El drama de 3.700 indígenas en riesgo de desplazamiento forzado en el Chocó

Los enfrentamientos entre grupos armados por el control del territorio en Colombia tienen en vilo a más de 700 familias indígenas en territorio chocoano. Aunque el cese de acciones violenta por parte de las Farc ha sido un respiro en uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, los estragos de una guerra reciclada siguen siendo una amenaza para las comunidades étnicas de la región.

El Pacífico colombiano es uno de los territorios más estratégicos para el emporio del narcotráfico. Allí, el negocio de cultivos de coca, se hace lugar sin discriminar quiénes queden en la mitad de los combates de las grandes fichas que mueven los actores ilegales. Las actividades del ELN y el Clan del Golfo son los mayores desafíos de las comunidades en riesgo de desplazamiento. 

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Así lo demostró un nuevo informe de una oficina local de la ONU en la que se describen las condiciones en las que viven 3.700 indígenas en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá. Según la organización, los habitantes de estos lugares no pueden ni siquiera salir de sus territorios y viven sin abastecimiento de alimentos.

Además, según el reporte, los indígenas son amenazados constantemente y viven en medio de campos minados. La ONU aseguró que por estas condiciones, las comunidades se encuentran en altos riesgos de desplazamientos rurales hacia las cabeceras municipales. 

En junio, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU denunció que 331 familias de seis comunidades indígenas estaban confinadas en la costa pacífica de este departamento. A este panorama se suma el nuevo reporte en el que el organismo alerta sobre la violación de los derechos humanos de una de las comunidades más vulnerables del Chocó. 

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"Por la intensidad de los hechos, las comunidades afectadas presentan una fuerte necesidad de atención médica y psicosocial", advirtió el organismo internacional.

El clamor 

Más de 65.000 indígenas en el Chocó reclaman la presencia del Estado en sus comunidades. Solo en mayo, más de 600 de ellos fueron desplazados por las Águilas Negras. En su momento, a través de un comunicado, la Asociación Orewa describió los momentos que vivieron las familias cuando al menos 100 hombres armados ingresaron a las viviendas para intimidar, abusar y reclutar a mujeres, niños y adultos. 

Dadas las condiciones, los indígenas abandonaron sus hogares y se desplazaron al resguardo de Pavasa Gella hacia el corregimiento de Virudó. Los líderes sociales, en una denuncia colectiva, exigieron a las autoridades mayor atención en sus territorios y asistencia humanitaria. 

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En medio de la agonía, los indígenas han creado mecanismos para resistir a lo que han denominado como un "exterminio". La asociación de los cabildos, por ejemplo, organizó una página web con información actualizada de las condiciones en las que se encuentran los líderes de sus comunidades en todo el país. Es un clamor de resistencia organizada para visibilizar su situación, dicen ellos. 

Y no es para menos. En los últimos meses, el ELN, que sostuvo una mesa de diálogo con el gobierno Santos hasta el 1 de agosto, ha mantenido su ofensiva en esta zona del Pacífico. Hostigamientos, secuestros y desplazamientos amenazan el orden público del Chocó. En un especial realizado por la agencia alemana DW, el grupo armado mostró, en uno de sus frentes más fuertes, algunas de las prácticas que utilizan en el entrenamiento de hombres y mujeres indígenas que han reclutado para sus filas.  

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Ver a guerrilleros armados se convirtió en un paisaje para las comunidades civiles. Los integrantes del ELN se pasean por las calles completamente uniformados. Aunque el grupo al margen de la ley ha manifestado su disposición de continuar con las negociaciones de paz en el gobierno de Iván Duque, el futuro de la mesa que sostenían con Juan Manuel Santos es incierto. 

Duque ha prometido no dejarse amedrantar por los actos delictivos que realicen las filas de los elenos en el país, pero no ha cerrado la posibilidad de poner unas condiciones que permitan el cese violento de la ahora guerrilla más grande de Colombia.