Centros de salud en Nariño: elefantes blancos de dos cabezas

Lo que prometía ser una solución para la atención en salud de la comunidad awá en Nariño, se convirtió en un elefante blanco de dos cabezas. La Gobernación de ese entonces, en cabeza de Raúl Delgado, planeó hacer dos centros de salud que beneficiarían a la población indígena, uno en la vereda Llorente, de Tumaco, y el otro en Buenavista, del municipio de Barbacoas. Ambos con recursos de regalías.

En plena pandemia, los indígenas awá son atendidos en lugares improvisados, como carpas, e incluso deben pedir prestados los salones de clase de las escuelas para atender a los pacientes. “La infraestructura que tenemos no es adecuada para los usuarios, no cumplimos con todos los requisitos de habilitación. Son empíricas, los pacientes son los que más sufren. Atendemos en carpas, al aire abierto, en las escuelas. No podemos dejar morir a la gente en la calle. Estamos atendiendo en forma infrahumana. Nosotros esperábamos que esa obra se entregara”, dijo a SEMANA José Arturo García, consejero de Salud de Unipa, la asociación de autoridades indígenas awá.

Los centros de salud se contrataron a finales de 2015 y, según la Contraloría, hubo errores de planeación de los dos proyectos, porque los estudios previos que realizó la Gobernación tenían errores. Para el centro de salud indígena Unipa de Llorente, que valía 707 millones de pesos, se realizó un giro del 40 por ciento como anticipo, es decir, 283 millones de pesos, pero nunca se culminó.

Lo que sucedió es que las coordenadas de ubicación de la obra eran erradas, es decir, en los estudios previos la Gobernación no verificó dónde sería la construcción. Y cuando el contratista llegó, no coincidían. Así que la Gobernación decidió “recalcular” el diseño. Aun así, el contratista alegó que la obra valía más de lo acordado, porque en el lugar no estaban habilitados los servicios públicos.

“Esta falta de diligencia y cuidado en la planeación de la obra afectan la culminación del proceso de construcción por subvaloración de la obra y falta de credibilidad en el diseño estructural realizado. Por lo anterior, se suspende la construcción”, asegura la Contraloría.

La construcción se suspendió en mayo de 2016. Al sol de hoy, en la vereda Llorente quedan algunas columnas y vigas entre la maleza de lo que iba a ser el centro de salud. De Pasto al resguardo Turbia, donde iba a quedar la construcción, se debe andar en carro cinco horas. Justamente ese era el propósito del proyecto: beneficiar a los indígenas awá que tienen que desplazarse hasta la capital para ser atendidos cuando requieren atención médica más especializada. La Contraloría General de la Nación catalogó la obra como un elefante blanco.

La actual Gobernación asegura que está tratando de sacar adelante el centro de salud de Llorente. El secretario de Planeación de Nariño, Euler Martínez, dijo a SEMANA que hicieron grupos de trabajo y calculan que las obras se podrían reanudar el próximo año, porque deben ser previamente aprobadas por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD, por tratarse de recursos de regalías.

Sin embargo, el consejero de salud de Unipa pidió celeridad y respuestas concretas a la comunidad que necesita con urgencia la infraestructura hospitalaria. “Nadie hace nada, nos dicen que se están verificando, que van a hacer una visita técnica, una consulta jurídica. Pero en Llorente no hay problemas, a fecha de hoy con la plata que hay pueden terminar la obra. La gente que no sabe de la necesidad de atención en salud, no sabe del sufrimiento de una familia que necesita atención”, aseguró García.

En el caso del centro de salud indígena Unipa de Buenavista el error es aún mayor, porque existe una disputa del territorio entre la comunidad indígena y el Consejo Comunitario Afrodescendiente, y se dieron cuenta tan tarde de ello que el avance de la obra fue del 44 por ciento cuando se suspendió en mayo de 2016, según el informe de interventoría. Se desembolsaron 191 millones de pesos del total del proyecto que valía 479 millones de pesos.

“El lote donde se inició la construcción no cuenta con los servicios públicos requeridos y la ubicación del mismo en el sitio ocupado por una comunidad indígena generó conflictos interétnicos (...) La obra fue viabilizada con estudios técnicos que contienen fallas de valoración de costos totales, de disponibilidad de servicios públicos requeridos y falta de claridad en la legalidad del terreno del sitio donde se inició la construcción de la obra”, dice la Contraloría en su informe.

Según la actual Gobernación, en el centro de salud de Barbacoas la situación es crítica. Están tratando de llegar a una concertación con el consorcio para liquidar el contrato, para al fin “devolver los recursos” al erario del departamento.