Así destaparon el escándalo de Cemex en Colombia

Un escándalo en Colombia ha desatado un temblor en la multinacional cementera mexicana Cemex. El pasado viernes 23 de septiembre, la empresa dio a conocer que una auditoría interna le permitió detectar una serie de violaciones a su código ético en la compra de un gigantesco terreno en el municipio de Maceo, Antioquia, donde construye desde hace cuatro años una nueva planta de cemento.

El caso podría tener dimensiones imprevistas, pues involucra pagos presuntamente irregulares por más de 20 millones de dólares y podría estar relacionado incluso con José Aldemar Moncada, un empresario de la chatarra condenado por defraudar a la Dian, vinculado con el hoy preso ‘zar‘ de la Chatarra, James Francisco Arias, y asesinado el pasado mayo.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, y en Cemex Colombia ya rodaron las primeras cabezas. El viernes, la empresa informó que despidió al vicepresidente de Planeación, Édgar Ramírez Martínez, y al representante legal, Camilo González Téllez.

El escándalo escaló a tal nivel que también condujo a la salida del director ejecutivo en el país, Carlos Jacks Chavarría, quien renunció a su cargo el viernes. Jacks Chavarría tenía un largo y respetado recorrido en la multinacional. El ingeniero mexicano había estado 24 años en Cemex y había dirigido las operaciones en Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico, antes de tomar el mando en Colombia en 2011.

Una denuncia anónima

Hace cerca de cinco años, Cemex se propuso abrir una factoría cerca de unas minas de caliza en el municipio de Maceo, en Antioquia. El cometido era de importancia estratégica y global para la multinacional, pues se trataba de la segunda planta más grande de Cemex en el mundo, capaz de producir hasta 1 millón de toneladas métricas de cemento al año. Requeriría una inversión de más de 360 millones de dólares, y la idea era tenerla lista a finales de 2016 o, a más tardar, a comienzos de 2017.

El proyecto arrancó, y lo primero que hizo la empresa fue identificar una zona franca de 442 hectáreas muy cerca de la mina de caliza. Luego decidió comprar el 100 por ciento de las acciones de la zona para poder construir la factoría y extraer la roca. Finalmente, mediante un memorando de entendimiento, Cemex adquirió un compromiso de compra con la propietaria de las acciones, la empresa C. I. Calizas.

Poco después de esa firma, sin embargo, Cemex se enteró de que C. I. Calizas se encontraba en un proceso de extinción de dominio al haber pertenecido al multimillonario chatarrero José Aldemar Moncada, entonces condenado por defraudar a la Dian.

La multinacional negoció con la vieja Estupefacientes, y con el pago simbólico de una arriendo de un millón de pesos y el compromiso de velar por el terreno hasta la solución de la extinción de dominio, logró comenzar a trabajar en la construcción de la planta.

En este punto, la casa matriz en México le dio visto bueno al megaproyecto, y su ejecución quedó a cargo de Cemex Colombia.

El pasado febrero, sin embargo, las alarmas se encendieron en la casa matriz. Un sistema interno de vigilancia y transparencia llamado Ethos Line (en español: Línea Ética), que la multinacional montó hace algunos años para combatir la corrupción, recibió una denuncia anónima relacionada con la mina en Antioquia.

Esta llegó de inmediato a un equipo de auditores en México, quienes, dada la gravedad de los hechos, tomaron medidas y la escalaron. La acción llevó a que un equipo especial internacional viniera a Colombia a investigar y preparar un informe preliminar, que estuvo listo el pasado julio. Un grupo más de auditores revisó luego ese informe y entregó, hasta hace pocos días, las conclusiones finales. El asunto, según le contó a Semana.com un conocedor del caso, “vino a reventar el viernes”.

El intermediario del chatarrero

El resultado de la auditoría cayó como una bomba en los altos niveles de la compañía. A pesar de que el terreno estaba en proceso de extinción de dominio y que había un acuerdo para usarlo en arriendo, Cemex Colombia le hizo millonarios pagos a un tercero. Todo sin informar a las directivas y el Holding en México.

Según el abogado de Cemex, Jaime Granados, “la gran sorpresa fue que se le pagó a un tercero, a un señor llamado Eugenio Correa”. Este habría recibido en varias tandas pagos que sumarían un total de 20,6 millones de dólares. “Todo esto, y esto es importante, no fue informado mediante los conductos superiores de la organización”, dice Granados.

La grave omisión de los protocolos internos de la empresa les habría costado el puesto a Ramírez Martínez y a González Téllez y habría dejado en una situación insostenible al director Jacks Chavarría. Para Granados, la conclusión de la auditoría es que hubo “una colusión aparentemente entre ellos o algunos de ellos y Eugenio Correa”.

Pero la historia podría tener un agravante. Durante la auditoría, Eugenio Correa, el receptor del dinero, apareció como representante apoderado de C. I. Caliza y socio del chatarrero José Aldemar Moncada, quien después de pasar un tiempo en detención domiciliaria fue asesinado por sicarios el pasado mayo.

Por ahora queda en manos de la Fiscalía desentrañar lo que se oculta detrás de las transacciones en cuestión entre Cemex Colombia y un personaje aliado con un criminal condenado y asesinado que había tenido vínculos con el ‘zar‘ de la Chatarra. La investigación de la justicia también permitirá saber qué sucederá con los ejecutivos presuntamente implicados. Mientras tanto, la multinacional deberá luchar contra la tormenta que ha desatado este escándalo sin precedentes en su historia.