Cero y van dos: Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, volvió a esquivar la detención domiciliaria

Nuevamente, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, esquivó la detención domiciliaria. Este jueves, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la petición presentada por la Fiscalía General en contra del mandatario departamental dentro del proceso que se le adelanta por las irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira, en la ciudad de Santa Marta.

Para el magistrado —quien funge como juez de control de garantías— la solicitud de medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos exigidos por la ley. “No se hizo ninguna exposición y mucho menos se presentó evidencia sobre actividades delictivas posterior a los hechos, sino solo a investigaciones que en la medida en que son cosas diferentes constituyen una argumentación inatinente”.

“Hay razón suficiente para concluir que la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada no es procedente, y siendo esta premisa razón suficiente para negar la solicitud, pues no tenemos la necesidad de juzgar sobre si las evidencias que tiene la Fiscalía dan cuenta de la autoría o participación del imputado en los hechos”.

Con un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General, el magistrado manifestó que el hecho que Caicedo tenga 30 denuncias en su contra no es razón suficiente para decir que cuenta con antecedentes de tipo penal. Esta situación —en su concepto— “hace relación a un juicio categórico, ni hipotético, ni problemático en términos de probabilidad”.

La Fiscalía General le imputó a Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. En su exposición aseguró que siendo alcalde de Santa Marta firmó, el 28 de octubre de 2015, el contrato para la adecuación del Coliseo Gaira por un valor de 2.682 millones de pesos. Sin embargo, durante la celebración de la misma se habría registrado un peculado por apropiación de 690 millones de pesos.

Después de siete años, el Coliseo —advirtió el fiscal— no se ha entregado en condiciones adecuadas, por lo que estaría deteriorado e inutilizado por la comunidad.

Todavía falta que se resuelva la solicitud de medida de aseguramiento contra Carlos Caicedo por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público agravada. Esto por los hechos irregularidades que se habrían presentado con la firma del contrato del primero de abril de 2015 para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en la ciudad de Santa Marta.

El ente investigador sostiene que en este caso se habría presentado un peculado de 979 millones de pesos por los sobrecostos de la realización de la obra, la cual tenía un valor inicial de 6.954 millones de pesos. La documentación recolectada arrojó que el contrato no ha sido liquidado pese a todas las demoras y, solamente en diciembre de 2022, se reanudaron, lo que indica que por años se presentó documentación que no correspondía a la verdad.

Caicedo esquivó una medida de aseguramiento domiciliaria en el proceso por irregularidades en contratación en el contrato para la construcción de la Megabiblioteca distrital que fue firmado el 31 de diciembre de 2014 cuando fungía como alcalde de Santa Marta. Por estos hechos, se le imputaron los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

El fiscal once delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que se presentaron sobrecostos, demoras en la entrega de la obra, presentación de documentos falsos ante el Secop, e incluso el cambio injustificado de la obra que tuvo un costo final de 5.000 millones de pesos.

La obra tenía como finalidad luchar contra la deserción escolar en el departamento, así como brindar ayudas educativas y lúdicas para los estudiantes de la capital del Magdalena.

“Usted, presuntamente, faltó a los principios de la contratación estatal y la función pública al tramitar sin verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales, la documentación pública con las irregularidades que se le pusieron de presente frente a la falta de planeación y de la economía”, precisó el fiscal del caso.

“Esta audiencia ha sido como las otras, no aportaron nada, estamos como al comienzo, creo que no se cumplieron las expectativas que había y en esas condiciones no queda alternativa distinta a que se rechace al señor Arévalo de la Jurisdicción y se devuelvan sus procesos a la justicia ordinaria con una moción que se tramite prontamente”

“La actitud del abogado de insistir en lo mismo, y de persistir en lo mismo, y desconocer la naturaleza del escenario porque, perdóneme señor abogado y se lo digo con todo respeto, su actitud ha sido de un temor como si fuera a entorpecer la función que ya tiene”

“No se justifica seguir perdiendo el tiempo ni dilatando más la actuación, con un caso que no aporta nada al esclarecimiento de la verdad”.