Judicial
Centros Poblados: Juan José Laverde es el primer condenado en este escándalo. ¿Cuántos años tendrá que pagar?
El empresario firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad en los hechos que fueron materia de investigación.
La Fiscalía informó que, gracias a la contundencia del material probatorio recaudado a lo largo de la investigación por el escándalo de corrupción conocido como “Centros Poblado”, un juez avaló el acuerdo que firmó Juan José Laverde, quien era representante de una empresa aseguradora y así se fijó una pena de 4 años de prisión.
Además de los años de prisión, la verde tendrá que pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 30 meses para ejercer cargos o funciones públicas. La condena ocurre por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
“Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en articulación con un equipo de investigadores y peritos financieros-contables, estableció que Laverde Martínez, en su condición de representante de una compañía de seguros, entregó la póliza falsa que permitió a la unión temporal ‘Centros Poblados’ respaldar su oferta ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), y quedarse con el contrato de conectividad que ascendía a un billón de pesos”, explicó la Fiscalía.
El director especializado contra la Corrupción, Eduar Calderón, dijo que tras los avances en la investigación se logró determinar que el hoy sentenciado también aportó tres garantías bancarias que indujeron a error a funcionarios del MinTIC que aprobaron el desembolso de un anticipo por 70.000 millones de pesos.
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El acuerdo
El empresario Juan José Laverde Martínez firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoce su participación en las irregularidades que se presentaron en la licitación del Contrato 1043 de 2020.
Este fue el convocado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entonces en cabeza de Karen Abudinen, y que tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, así como en la ciudad de Bogotá.
Laverde, que era el representante de la empresa Rave Seguros, aceptó su participación en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En la negociación se fijó una pena de 48 meses de prisión y el pago de una multa.
En el preacuerdo se realizó también una modificación en la participación del empresario en este caso, pasando de autor a cómplice en el delito de fraude.
“Se suscribe debido a la colaboración que ha brindado dentro de este asunto y (...) el procesado se compromete a ser testigo de cargos en sede de Juicio Oral en contra de los señores Emilio José Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y demás personas vinculadas en las otras etapas de la investigación caso MinTIC”, precisó el fiscal del caso durante la audiencia celebrada este viernes 20 de mayo.
En el escrito de acusación que se iba a presentar se señala a Laverde de haber incrementado su patrimonio de manera ilegal en 186.739.959 pesos, de los cuales ha reintegrado a la fecha 80.000.000 pesos. El delegado de la Fiscalía General le pidió a la jueza 40 de conocimiento de Bogotá avalar la ruptura procesal y evaluar el preacuerdo firmado.
En la audiencia celebrada en la mañana de este viernes se presentaron como víctimas la exministra de las TIC Karen Abudinen, el Ministerio TIC, la Contraloría General, el Banco BBVA y el Banco Itaú.
Laverde enfrenta otro proceso por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Esto, por las irregularidades en el anticipo de 70 mil millones de pesos que giró el MinTIC para la compra de equipos para los centros virtuales que buscaban llevar internet a las escuelas de bajos recursos.
“Quiero dejar constancia de que me encuentro en proceso de colaboración y de entrega de la información para buscar la verdad de este proceso y la devolución del dinero”, señaló el pasado 23 de febrero Juan José Laverde Martínez.
Él era el representante de la compañía de seguros Rave, la cual tuvo una participación clave en la presentación de las pólizas falsas que le dieron la ventaja a la Unión Temporal Centros Poblados en el proceso de licitación.
En pasados días, los representantes jurídicos del MinTIC habían anunciado que se opondrán a la firma de cualquier tipo de preacuerdo en este caso, si no se cambia el monto del anticipo que se malversó en este caso. Esto debido a que la Fiscalía General habla de un monto de 15 mil millones de pesos que fueron dilapidados.
Este malestar se puso de presente en la audiencia que se celebró el pasado miércoles, 18 de mayo, en la cual se le imputaron nuevos cargos al abogado Emilio Tapia. La representación del Ministerio asegura que no se puede hablar de la inversión y compra de equipos que no fueron instalados y, mucho menos, de aceptar que este material sea entregado a modo de reparación por los daños y perjuicios causados.
En el caso de Tapia —recordado protagonista del carrusel de la contratación en Bogotá—, se señala que malversó 6.182 millones de pesos del anticipo en lujos personales, pago de deudas y cancelación de los sobornos a los que se había comprometido para la falsificación de la póliza del Banco Itaú, que fue clave a la hora de presentar su oferta en la licitación pública.
“El hoy procesado, al parecer, los usó para compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta”, señaló la fiscal de la unidad anticorrupción en la imputación de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
