Centro Democrático propone que vía referendo se puedan tumbar sentencias de la corte

El Centro Democrático propone un acto legislativo para modificar la Constitución en este sentido. La iniciativa es de autoría del representante Álvaro Hernán Prada, del partido del expresidente y senador Álvaro Uribe. La propuesta sugiere que, vía referendo, se puedan modificar o tumbar las decisiones de la Corte Constitucional.

La iniciativa plantea adicionar un parágrafo al artículo 377 de la Constitución, en el que se especifican las reglas del referendo. "Parágrafo: Cuando la Corte Constitucional mediante un fallo interprete materias referidas a los derechos reconocido en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, la ciudadanía podrá solicitar mediante un referendo que se anule dicha interpretación, si la considera contraria a sus principios fundamentales. Y se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral y cumplan las exigencias del artículo 155 de la Constitución política", se lee en el documento radicado el 18 de septiembre.

Según explicó el representante Prada, esta iniciativa permite que mediante referendo se puedan derogar no solamente leyes, sino también sentencias de la Corte Constitucional "cuando se afectan derechos fundamentales, como nos ocurrió con el fallo con el cual tenemos diferencias grandes sobre la protección a nuestros niños relacionados con el consumo de drogas". Es decir, la que dejó sin efecto dos artículos del Código de Policía en el que se basaba el decreto que prohibía el consumo y porte de drogas en espacios públicos.

El representante Prada no reveló los nombres de quiénes son los otros firmantes. "Lo elaboré y lo socialicé con varios de los colegas que me lo firmaron", explicó en La FM. Al ser consultados algunos representantes uribistas aseguraron que no sabían de qué se trataba. "Me enteré por los medios de comunicación", dijo Gabriel Vallejo.

SEMANA conoció la lista de firmantes del proyecto, se trata de diez congresistas, entre los que no se encuentra el senador Álvaro Uribe: José Vicente Carreño Castro, Juan Pablo Celis Vergel, Enrique Cabrales Baquero, Esteban Quintero Cardona, John Jairo Bermúdez Garcés, Margarita Restrepo Arango, Rubén Darío Molano Piñeros, Yesica Sugein Acosta y John Jairo Berro.

"Estoy convencido en que hay que apostarle a la institucionalidad de nuestro país y en ese orden de ideas la Corte Constitucional ha sido, es y tendrá que seguir siendo el órgano de cierre", aseguró el representante uribista Ricardo Ferro, quien no está de acuerdo con la iniciativa.

La iniciativa no tendría un camino fácil en el Congreso, desde ya varios legisladores advierten que en una medida extrema que afectaría a todo el aparato judicial. Las reacciones contra la propuesta del uribismo no se hicieron esperar. El senador Iván Cepeda (Polo) aseguró que es inconstitucional modificar las sentencias vía referendo y que además es "un ataque directo a las altas cortes y a la independencia judicial. Un desconocimiento totalitario del Estado Social de Derecho".

No es la primera vez que el uribismo intenta modificar a las altas cortes. Hace exactamente un año, Uribe firmó un proyecto de reforma a la justicia que su partido radicó en el Senado para convertir a las altas cortes en tribunales de segunda instancia, y a la Corte Constitucional en el Tribunal Supremo. 

La idea surgió desde la campaña presidencial y pretendía unificar en un solo organismo a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objeto de mejorar su eficiencia y evitar, supuestamente, el choque de trenes.

El proyecto, en el que participaron diez congresistas del Centro Democrático entre ellos Uribe y Paloma Valencia, buscaba que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado pasaran a ser tribunales. Por ejemplo, se establecería el tribunal superior para la materia civil, el tribunal superior penal y el tribunal superior administrativo, que tendrían la función de ser el órgano de cierre de cada jurisdicción.

La reelección es por supuesto el tema que más expectativas genera. Aunque es verdad que buena parte del uribismo quisiera que volviera el expresidente al poder, el camino político y jurídico de esa apuesta es largo y complejo. Primero, tendría que pasar este acto legislativo que necesita 8 debates y que luego debe ser analizado por la misma corte. Si llegara a ser aprobado, habría que comenzar el proceso de un referendo para anular a sentencia de la corte que prohibió la reelección, y que necesita que se tramite una ley adicional en el Congreso, la cual por obvias razones encendería una polvareda política y en el cual el Centro Democrático tendría minorías en esas votaciones, como lo han demostrado los primeros años del Gobierno Duque.

Si pasa esa prueba, el tema tendría que ir a las calles, y pasar una mayoría que hoy es la cuarta parte del censo electoral. Por cuenta de este alto requisito, en Colombia nunca ha pasado un referendo. Y a eso se suma que esa ley que convoca el referendo tendría que pasar por la corte previamente, que ya se pronunció en contra de la reelección.