Centros Poblados: esta es la millonaria multa que deberá pagar Emilio Tapia

Este sábado, la Superintendencia de Sociedades declaró a Emilio Tapia como controlante de ICM Ingenieros S.A.S. en Liquidación Judicial y de Omega Buildings Constructura S.A.S; y a Hugo Armando Canabal Hoyos, como controlante de Intec de la Costa S.A.S. en Liquidación Judicial. Se trata de las tres organizaciones que componen Centros Poblados

En la decisión conocida por SEMANA, Tapia deberá pagar una multa superior a 232 milones de pesos. Armando Canabal, por su parte, fue sancionado con una multa de 116.000.000 de pesos.

Según señaló el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, “la declaratoria de control en este caso resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006″.

“El hampón es él”. De esta forma respondió el pasado 20 de octubre la exministra de las TIC; Karen Abudinen a la denuncia que interpuso en su contra el condenado empresario, Emilio Tapia Aldana, para que sea investigada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación, por el escándalo de Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos que fueron entregados como anticipo, para el contrato para llevar internet a regiones apartadas del país.

“La verdad, no tengo ni idea a qué se refiere el señor Emilio Tapia. Lo que sí tengo claro es que yo nunca he cometido ninguno de los delitos que ahora él me endilga. Él sí tiene experiencia en cometer delitos y por eso está detenido y condenado”, señaló la exministra en entrevista exclusiva con SEMANA.

Abudinen insistió en que fue ella quien denunció las irregularidades en este billonario contrato y citó una audiencia para revocar su celebración, señalando que habían sido engañados por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, que presentaron documentos falsos y resultaron beneficiados con la entrega de 70 mil millones de pesos de anticipos para la compra de equipos.

“No tengo ni idea de que tratan los delitos que él dice que cometí porque yo no soy penalista. Lo que sí puedo decir es que el condenado es él, el que comete y sigue cometiendo delitos es él, el hampón de Emilio Tapia”, sostuvo la exfuncionaria, quien ya fue reconocida como víctima dentro de uno de los procesos penales que se adelanta contra Tapia y un grupo de empresarios por estos actos de corrupción.

Por estas declaraciones, Emilio Tapia -quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel de El Bosque en Barranquilla- radicó una tutela en la que pide proteger sus derechos al buen nombre, imagen, intimidad personal y familiar, así como la prohibición de discriminación.

El empresario, uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá, pidió “cesar de manera inmediata” las publicaciones de notas, reportajes, editoriales, columnas, opiniones o similares en medios, portales y redes sociales, como Twitter, que hagan alusión a él y su entorno familiar.

“(...) Afectan nuestros derechos fundamentales a la honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familia y prohibición de discriminación a mi nombre”. En la tutela cita varias de las publicaciones en medios de comunicación en las que la exministra de las TIC lo tildó de corrupto, así como publicaciones en diferentes medios de comunicación nacionales y regionales.

La denuncia de Tapia

En su denuncia penal contra la exministra Karen Abudinen, Emilio Tapia asegura que incurrió en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. Hechos que a criterio del ex contratista ocurrieron en el proceso de adjudicación del millonario contrato para dotar de salas de internet a colegios en zonas apartadas del país.

El escándalo de Centros Poblados tiene a media docena de personas privadas de la libertad, incluso algunos con acuerdos para obtener rebajas de pena, justamente es lo que esperaba Emilio Tapia, en un enredo que no ha logrado desbaratar y que lo deja en una escenario confuso para su futuro judicial, al punto de que quiere adelantarse, incluso advertir que otros hechos de corrupción se conocen gracias a su colaboración.