Centros Poblados pasa al ataque, pedirá indemnización y presentará demanda para tumbar la caducidad del contrato

Las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación con la que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados un contrato de más de un billón de pesos, para llevar internet a las zonas más alejadas del país, está pasando una alta factura. No solo están en riesgo 70.000 millones de un anticipo, sino que ahora, que se decretó la caducidad del contrato la Unión Temporal, esta pasó a la ofensiva y a través de su abogado Jorge Pino Ricci anunciaron que van a demandar ante la jurisdicción de lo contencioso y pedirán una indemnización por perjuicios.

Explicó el abogado Pino Ricci que la tutela que se presentó para frenar la caducidad que decidió la MinTIC, Karen Abudinen, era un mecanismo transitorio y que a juicio de la defensa de Centros Poblados la ministra cometió muchos errores al presentar esa nulidad, por lo cual es necesario que sea resuelta en los tribunales, esto, porque se requiere una decisión de fondo más allá de la tutela.

“Con independencia de que se conceda o no la tutela, cualquiera que sea el juez, en primera o segunda instancia, la Unión Temporal tiene que demandar ante la jurisdicción contenciosa porque la tutela es un medio transitorio. Tenemos la obligación de hacerlo, la Unión Temporal sí está pensando en formular una demanda contenciosa por todos los vicios, especialmente porque el ministerio no tenía competencia para declarar la caducidad, por violación al debido proceso, y otras irregularidades, formular la demanda para que se decrete la nulidad del acto administrativo mediante el cual se dispuso la nulidad del contrato”, explicó el abogado Pino Ricci.

En la arena jurídica la pelea va a ser dura, pues las pretensiones de la Unión Temporal Centros Poblados van mucho más allá de buscar la forma eliminar la caducidad del contrato. Esto porque, al imponer esa medida, que es la más drástica que existe en el ordenamiento jurídico en materia contractual, la sanción que contempla la norma es no continuar con los contratos que están desarrollando y una inhabilidad de cinco años para contratar con el Estado.

Por este motivo, se anunció un demanda de indemnización por perjuicios por las millonarias perdidas. “La unión temporal tienen derecho a demandar, a que se le cancelen las utilidades que hubieran recibido por la terminación de los contratos que están en ejecución, pero demás no pueden contratar durante los próximos cinco años. La Unión Temporal tiene en este momento contratos por cerca de 8 billones de pesos, no pueden demandar por ese monto, pero sí por la utilidad que hubiesen recibido por esos contratos. También se reclamará la utilidad que dejarán de recibir por no poder contratar de cinco años”, explicó el abogado.

Así las cosas, el pleito que empezó con una serie de irregularidades al momento de entregar la licitación, que no fueron advertidas por el MinTIC, y de las cuales Centros Poblados dice que cumplió con todas sus obligaciones, continuó con el enredo de 70.000 millones de un anticipo del que 58.000 millones fueron enviados a una empresa en Estados Unidos y ahora no se sabe si se van a recuperar.

Centros Poblados asegura que ese dinero fue invertido en compra de equipos, que la Contraloría está revisando en las bodegas y que la única irregularidad fue la cometida por la ministra Karen Abudinen quien, aseguran, se equivoco decretando la caducidad del contrato “de forma arbitraria”.