Nación
Centros Poblados | Empresario habría utilizado anticipo de 9.026 millones de pesos para la compra de vehículos, inmuebles y pago de deudas
Este miércoles se abrió un nuevo proceso por las irregularidades en la licitación del billonario contrato que buscaba llevar internet a escuelas rurales de las zonas más apartadas del país, del cual ‘embolataron’ el anticipo de 70 mil millones de pesos.
Dos años después que estallara el escándalo por las graves irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada la Fiscalía General acusó formalmente a tres empresarios que habrían participado en el caso de corrupción que marcó para siempre al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Ese contrato fue entregado al consorcio Centros Poblados y rápidamente las irregularidades salieron a flote. Quedó claro que el corrupto empresario Emilio Tapia estaba detrás, se supo del trámite de pólizas falsas, desvío del dinero y, finalmente, terminaron enredando más de 70 mil millones del primer anticipo.
En este caso, la Fiscalía acusó a Ottomar José Lascarro Torres y a Juan José Laverde Martínez, quienes deberán responder en juicio por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento público.
Por su parte, Juan Carlos Cáceres Bayona fue acusado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción por el delito de peculado por apropiación. En la audiencia celebrada se indica que habrían incurrido en maniobras ilícitas detectadas en el millonario contrato que tenía como objetivo llevar internet a las escuelas rurales de esas zonas del país.
Lo más leído
En la acusación se indicó que el corredor de seguros, Juan José Laverde Martínez fungió como intermediario para que el empresario Ottomar José Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados (conformada por las empresas Omega Buildings Constructora S. A. S., ICM Ingenieros S. A. S., Intec de la Costa, Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería e Innovación (Funtics), ahora Novotic) con el fin de demostrar la acreditación suficiente frente a la experiencia técnica, financiera y jurídica que exigía la licitación para así quedarse con el contrato avaluado en 1.2 billones de pesos.
Con su actuar, enfatizó la Fiscalía General, se buscó inducir en error a los funcionarios del MinTIC encargados del proceso de licitación que expidieron la resolución de la adjudicación del contrato y avalaron el giro del anticipo por 70 mil millones de pesos.
Las pruebas documentales permitieron evidenciar que estos dineros fueron destinados por parte de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados para asuntos totalmente alejados y contrarios a la compra de equipos técnicos para la conectividad de internet.
Frente a esto se tiene que Cáceres Bayona utilizó parte de los 9.206 millones de pesos para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros; mientras que Emilio Tapia ―uno de los principales protagonistas del carrusel de contratos en Bogotá― utilizó 300 mil dólares para cubrir el pago de comisiones que habían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez.
Fuentes cercanas indicaron que las negociaciones frente a preacuerdos y principios de oportunidad se frustraron debido a la poca información nueva que han ofrecido los ahora acusados.
El polémico preacuerdo
En mayo pasado, Laverde Martínez firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoce su participación en las irregularidades que se presentaron en la licitación del Contrato 1043 de 2020, convocado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entonces en cabeza de Karen Abudinen, y que tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales.
Laverde, quien era el representante de la empresa Rave Seguros, aceptó su participación en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En la negociación se fijó una pena de 48 meses de prisión y el pago de una multa.
En el preacuerdo se realizó también una modificación en la participación del empresario en este caso, pasando de autor a cómplice en el delito de fraude.
Laverde enfrenta otro proceso por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Esto, por las irregularidades en el anticipo de 70 mil millones de pesos que giró el MinTIC para la compra de equipos para los centros virtuales que buscaban llevar internet a las escuelas de bajos recursos.
