Cayó Jimmy Leal, cabecilla de la Segunda Marquetalia en Caquetá, responsable de ataques a comerciantes que no accedían a extorsiones

Wilmer David Celeita Morales, alias Jimmy Leal, cabecilla de la autodenominada Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc en Caquetá, fue capturado y puesto bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, según lo ordenó un juez de control de garantías, en respuesta a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Alias Jimmy Leal fue imputado por el ente acusador por su presunta responsabilidad en una serie de ataques dirigidos contra el comercio, el transporte de carga y pasajeros, el sector ganadero y la población civil, con el propósito de presionar el pago de extorsiones. De acuerdo con las investigaciones, sus actividades criminales se centrarían en los municipios de Florencia, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico, en el departamento de Caquetá, así como en Algeciras, en Huila.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General, el pasado 12 de septiembre, alias Jimmy Leal habría ordenado la quema de un vehículo perteneciente a una empresa de transporte intermunicipal de Caquetá, cuyos propietarios se habrían negado a cumplir con las exigencias económicas impuestas por el grupo ilegal.

El arresto de Celeita Morales se llevó a cabo mediante una operación conjunta con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la vereda Norcasia, ubicada en Florencia, Caquetá. Durante el operativo, se incautaron teléfonos celulares de alta gama, armas de fuego y recibos que supuestamente corresponden al cobro de extorsiones, algunos de los cuales ascienden a la suma de 2.000 millones de pesos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales formuló cargos contra alias Jimmy Leal por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado en su calidad de cabecilla, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como extorsión. Celeita Morales no aceptó los cargos presentados en su contra.

Según trascendió, los registros oficiales indican que él fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, pero posteriormente se habría reintegrado a actividades clandestinas. Por eso, deberá permanecer recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Disidencias pretenderían atentar contra oleoductos

Por otro lado, en una operación conjunta que involucró al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército Nacional y el apoyo de la DEA, se logró un importante avance en la lucha contra grupos armados ilegales en Colombia. La operación se llevó a cabo, el pasado 13 de septiembre, en la zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño, donde se ubicó y decomisó un peligroso artefacto explosivo improvisado.

El artefacto, con un peso aproximado de un kilogramo, estaba equipado con un detonador no eléctrico y una mecha de seguridad de fabricación extranjera. Su localización en un tramo del oleoducto en la región planteaba un grave riesgo para la comunidad y la infraestructura circundante.

Además del hallazgo del artefacto explosivo, la operación reveló la existencia de una caleta oculta entre la maleza, donde se encontraron 40 kilogramos de explosivos, una barra de explosivo aluminizado tipo indugel, dos detonadores y 250 minas antipersonal. Estos elementos representaban una amenaza inminente para la seguridad de la zona.

Según las primeras investigaciones, se presume que este material bélico estaría vinculado a la columna Urías Rendón de las disidencias de las Farc y se considera de alta peligrosidad debido a su almacenamiento al aire libre, lo que aumenta el riesgo de una activación accidental y potencialmente catastrófica.

La evidencia técnica recopilada sugiere que estos explosivos tenían la intención de ser utilizados en ataques contra la infraestructura petrolera en el sur del país, así como contra instalaciones militares y el aeropuerto La Florida de Tumaco, Nariño.

Un fiscal del Cuerpo Técnico de Investigación llevó a cabo la legalización del decomiso del material bélico ante un juez con funciones de control de garantías en Nariño. De acuerdo con las normativas vigentes, se procedió a la destrucción segura de estos elementos, garantizando así la seguridad de la comunidad y la preservación de la infraestructura en la región.