Vías de nadie en el centro histórico de Cartagena

Es viernes en la noche y el ambiente apenas se está calentando en las calles del centro histórico de Cartagena. Hacia las ocho de la noche, por la plaza de los Coches, detrás de la emblemática Puerta del Reloj, comienza el recorrido de jóvenes mujeres que, vestidas de manera sugerente, reciben propuestas indecorosas, mientras las familias con niños prefieren recogerse.

La escena es un clásico a la hora de hablar de los problemas de la ciudad, pero también comprueba la inequidad que allí se vive. Ni la acción de las autoridades que hacen presencia en ese sitio turístico ni las sonadas operaciones de la Fiscalía contra las organizaciones dedicadas al proxenetismo han cambiado este flagelo. Sus principales víctimas son las propias mujeres que ejercen el trabajo sexual.

“Ha mermado, pero la problemática continúa”, dice una habitante del sector que pide el anonimato a sabiendas de la gravedad del tema y de los poderosos intereses que se mueven detrás. El debate diario de la ciudad, como reflejan los medios de comunicación locales, versa sobre la creación de zonas de tolerancia por fuera del centro histórico. Esto choca de frente con la realidad de que no hay un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado que lo permita, debido a la inestabilidad administrativa que ha vivido la metrópoli en los últimos años.

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Con todo, ese no sería el reclamo más sentido de los pobladores, comerciantes y hoteleros del centro histórico. Estos han visto con preocupación cómo en dos calles, la del Colegio y la del Porvenir, se han concentrado todos los males: prostitución, microtráfico, rumba desenfrenada, caos de los taxistas buscando pasajeros y escenas de desórdenes a la salida de algunos establecimientos. Resulta evidente el riesgo de que la criminalidad –pues detrás de la prostitución y el microtráfico hay mafias, e incluso bacrim como el Clan del Golfo– se tome el patrimonio histórico y afecte el turismo familiar, la principal actividad económica de la ciudad.

Ruidosa polémica

SEMANA visitó ambas calles y presenció de primera mano los desórdenes que afectan gravemente la convivencia de los habitantes del sector y los establecimientos turísticos. En uno de ellos, justamente, la vibración de paredes y pisos por cuenta del alto nivel de la música hace imposible dormir en las habitaciones durante la noche y la madrugada. 

“El asunto se agrava porque el tipo de construcción colonial y los materiales empleados favorecen la presencia de agua. Por el nivel freático, por la vejez y por la humedad del ambiente, todo se convierte en un medio perfecto para amplificar el ruido y hace que cualquier tipo de insonorización fracase”, dijo la dueña de uno de los hoteles afectados, que pidió también no revelar su identidad.

“Hemos tenido varios abogados que nos han ayudado con el tema, pero extrañamente a los dos o tres meses desaparecen. No sé qué hay detrás de eso, no vuelven a contestar el teléfono y se hacen negar en sus oficinas. Tratamos de tener acercamientos con los dueños de las discotecas y conciliar, aunque la paz nos duró solo tres días. La policía viene, les hace bajar el volumen; pero apenas ellos cruzan la esquina, vuelven a subirle. Solo resta acudir a interponer una querella ante la inspección de Policía, mas no pasa nada”, añadió la empresaria.

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Griselda, una turista argentina que en la noche llegó directamente a descansar a su hotel, se quejó de la situación. “Las paredes temblaban. Llamo a la recepción, donde amablemente me dicen que el ruido proviene de una discoteca. Yo vengo de vacaciones, con el ahorro de un año y he pagado el hotel para descansar como en cualquier parte del mundo, pero parece que en Cartagena están permitidos los ruidos molestos; cada cual hace lo que quiere. Los que visitamos esta ciudad maravillosa nos encontramos con este problema”, dice. Reseñas en plataformas usadas por viajeros, como TripAdvisor, dan cuenta de esta situación.

Si bien el POT de Cartagena no admite discotecas en el centro histórico, estas le han hecho el quite a la norma con el ropaje de restaurantes y clubes sociales, algo que la administración distrital hasta cierto punto ha tolerado. En el gremio local, varios de ellos asociados a Asobares, hay empresarios que han invertido millones en la insonorización y se han negado al ingreso de drogas o prostitución a sus negocios, aunque mantienen temas pendientes como las salidas de emergencia.

Rumba, sexo y drogas

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria Cely, dijo que en el sector confluyen varios derechos constitucionales, entre ellos la libre circulación, el libre desarrollo de la personalidad, a la actividad económica, y los que corresponden a niños y adolescentes que de alguna manera comparten en el mismo espacio.

“Allí se genera una situación de falta de convivencia, en la que la Policía debe entrar a mediar para lograr un orden proporcional frente a esos derechos”, declaró el oficial. Indicó que esto se ha prestado para el surgimiento de delitos como el tráfico de drogas, el proxenetismo y la explotación sexual de menores de edad.

La polémica, sin embargo, se centra en las quejas contra dos establecimientos ubicados en la calle del Porvenir, que al parecer operan como restaurantes con toda la documentación en regla. No solo serían responsables de la ruidosa rumba, sino que además permitirían la prostitución en sus locales, así como el ingreso de drogas, lo que representaría un atractivo paquete para cierto tipo de turistas. Así lo presenciaron periodistas de esta revista, quienes lo constataron con varios testimonios. SEMANA intentó contactar a los dueños y administradores de los lugares, pero no respondieron a sus celulares.

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En la zona cumplen un papel clave los llamados pregoneros: hombres y mujeres jóvenes que se ubican en las esquinas y que mandan en la calle a su antojo. Acosan a los turistas para ofrecerles sitios de rumba –que les pagan comisión por el consumo del cliente–, ofrecen drogas y mujeres, y controlan con vallas oficiales, por no menos de 20.000 pesos, el acceso a las calles de los taxis que llevarán de vuelta a los turistas a sus hoteles. Uno de ellos reveló que usualmente ofrecen dosis de estupefacientes. Buena parte de ellos, así como de las trabajadoras sexuales, tienen origen venezolano.

Pero una vez termina la rumba, hacia las cuatro de la mañana, el ruido tampoco cesa. A esa hora los taxistas, que han esperado durante horas, inician un verdadero concierto de pito para apurar a sus compañeros que están en el turno de recoger pasajeros, en medio de la horda de turistas alicorados que fácilmente inician peleas, consumen drogas y no dudan en calmar sus necesidades fisiológicas en la calle.

“Acá pasa de todo. Se atenta contra la seguridad y la tranquilidad de quienes residen en el sector. Hay peleas, se ve mucha prostitución, el accionar de los pregoneros, que usan la calle como baño público. Uno no entiende si hay autoridad y para qué está el Código de Policía, porque vienen los agentes y no sucede nada”, dijo un trabajador habitual de la zona.

Una propietaria de uno de los costosos inmuebles del centro histórico, que ha residido en él por 15 años, soportando el ruido en los últimos 6, mencionó que los fines de semana debe irse de su casa para poder dormir. “Soy una desplazada de lo que llamo ‘el terrorismo auditivo’, medí el sonido y son más de 100 decibeles. Hay, además, gente, borrachos, droga, menores de edad en esos negocios, prostitución. Y no hay nada que se pueda hacer. Esto me genera angustia, sueño, depresión…”.

El trabajo decidido de la Policía en las últimas semanas ha incluido el cierre de sitios de rumba, el decomiso de varios kilos de cocaína y 17 capturas, destacó el alcalde encargado Pedrito Pereira. Justamente en estos días, funcionarios y uniformados han realizado operativos de control de ruido y de narcóticos en diferentes sitios. Complementan la estrategia con investigaciones penales de la Fiscalía.

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Sin embargo, esa labor se ha visto opacada por la inacción de las inspecciones de Policía y de algunos uniformados. “Lastimosamente, tenemos informaciones de inactividad de algunos policías que se traduce en un prevaricato por omisión, pues no aplican las normas. Hemos llamado a algunos uniformados a rendir cuentas a través de la Oficina de Control Disciplinario”, concluyó el general Sanabria.

Según el alcalde Pereira, su administración realiza operativos constantes en el sector, especialmente en las calles del Colegio y del Porvenir. “Cartagena tiene que tomar una decisión estructural en su nuevo POT y en el Plan Especial de Manejo del Centro Histórico, que definirán qué actividades se podrán realizar en ese sector. No se va a permitir que ningún establecimiento viole las normativas. No nos vamos a dejar amilanar”.