de la Fuerza Pública también suelen ver a cada campesino como un posible auxiliador de los grupos armados. La estigmatización y la desconfianza se mezclan con los hechos denunciados en un peligroso coctel para una región en confrontación.

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Para completar el tablero, una serie de comunicados del EPL que han circulado este mes apuntan a una división de esa estructura, entre los que operan en el Catatumbo y quienes están más desplegados hacia la frontera con Venezuela. Se cree también que una de esas facciones estaría pactando una tregua con el ELN, mientras que la otra es cercana a las disidencias de las Farc y a Los Rastrojos. Lo concreto es que entre todas esas movidas de hombres con armas, la población se siente atemorizada. Y la llegada de miles de soldados más ha estado lejos de llevarles la calma.