Nación
“Cero tolerancia con quien utilice su cargo para favorecerse”: María Paula Correa, jefa de gabinete del presidente Iván Duque
Más temprano fue desvinculado el asesor de la funcionaria que habría favorecido con contratos a su esposa.
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) informó este martes que Andrés Mayorquín, quien se desempeñaba como asesor legislativo de la jefa de gabinete María Paula Correa, fue retirado del cargo y ya no se desempeñará como asesor de la Presidencia de la República, después de que se conociera una denuncia en la que se le señala de presuntamente haber contribuido a que su esposa se convirtiera en una “megacontratista” del Estado.
Al respecto, se pronunció la funcionaria en su cuenta de Twitter, con el mensaje: “Cero tolerancia con quien utilice su cargo para favorecerse”, y un escrito donde explica lo ocurrido.
“Conocí a Andrés Mayorquin en el año 2019 por su trabajo previo en el Congreso de la República. Como uno de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete, sus principales funciones eran el seguimiento a los diferentes proyectos de ley de iniciativa gubernamental, así como el relacionamiento entre la Presidencia y las demás entidades del Gobierno nacional en asuntos legislativos. Durante su tiempo como Asesor de la Jefatura de Gabinete cumplió sus funciones con responsabilidad.
Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno. Confío en la buena fe de quienes trabajan dentro mi equipo y rechazo de manera contundente cualquier conducta que falte a los más altos estándares éticos, que debemos tener todos los funcionarios públicos. Cero tolerancia con quién utilice su cargo para favorecerse.
Lo más leído
El señor Andrés Mayorquin y su cónyuge deberán dar todas las explicaciones sobre los contratos que se encontraban en cabeza de ella”, explicó.
Cero tolerancia con quien utilice su cargo para favorecerse: pic.twitter.com/I59RKHoWi7
— Maria Paula Correa (@mariapcorrea) January 12, 2022
La historia se remonta a octubre de 2019, cuando el abogado Andrés Mayorquín, luego de haberse desempeñado durante cinco años como profesor, contratista y miembro de UTL en el Congreso, llegó a la Casa de Nariño a trabajar con María Paula Correa, hoy jefa de gabinete del presidente Iván Duque.
Y tan solo tres meses después de la llegada de Mayorquín a la Presidencia, su esposa, Karen Vaquiro Cuellar, “ganó su primer contrato con el Estado por 88 millones de pesos con el Departamento de Prosperidad Social, en enero del 2020″, relató la investigación revelada por el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio.
Desde entonces, según relató el medio, hasta la fecha, ha firmado 24 contratos con más de 15 entidades del Estado. Es decir, 24 contratos en apenas dos años, los cuales suman 1.245 millones de pesos.
Antes de acceder a estos contratos, la única experiencia que certificaba Vaquiro era año y medio como gerente de oficina en el Banco de Bogotá y unos meses en LINK Consultores, empresa en la que ella y su marido son representantes legales, pues ella se había graduado de economista en 2017. El último sueldo que devengó fue de 3,6 millones.
De acuerdo con la denuncia, la mayoría de contratos de Vaquiro giraban alrededor del acompañamiento en asuntos legislativos, un campo en el que ya se desempeñaba su esposo en representación del Gobierno, lo que le podría haber generado un impedimento.
Además, dos de los contratos que tuvo la mujer fueron con la Consejería Presidencial para la Discapacidad, una dependencia adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia, en la que estaba como asesor Mayorquín, lo que le impedía haber firmado los contratos.
El artículo 8 de la ley 80 de 1993 -el estatuto general de contratación- es claro: “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: El cónyuge compañero o compañera (…) permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal”.