Judicial
Centros Poblados | Emilio Tapia utilizó el dinero del anticipo para lujos y pago de deudas personales
La Fiscalía General le imputó cargos a cuatro personas que participaron directamente en las acciones ilegales que se adelantaron para obtener el billonario contrato.
Este miércoles, la Fiscalía General les imputó cargos a los empresarios Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Juan Fernando Duque y Juan Carlos Ángel Bayona por su presunta participación y responsabilidad en los actos ilegales que se presentaron durante el proceso de licitación del contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información para la creación de 7.277 centros educativos virtuales, así como el uso indebido de 70.000 millones de anticipo del contrato, que tenía un valor de 1,2 billones de pesos.
La delegada del ente investigador anunció la imputación de la siguiente forma: Juan José Laverde Martínez, los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito; Ottomar Lascarro, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares; Juan Fernando Duque, el delito de peculado por apropiación a favor de terceros; y a Juan Carlos Ángel Cáceres-Bayona, el delito de peculado por apropiación.
Tras la pregunta del juez 81 de control de garantías, los cuatros procesados se declararon inocentes. El empresario Emilio Tapia Aldana, uno de los principales implicados en este caso, no se hizo presente en la diligencia judicial por fallas de conexión con la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra privado de su libertad.
Durante la diligencia, la representante del ente investigador puso de presente el hecho que los empresarios y contratistas se valieron de diferentes artimañas para que la Unión Temporal Centros Poblados (conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S). Para esto se presentaron pólizas falsificadas del Banco Itaú para lograr el mayor número de puntos en la licitación convocada por el MinTIC en julio de 2020.
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Igualmente, tras recibir los anticipos para la compra de equipos, los empresarios utilizaron este dinero para gastos personales y financiar proyectos, algo que estaba totalmente prohibido por la ley.
En el caso de Emilio Tapia, recordado por ser uno de los principales implicados en el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, hizo gastos por cerca de 4.500 millones de pesos para compra de vivienda, vehículos, lujos, desembolsos a terceros, préstamos personales e incluso una obra de arte. El contratista, oriundo de Sahagún (Córdoba), habría hechos giros por 300.000 dólares para la compra de experiencia de Omega Buildings e Intec de la Costa.
Por su parte, el empresario Juan Fernando Duque, representante de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, quien trabajaba en la compañía de seguros Rave, permanecen con medida de aseguramiento desde la anterior imputación, en septiembre pasado. El primero está en La Modelo, en Bogotá, y el otro en prisión domiciliaria. Juan Carlos Cáceres Bayona era propietario de Novotic, una de las cuatro empresas de Centros Poblados. Ottomar Lascarro, era quien representaba a Omega Buildings e Intec de la Costa, parte del engranaje.
