ORDEN PÚBLICO
Catatumbo, minado
Según informes del Gobierno y de algunas ONG, esta región del Norte de Santander ha tenido un inusitado crecimiento de accidentes por minas antipersonal que agudiza la difícil situación humanitaria de sus habitantes.
A los paros armados, los combates entre el ELN y el EPL por el control territorial, y el confinamiento en algunos municipios, se suma otra tragedia para los habitantes del Catatumbo: el aumento de las minas antipersonal entre 2018 y 2019. Ese flagelo afecta a varios lugares del país, pero esta región de Norte de
Santander es la más perjudicada. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, en 2019 hubo 344 víctimas de minas antipersonal (158 civiles y 186 militares), un incremento del 63 por ciento frente a 2018. Y Norte de Santander tuvo el mayor número de incidentes con 108, más del doble del promedio nacional.
SEMANA conoció un derecho de petición respondido por el programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma) que muestra una preocupante radiografía de los accidentes por este tipo de artefactos. En 2019 se redujo el número de víctimas, pero las cifras superan con creces las de 2016, el año de la firma del acuerdo de paz con las Farc. De 2015 a 2016 hubo una pequeña reducción de 12 a 7 afectados. En 2017 la cantidad fue la misma de 2016, con la diferencia de que todas las siete víctimas fueron civiles. A lo largo de 2018 se presentaron 52 casos (21 civiles y 31 militares), y en 2019, 20 casos (8 civiles y 12 militares). En otras palabras, entre 2018 y 2019 las víctimas de minas antipersonal aumentaron en un 176 por ciento, comparado con el periodo 2015-2017.
A esta tragedia se suman los padecimientos, obstáculos y falta de atención que enfrentan las víctimas, resumidas en la historia de Jeison*. El joven de 22 años de edad cayó el 21 de diciembre de 2019 en una mina antipersonal, en la vereda La Horqueta del municipio de Acarí, Norte de Santander. El ejército reaccionó rápidamente y lo trasladó al hospital de Ocaña, donde le amputaron su pierna izquierda.
Se salvó, pero comenzó otro calvario para Jeison: la falta de ayuda oportuna para su recuperación. Cabe anotar que el personal del hospital de Ocaña hace grandes esfuerzos por atender a estas víctimas, pero no cuenta con las capacidades técnicas para recuperarlas. Desde que sufrió el accidente, Jeison solo ha tenido una cita con la psicóloga, y regresó a su hogar sin que hasta el momento le hayan dado las órdenes de órtesis y prótesis. Es decir, él no ha comenzado su recuperación. Según los expertos, este proceso debe empezar lo más pronto posible para minimizar las secuelas del accidente y lograr una buena adaptación a la prótesis.
Ante el aumento de los percances por estos artefactos explosivos, muchos habitantes del departamento solicitan construir un centro de órtesis y prótesis para recuperar y rehabilitar a las víctimas de la región.
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Y, por supuesto, piden que comience el desminado humanitario. Eso, por ahora, puede tardar, ya que en el derecho de petición el Aicma afirma que, de acuerdo con la percepción de seguridad emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares, en el Catatumbo “no es favorable realizar labores de desminado humanitario”. El documento enfatiza que el ejército ha desminado en operaciones puntuales. Así, en 2016 desactivó 47 artefactos explosivos no convencionales; en 2017, 250; en 2018, 357; y en 2019, 809.
En los últimos meses, el Gobierno nacional ha puesto sus ojos en el Catatumbo para mejorar el orden público y ofrecer oportunidades de desarrollo económico y social. Y hace pocas semanas el filántropo estadounidense Howard Buffett donó 46 millones de dólares para construir vías terciarias. Una buena noticia, pero para concretarla se necesita solucionar el problema de las minas antipersonal. Porque como dijo un habitante de la región, “Cómo podemos sacar nuestros productos si los caminos están minados”.
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente
