Cerca de 400 estudiantes fueron obligados a suspender clases como consecuencia del conflicto armado en Suárez, Cauca

El Consejo Noruego para Refugiados denunció que más de 380 estudiantes fueron obligados a suspender indefinidamente las clases como consecuencia del conflicto armado en la Institución Educativa Técnica Agrícola, sede María Inmaculada en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

Esta denuncia se da momentos después de que La vicepresidenta Francia Márquez hiciera una grave denuncia a través de sus redes sociales, a través de las cuales aseguró que el colegio donde estudió su primaria fue destruido por un ataque terrorista registrado este fin de semana en el municipio.

Funcionarios de la Alcaldía y líderes sociales de Suárez manifestaron su rechazo ante el cilindro cargado con explosivos que fue lanzado desde un vehículo, por medio de una rampa, hacia la inspección de Policía, pero que fue a parar en la Institución Educativa María Inmaculada.

“La onda expansiva que generó este procedimiento terminó destruyendo la estructura de este plantel educativo, de ahí la indignación de la comunidad, porque los esfuerzos que se hicieron por muchos años para mantenerlo terminaron reducidos a escombros”, denunció la Alcaldía.

Ante esta situación, el Consejo Noruego para Refugiados advirtió que el conflicto en Colombia sigue siendo un obstáculo para la educación. Según datos entregados por la organización, alrededor de 5.600 niños, niñas y trabajadores de centros o instituciones educativas en el país han tenido que suspender temporal o indefinidamente las clases como consecuencias de ataques contra la educación en el primer semestre del año 2023.

“Lo más importante en la reconstrucción de la paz es sacar a los niños y los espacios educativos del conflicto. Más que un llamado es una súplica para que al menos nuestros niños puedan tener tranquilidad en sus espacios de aprendizaje”, le dijo una autoridad educativa en el Cauca al Consejo Noruego.

Según la entidad, Norte Santander, Chocó, Arauca, Nariño, Bolívar y Cauca son los seis departamentos más afectados por ataques a la educación en lo que va de este año.

“La educación es clave para lograr la paz en el país. Especialmente en las áreas rurales, más y mejor educación, proporciona mayor seguridad a la comunidad y una menor probabilidad de conflicto”, señaló Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Asimismo, aseguraron que los cilindros bomba, combates armados, reclutamientos forzados, asesinatos y minas antipersonal son descritos por estudiantes y profesores como las principales razones para la suspensión de las clases.

Además dieron a conocer que actualmente, que cerca de 25 de cada 100 personas afectadas en eventos de desplazamientos masivos y confinamientos son niños y niñas. Ellas y ellos también han sido obligados a abandonar su educación.

“El Gobierno colombiano debe implementar la Declaración de Escuelas Seguras. Las autoridades educativas deben seguir escuchando lo que necesitan los estudiantes y garantizar que los niños y niñas estén seguros en la escuela”, afirmó Rizzo.

Educación en riesgo

En días pasados, tanto comunidades, como autoridades de zonas rurales del departamento del Cauca denunciaron que debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, varios colegios han tenido que suspender sus clases.

“Las alertas que han declarado nuestras autoridades indígenas han implicado la suspensión de clases y la declaración de alerta en nueve veredas”, dijo a Caracol Noticias Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Por su parte, Diego Aguilar, secretario de Gobierno del Cauca, aseguró en el mismo medio que “en veredas de Jambaló, Silvia y Caldono se vienen presentando disputas por el territorio entre grupos armados no estatales”.

Entre tanto, la indicación, tanto para docentes como estudiantes, es que la prioridad es el derecho a la vida, por lo tanto, en estas zonas y en las instituciones educativas donde haya algún riesgo deben permanecer en sus casas mientras se normaliza la situación.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación emitió un documento el pasado 21 de julio en la ciudad de Pasto, en el que realizaba una seria advertencia por las posibles acciones criminales que podrían adelantar las disidencias de las Farc en el sur del país, con más exactitud en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.