Cauca: sigue la espiral de asesinatos contra líderes sociales

La covid-19 acapara los titulares en Colombia mientras el Cauca vive su propia pandemia, lejos de los reflectores. En este departamento, cada tres días muere asesinado algún líder social o defensor de derechos humanos que se atreve a rechazar a los violentos o a plantar proyectos comunitarios para no depender de una economía ilegal.

Cada tres días, sin falta, sale la misma noticia: asesinan a un líder social en Cauca. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2020 las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo han matado a 59 personas que ejercían algún tipo de liderazgo comunitario. A cinco meses de terminar el año, la cifra está a solo 13 muertes de sobrepasar los asesinatos de líderes ocurridos en todo 2019 en ese departamento.

Han fallecido presidentes de juntas de acción comunal, dirigentes campesinos y gremiales, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Los asesinan en forma atroz. Los criminales buscan acabar con el individuo y enterrar de tajo cualquier asomo de procesos de organización comunitaria. “Por eso atentaron contra don William, porque él estaba conformando una cooperativa para que la gente dejara de sembrar coca”, cuenta un líder social del municipio de Sucre.

Se refiere a William de Jesús Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quitelo. Él y otros campesinos creyeron posible quitarle espacio a la coca para sembrar frutas y hortalizas. Creían que sin cultivos ilícitos la violencia se marcharía. Los vecinos se reunían cada vez con más constancia. Unos pedían sembrar yuca industrial, otros querían apostar por la piña. Su optimismo crecía rápidamente, pero se desmoronó en menos de 20 minutos el sábado 25 de julio, a las siete de la noche. William veía televisión con sus dos hijas y su esposa. Dos hombres con armas largas se asomaron por un barranco y desde ese lugar dispararon, aprovechando que la puerta de la sala estaba abierta.

El presidente de la Junta de Acción Comunal alcanzó a lanzar al piso a sus pequeñas y las cubrió con el cuerpo. Pudieron correr a casa de uno de sus vecinos. Llegaron todos bien, a excepción de William, quien tenía heridas leves. Cuando todo pasó, empacaron unas pocas prendas en una maleta y salieron rumbo al casco urbano de Sucre, en un recorrido sin retorno.

“Aquí no se puede hablar de más, porque esa gente tiene ojos y oídos en todos lados. Lo malo es que uno sabe quién dispara y por qué, y está claro que ellos no hablan, asesinan. Quieren una comunidad dispersa y temerosa”, dice desde el anonimato un líder social de Argelia, sur de Cauca.

Esa zona es la más impactada por la violencia este año. Hasta hace 24 meses el control de la siembra, producción y transporte de cocaína estaba en manos del frente José María Becerra del ELN, pero a mediados de 2019 llegaron las disidencias con el frente Carlos Patiño. Esas estructuras se enfrentaron en zonas apartadas hasta por tres días sin parar. El ELN no aguantó el ritmo de batalla y se replegó hacia La Cordillera en Nariño, departamento vecino.

En los primeros días de 2020, a la zona también llegó la autodenominada guerrilla Segunda Marquetalia, que tiene entre sus comandantes a Iván Márquez, a alias el Paisa y a Jesús Santrich. Le exigieron al frente Carlos Patiño subordinarse ante ellos. Pero para las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz estos tres jefes guerrilleros son traidores de la causa. Desde antes de retornar a las armas, ya les habían puesto precio a sus cabezas.

El sur del Cauca tiene todo lo que los grupos armados desean: grandes cultivos de coca, pasos porosos a otros departamentos, olvido estatal y un corredor amplio para poner la droga en semisumergibles que terminan en Centroamérica. El Ejército les ha dado golpes certeros, pero insuficientes para instaurar el orden.

En medio de esas disputas, los líderes han levantado su voz para evitar que el tejido social se corrompa por estructuras con filosofía de carteles mexicanos. A la lideresa Yaneth Mosquera, galardonada Mujer Cafam en 2007, la han amenazado todos los actores armados del Cauca. Su lucha por empoderar a la comunidad, defender los territorios y evitar desplazamientos masivos se ha convertido en una piedra en el zapato para quienes quieren hacer de la violencia el único medio de comunicación.

Yaneth Mosquera, lideresa afro y mujer Cafam, sobrevivió a un atentado.

Después de más de 500 panfletos, el martes en la madrugada lanzaron una granada contra la casa de su hija, en el municipio de Patía. Yaneth había llegado a ese lugar en la noche. Habían estudiado sus movimientos y no les importó que en la vivienda estuvieran menores de edad. El artefacto explosivo acabó con el jardín y deterioró la fachada. La lideresa y su familia salieron ilesas.

“A mí me quieren matar por reclamar nuestros derechos, por proteger a nuestra comunidad, por ser la voz de los que no tienen voz”, dice Yaneth. Agrega que, aunque haya sido un mensaje para dejar su territorio, no lo hará: “Me da miedo morir, y no por covid, porque sé que el virus no me va a matar, sino en manos de alguien que yo no sé quién es, dónde está, y que no me dé la cara para decirme por qué me quiere matar”.

Si por el sur llueve, en el norte no escampa

Cauca, con 230 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en los últimos cuatro años, encabeza la lista de los departamentos más violentos de Colombia. Antioquia ocupa el segundo lugar con 133 casos, según el más reciente estudio de Indepaz.

En 2016, cuando las Farc entregaron las armas, Cauca registró cinco homicidios de líderes. Para 2017 ese número creció a 33 y en 2018 a 59. La curva de la otra pandemia en ese departamento se desbordó en 2019 con 72 líderes asesinados. Y aún el pico no está a la vista. De continuar con el actual ritmo de muerte, 2020 terminaría con la lamentable cifra de 100 personas asesinadas en un solo departamento por ejercer liderazgo comunitario.

La mayoría de esos 230 asesinatos se han registrado en el norte del departamento entre los municipios de Miranda, Corinto, Toribío y Caloto, que conforman el ‘triángulo de la marihuana’. En estos territorios despacha la temible columna disidente Dagoberto Ramos, que, además de atentar contra líderes sociales y dirigentes campesinos, ha emprendido el macabro plan de exterminio de las autoridades indígenas.

Ellos controlan las grandes hectáreas y los laboratorios de procesamiento de marihuana tipo creepy. La masacre de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cinco comuneros dejó claro su nivel de sevicia. Los líderes, a pesar del riesgo, se han mantenido en sus territorios. La víctima 230 de ese trágico listado murió a manos de la columna Dagoberto Ramos. Se llamaba José Gustavo Arcila Rivera.

José Arcila era dirigente campesino. Lo asesinaron en Corinto.

Lo mataron mientras trabajaba en su parcela de la vereda Cominera, corregimiento El Jagual, Corinto. Los asesinos entraron a sus predios, esculcaron la casa y luego desfilaron hacia la finca, donde un informante les dijo que estaba la víctima. No le preguntaron nada, solo lo balearon. José era miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuario (Fensuagro).

Al igual que William, José buscaba alternativas agropecuarias para que su gente se olvidara de los cultivos ilícitos. Sin ese factor ilegal no hay violencia en la región, pensaba. Los grupos armados también lo saben y, por eso, no permiten que en la zona haya otra forma de ganarse la vida. La droga es el combustible para perpetuar la barbarie, y pasarán por encima de cualquiera que pretenda cambiar las cosas. Los líderes del Cauca viven, de lejos, su peor pandemia.