Cercanos al Acuerdo de Paz celebran decisión de la JEP, pero declaran que falta esclarecer los delitos

El anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha despertado toda una discusión sobre uno de los hechos más lamentables y repudiables de la historia reciente del país: los secuestros. Por este flagelo, según el tribunal especial, han sido identificadas 21.396 víctimas que sufrieron el infierno de estar secuestradas.

Han sido varios los pronunciamientos que se han hecho con el llamado. Las víctimas han dicho que esta imputación se había demorado, aunque han reconocido que es un paso para avanzar en la búsqueda de la paz. Esperan que la reparación sea equitativa y que las penas alternativas no vayan a terminar revictimizándolos. Así mismo, se ha pedido que los imputados que tienen una curul en el Congreso renuncien a ese beneficio y den un paso al costado.

También se pronunciaron quienes defienden los acuerdos de La Habana y el papel de la JEP, especialmente quienes estuvieron en el equipo negociador o como mediadores en el proceso que se llevó a cabo en Cuba.

Una de ellas es Juanita Goebertus, quien conformó la mesa de negociación y hoy es representante a la Cámara por la Alianza Verde. Goebertus hizo un análisis de la decisión y señaló que es un paso importante.

“La Jurisdicción Especial para la Paz produce hoy la que es sin duda hasta el momento la decisión más importante: imputar a los miembros del Secretariado de las FARC como miembros responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, por la política de secuestro”, afirmó.

Dice que ahora la Jurisdicción deberá enfrentar lo que ella considera cinco grandes retos para sacar adelante el proceso en general y para que haya una verdadera justicia, reparación y no repetición con las víctimas.

“Primero, la JEP les ha dado a los excomandantes de las FARC 30 días para que decidan si reconocen o no su responsabilidad en estos hechos. Ya han reconocido en general que efectivamente tuvieron una política de secuestro, lo dijeron después de las declaraciones de Íngrid Betancourt y otros exsecuestrados en esos términos: rechazando el secuestro, pero no han dado el paso a reconocer que eso constituyó un crimen de lesa humanidad, que constituyó un crimen de guerra, pero más importante aún y lo que seguramente será más difícil, el reconocimiento, como lo está diciendo la JEP, de que en el marco de ese secuestro hubo tortura, hubo violencia sexual, hubo tratos inhumanos y degradantes que constituyen en sí mismo delitos”, dijo la representante de Alianza Verde.

El segundo punto que considera fundamental es sobre las condiciones que tienen que cumplir los excombatientes para tener una sanción alternativa. “Lo que establece el Acuerdo de Paz es que tienen que contribuir al esclarecimiento, a la reparación y garantizar la no repetición de estos hechos”, agregó.

Según dijo la parlamentaria, la JEP ya les ordenó que contribuyan a la búsqueda de personas desaparecidas con información a la unidad de búsqueda, para que puedan ser encontrados los cuerpos de las personas que murieron en cautiverio y de las que aún no se sabe su paradero. “Aún no ha resuelto la JEP qué condiciones les va a imponer en términos de reparación a esas víctimas”.

Una de las reparaciones de la que se había hablado era el inventario que tenían que entregar los exguerrilleros. La Jurisdicción también deberá establecer cuáles son las condiciones que deben cumplir los excomandantes imputados para que relaten en la Comisión de la Verdad los hechos como sucedieron.

Otro de los puntos que es clave para Goebertus, y que ha sido cuestionado por varios sectores, es el de la participación en política y cuáles podrían ser las sanciones. La congresista dice que si reconocen su responsabilidad, tendrán una sanción de cinco a ocho años de restricción de su libertad y deberán hacer obras y tareas de restauración de las comunidades.

Estas sanciones deberán ser establecidas por la JEP y vigiladas por Naciones Unidas. De no reconocer su responsabilidad, tendrán penas de cárcel de hasta 20 años.

En el caso de la participación política, la Corte Constitucional ha determinado que si no reconocen los crímenes y son hallados culpables, no podrán participar en política durante el cumplimiento de esa sanción; además, dependerá de la gravedad de los hechos.

Una de las dudas que también se ha generado con el comunicado de la JEP es sobre la responsabilidad de los mandos medios y bajos que también tienen correlación en esos delitos. La congresista de la Alianza Verde dice que, según declaraciones de la misma JEP, esas imputaciones vendrán este año, ya que no se pueden estudiar todas al tiempo.

El senador Roy Barreras, quien también pasó por La Habana, celebró la decisión. Aprovechó para resaltar que la JEP está cumpliendo su papel y que desde su visión habrá justicia con las víctimas.

“La JEP ha tomado una decisión histórica e inédita en el mundo, ha actuado en un proceso que vincula a más de 51 personas, incluyendo a toda la cúpula de las FARC en el caso 001 de secuestro, y seguramente tomará decisiones similares en el caso número 003 que corresponde a los falsos positivos y que involucra a más de 331 agentes del Estado. La JEP está dando resultados en el camino de las sanciones que los colombianos estábamos exigiendo y sus detractores van a tener que reconocerlo”, dijo Barreras.