El conflicto tras la imagen del indígena que amenazó a un soldado con machete

Un indígena nasa le puso un machete en el cuello a un soldado, mientras otros uniformados intentaban disuadirlo disparando sus fusiles contra el suelo. La imagen le dio la vuelta al país esta semana y se convirtió incluso en motivo de debate entre los candidatos presidenciales. El primer mandatario, Juan Manuel Santos, también se refirió a lo sucedido y condenó la violencia contra el militar. 

El choque ocurrió en la hacienda Miraflores, en el norte del Cauca. Pero ese hecho no se agota en sí mismo. Esconde un conflicto por la tierra que ya lleva décadas y de cuya resolución depende la tranquilidad y el desarrollo en una zona clave del país para la implementación de la paz. 

Los reclamos indígenas de la tierra en el Cauca son centenarios, pero empezaron a tomar la forma que tienen hoy a comienzos del siglo XX, con la aparición de la figura de Quintín Lame. Y durante décadas de conflicto ha salido a relucir una y otra vez el nombre de Miraflores, pero también de otro grupo de haciendas, como La Emperatriz, Japio o Las Margaritas, todas ellas pretendidas como propias por estas comunidades ancestrales.   

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Los nasa, que tienen 20 resguardos establecidos en el Cauca, llevan más de 40 años en un proceso que denominan como la liberación de la madre tierra. La decisión de recuperar el territorio que consideraban propio se afianzó en 1971, explica Feliciano Valencia, líder de esa comunidad, cuando se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que tenía entre sus objetivos recuperar la tierra de los cabildos e incluso ampliarlos.

Pero a la par que avanzaban los reclamos, se recrudeció la violencia contra los líderes de esa comunidad con la aparición de distintos actores armados en la zona, en especial las paramilitares del Bloque Calima. Muchas de sus figuras fueron asesinadas y el conflicto escaló hasta la masacre del Nilo, perpetrada por autodefensas y policías en 1991.

Ese hecho marcó un punto de inflexión en este conflicto porque, como reparación por la participación del Estado en el asesinato de 21 personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medió para que se comprometieran 15.000 hectáreas tierra para los nasa. 

Ahí empezaron las demoras y los incumplimientos que, a hoy, siguen siendo el motivo que esgrimen los indígenas para invadir los terrenos privados y manifestarse. Al Estado le tomó casi 20 años entregar la tierra. En 2009 hubo un nuevo acuerdo para darles 40.000 hectáreas más y, para cumplir la meta, el Gobierno aseguró que les asignaría 8.000 cada año. A la fecha el acuerdo sigue solo en el papel y, para exigir su cumplimiento, los indígenas ocupan desde hace 5 años algunas de la haciendas que pretenden, como Miraflores, según explica Valencia. 

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Pero conseguir la tierra para los indígenas tiene bastantes complejidades en la zona, donde no hay baldíos para entregar. El norte del Cauca está lleno de cultivos de caña de azúcar (más de 50.000 hectáreas), ubicados en propiedades de los ingenios o en terrenos arrendados por los mismos. Y la mayoría de esos privados que poseen las tierras a las que aspiran los nasa no quieren vender, y menos en medio del ambiente tenso que ha habido en la zona durante los últimos años. 

A eso se suma que los afro presentes en el norte del Cauca también exigen terrenos para sus consejos. Por eso, desde la Agencia Nacional de Tierras han cifrado la dificultad de responder a las peticiones explicando que para cumplir con las pretensiones de las comunidades sería necesario construirle un segundo piso al Cauca.

Actualmente, a la par que continúan las invasiones a esas propiedades, el Gobierno y los indígenas mantienen una nueva negociación con la que se aspira a resolver definitivamente el lío histórico. Los acercamientos se afianzaron a principios de 2017, con intermediación del vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo, y también con la participación de los nasa y el gremio de la caña de azúcar, que ha perdido millones a causa de las invasiones y los bloqueos a las vías, especialmente a la Panamericana. El acuerdo que avanza, además de zanjar las diferencias por la tierra, pretende implementar un plan de desarrollo social en al región. 

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El problema es que, según fuentes que conocen el proceso de cerca, los indígenas no están cohesionados alrededor de esa negociación, y hay algunos que incluso se oponen. Por eso mismo, los que apoyan la ocupación de las tierras y las vías de hecho tampoco son todos los miembros de los resguardos del departamento. 

La resolución de ese conflicto también es clave para que se frene la violencia en la zona, definitiva para la implementación de la paz no solo por su pasado, sino también por la presencia de grupos armados ilegales, de cultivos ilícitos y de narcos. Según Feliciano Valencia, en los choques con las autoridades, en los últimos dos años, 52 indígenas han resultado heridos. La Fuerza Pública también ha puesto su cuota. 

A eso se suma que, luego del desarme de las Farc, en el norte del Cauca han aparecido disidentes de esa exguerrilla y miembros del Eln. Y circulan panfletos que vinculan los reclamos de los indígenas con los grupos armados ilegales y que ponen en peligro a quienes se manifiestan. Por eso, el debate sobre la agresión de los indígenas a los soldados, en el fondo, guarda una discusión mucho más compleja de la que depende el futuro de toda una región.