Centros Poblados | Empezarán a cantar, tres implicados tocan las puertas de la Fiscalía para contar la verdad y regresar el dinero

Tres de los principales implicados en la celebración del billonario contrato 1043 de 2020, firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados, por un monto de 1.2 billones de pesos —de los cuales ya se perdieron 70.000 millones del primer anticipo—, tocaron las puertas de la Fiscalía General para negociar un principio de colaboración que les permita rebajar una eventual condena en medio de los procesos penales que se le adelantan.

Pese a que ni Juan José Laverde, Juan Fernando Duque y Ottomar Lascarro aceptaron los tres delitos que le imputó la Fiscalía General el pasado miércoles, si pusieron de presente su interés en colaborar con las autoridades para esclarecer lo que ocurrió con ese contrato y a devolver el dinero.

“Quiero dejar constancia que me encuentro en proceso de colaboración y de entrega de la información para buscar la verdad de este proceso y la devolución del dinero”, señaló Juan José Laverde Martínez, quien era el representante de la compañía de seguros Rave, la cual tuvo una participación clave en la presentación de las pólizas falsas que le dieron la ventaja a la Unión Temporal Centros Poblados en el proceso de licitación.

La Fiscalía General adelantó la nueva imputación de la siguiente forma: Juan José Laverde Martínez, los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito; Ottomar Lascarro, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares; Juan Fernando Duque, el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, y a Juan Carlos Ángel Cáceres-Bayona, el delito de peculado por apropiación.

Por su parte, el empresario Juan Fernando Duque, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel Modelo de Bogotá, se declaró inocente y no hizo ninguna salvedad y aclaración tras la pregunta del juzgado 82 de control de garantías. Poco después, su defensa advirtió que se suspendería el proceso de colaboración que adelanta desde hace varios meses si se concreta su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).

Frente a la información que le llegó a la defensa de Laverde se hizo una advertencia al considerar que de ser cierto el dato “el proceso de colaboración con la justicia que tiene por objeto esclarecer la verdad y recuperar los recursos económicos del caso Centros Poblados, se vería en grave riesgo”.

Hace pocas semanas, Duque Torres denunció ante la Procuraduría General que después de ser trasladado a la cárcel La Modelo sufrió una acción que afectó su integridad personal, reseñando que fue gaseado y golpeado por los guardias del Inpec en el conteo de rutina en la celda a la que fue encerrado junto a otras 32 personas.

Los otros imputados

Tras declarase inocente, Ottomar Lascarro, quien representaba a Omega Buildings e Intec de la Costa, manifestó —por medio de su abogado— que se encuentra adelantando conversaciones con la Fiscalía para un preacuerdo de culpabilidad, pero “por razones de simple trámite las vamos a hacer más adelante”.

Juan Carlos Cáceres Bayona, propietario de Novotic —otra de las empresas vinculadas con la transacción del dinero recibido en el exterior—, aseguró que no iba a aceptar los cargos pero que, desde que estalló el escándalo, está colaborando con la Fiscalía General “para que se esclarezca todo y devolver los dineros”.

Emilio Tapia, uno de los principales protagonistas de este escándalo de corrupción no fue imputado debido a que no se pudo realizar la respectiva conexión con la cárcel La Picota.

Por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal deberán responder en juicio los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde por el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.