Centros Poblados: MinTIC se opondrá a un eventual preacuerdo con Emilio Tapia

Para este viernes 20 de mayo está programada la audiencia en la cual la Fiscalía General presentará el escrito de acusación en contra de los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, por el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.

Sin embargo, antes de la presentación del documento se le anunciará al juez 40 de conocimiento de Bogotá que se llegó a un preacuerdo con los tres procesados, por medio del cual estos aceptarán su plena responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

En la negociación, que se extendió por varios meses, se estableció el reconocimiento de la responsabilidad penal y la devolución del dinero del anticipo que recibieron del contrato. Este tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, así como en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, antes de la presentación de este preacuerdo ya existe un gran “pero”: los representantes del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTIC), que ya fue reconocido como víctima dentro de este proceso penal, se opondrán, al considerar que existe una gran falla en el dinero que deberán devolver los procesados.

Este malestar se adelantó en la audiencia que se celebró el ­pasado miércoles, 18 de mayo, en la cual se fijó que el anticipo que se recibió y malversó fue de 15 mil millones de pesos, pese a que el valor total fue de 70 mil millones. La representación del Ministerio asegura que no se puede hablar de la inversión y compra de equipos que no fueron instalados y mucho menos aceptar que este material sea entregado a modo de reparación por los daños y perjuicios causados.

En el caso de Tapia —recordado protagonista del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá—, se señala que malversó 6.182 millones de pesos del anticipo en lujos personales, pago de deudas y cancelación de los sobornos a los que se había comprometido para la falsificación de la póliza del Banco Itaú, que fue clave a la hora de presentar su oferta en la licitación pública.

“El hoy procesado, al parecer, los usó para compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta”, señaló la fiscal de la unidad anticorrupción en la imputación de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

En medio de la diligencia, se presentó una observación del representante de la Procuraduría General, quien señaló que se debe hablar de un total de 74 mil millones de pesos pues, según la documentación, esta fue la cifra que se entregó como anticipo.

Una posición similar tuvo la representante del MinTic, quien aclaró que los equipos mencionados por la Fiscalía General nunca fueron utilizados y poco o nada se sabe de su estado actual.

En la audiencia celebrada el 23 de febrero de este año, los empresarios Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde anunciaron que, pese a que se declaraban inocentes, sí estaban adelantando un preacuerdo con la Fiscalía General para reconocer culpas y devolver el dinero.

La acusación

Para el ente investigador, Luis Fernando Duque —representante legal de la Unión Temporal—, Juan José Laverde —delegado de la empresa Rave Agencia de Seguros— y Emilio Tapia —quien integraba la junta de la unión— falsificaron actas y pólizas de seguros para participar en el proceso licitatorio que se adelantó en julio de 2020, para así recibir el contrato por un valor total de 2,1 billones de pesos.

En el documento, que por reparto cayó en el Juzgado 40 de Conocimiento de Bogotá, se citan chats de WhatsApp, registros de llamadas, documentación y testimonios bajo juramento que ponen en evidencia la forma en que se conformó la “empresa criminal” para resultar beneficiados con la licitación del billonario contrato.

La hipótesis de la Fiscalía General en este caso es clara: Tapia, Laverde y Duque realizaron una serie de acciones que indujeron al error a los funcionarios del MinTIC encargados de la vigilancia del proceso licitatorio y recibir el aval del billonario contrato.

Para destacarse en la licitación, presentaron una póliza de seriedad de oferta que les garantizaba responder ante cualquier inconveniente y retraso. Este documento, otorgado supuestamente por el Banco Itaú, representaba un salvavidas y evitaba la pérdida del dinero que se iba a entregar.

Tras la firma, el MinTIC le entregó los 70 mil millones de pesos del anticipo a la unión temporal para la compra de equipos y la instalación de los primeros centros virtuales. Sin embargo, se empezaron a presentar constantes incumplimientos y los contratistas nunca presentaron la justificación ante estas demoras.

Debido a esto, se convocó a mediados de agosto de 2021 una audiencia de caducidad del contrato. En esa misma diligencia, un representante del Banco Itaú confirmó lo que muchos ya temían: ese banco nunca había expedido las pólizas presentadas por la unión temporal, lo que implicaba que dichos documentos eran falsos.

Inmediatamente, se presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General para que se adelantaran las respectivas investigaciones.

¿Cómo se ejecutó el fraude?

La Fiscalía General sostiene que los tres acusados tenían conocimiento claro de que la garantía bancaria había sido falsificada.

Tapia, Laverde y Duque contactaron a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien tenía conocimiento y experiencia en el trámite de las garantías en este tipo de contratos. Tras acordar un pago, García-Mayorga les entregó las garantías bancarias falsificadas.

Luis Fernando Duque fue el encargado, junto a Alfredo Amín Yamber, de subir estos documentos al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para finiquitar el cumplimiento del proceso de licitación.

El dinero del anticipo para la compra de equipos fue consignado en una cuenta bancaria constituida en el estado de Delaware (Estados Unidos). Para esta transacción fue clave el trabajo de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, quien era el propietario de la empresa Novotic.

Después de que estalló el escándalo, Tapia, Laverde y Duque habrían ejercido diferentes presiones para desviar la investigación y presentarse ajenos al fraude, detallando que no conocían sobre las pólizas falsas.

Los dos testigos fueron presionados por medio del abogado Daniel González, contratado por Emilio Tapia. El jurista les puso de presente el hecho de que los contratistas se iban a encargar de pagarles toda la defensa si se inculpan y reconocen toda su responsabilidad en este caso de corrupción.

Estos hechos, según los testigos, se presentaron el 22 de junio de 2021, dos días antes de que se adelantara la revocatoria del contrato, con el fin de que se allegara la responsabilidad individual y los representantes de la unión temporal fueran excusados.

En el caso de Bedoya, las amenazas fueron un paso más allá. El socio fundador de Novotic y Nuvo Security LLC aseguró que en una oportunidad hombres fuertemente armados ingresaron a la fuerza a su vivienda y lo amenazaron a él y a su hijo menor de edad, intimidándolo para que no hablara de los hechos de los que había sido testigo.

Con este actuar, según la Fiscalía General, se quiso desviar el actuar de las autoridades, afectando así el desarrollo de la investigación por este grave escándalo de corrupción.