Portada: ¿Chantaje diplomático?

El gobierno de Trump está recurriendo a una modalidad de presión ajena a los valores que históricamente se asocian con ese país: la cancelación de las visas por razones políticas. Tradicionalmente utilizaban una medida de esta naturaleza contra delincuentes y narcotraficantes. Ahora lo están haciendo contra magistrados o congresistas que tomen decisiones contrarias a los intereses del Tío Sam. Esto se ha visto en los últimos días con los casos de varias personalidades colombianas que han recibido la notificación de la revocatoria de su visa. Esa situación se agravará en los próximos días cuando la JEP se pronuncie sobre la extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos.

En la historia de Colombia no hay un antecedente similar. Por lo general, Estados Unidos no revoca visas por diferencias de opinión. En esta oportunidad, la medida afectó a los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, además de Eyder Patiño Cabrera, integrante de la Corte Suprema de Justicia. Pero podrían ser más. Varios magistrados de ambas corporaciones están consultando con la embajada de Washington en Bogotá para saber si sus visados siguen vigentes. Antes de eso también le habían cancelado la visa al representante John Jairo Cárdenas presuntamente por comentar las intimidades de un desayuno con el embajador.

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Los magistrados afectados, en un comienzo, intentaron contener el escándalo. Desde hace un par de semanas en los medios de comunicación corría el rumor acerca de esas visas. Pero nadie lo ratificaba, y no era lógico pensar que Estados Unidos adoptara una medida de esa naturaleza, por lo que el tema no trascendió hasta que altas fuentes en el Palacio de Justicia y en Casa de Nariño lo confirmaron. Por lo delicado del asunto, los magistrados y el Gobierno acordaron manejarlo exclusivamente por canales diplomáticos, en total hermetismo. Sin embargo, había tal malestar en los círculos políticos y judiciales que el tema explotó.

El viernes tanto el Consejo de Estado como la JEP reaccionaron con comunicados en los que expresan solidaridad con la Corte Constitucional y la Suprema. En esos pronunciamientos, los magistrados dejan claro que si bien el Gobierno norteamericano tiene el derecho de decidir quién entra en su territorio, también rechazan cualquier “mecanismo de presión o represalia” que busque menoscabar la autonomía de la Justicia colombiana. Al cierre de esta edición no había pronunciamiento formal de Estados Unidos, lo cual no es sorprendente, pues ese país tiene la política de nunca explicar por qué cancela una visa. El Gobierno colombiano tampoco se ha pronunciado.

Por cuenta del pacto de silencio en la Corte Constitucional, pasaron tres semanas antes de que se confirmara lo que muchos temían. Que el Gobierno de Trump les estaba dando a los magistrados colombianos, de un país aliado, el mismo tratamiento que usó en Venezuela contra los juristas del Tribunal Supremo de Maduro al que consideran “ilegítimo”.

Foto: Kevin Whitaker, Embajador de Estados Unidos.

La Corte Constitucional consideró indigno el tratamiento y pidió una primera cita con el presidente Iván Duque para hablar del tema, la cual tuvo lugar después de Semana Santa. La magistrada Gloria Stella Ortiz comenzó por ponerle de presente el incidente ocurrido con su colega Lizarazo. A este le habrían cancelado la visa por haber sido ponente de la ley estatutaria de la JEP, que no le gustó al embajador de Estados Unidos por las implicaciones que tendría en procesos de extradición. Lo notificaron el 12 de abril vía correo electrónico y lo citaron a una entrevista en la embajada.

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Para esos días, el magistrado afrontaba el luto por la muerte de su madre, razón por la cual se trasladó a Cúcuta y no pudo asistir a esa cita. Una vez regresó a Bogotá acudió a la embajada, en donde le explicaron que se trataba de un impase “rutinario”. Le dijeron que las autoridades norteamericanas estaban preocupadas porque personas con líos judiciales pudieran irse a Estados Unidos, como en el caso de Andrés Felipe Arias. Y en este contexto le solicitaron presentar un certificado de la Comisión de Acusación del Congreso, el órgano competente para procesar a los magistrados y demás dignatarios del Estado, en el que constara que no tenía asuntos pendientes con la justicia. Lizarazo cumplió con el requisito y recuperó su visa.  

La explicación que dio la embajada norteamericana causó extrañeza, ya que en Colombia más de la mitad de los funcionarios tienen alguna investigación en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría o en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Personajes tan disímiles como el expresidente Álvaro Uribe y el exsenador Antanas Mockus están en esta categoría. El primero tiene más de 250 investigaciones y su visa está intacta. Y Mockus, aunque tiene muchas menos, también puede ir a Disney cuando quiera.

A esa extraña situación se sumó que Estados Unidos retiró su apoyo financiero a cuatro proyectos para modernizar la Corte Constitucional, que estaban ya definidos y contaban con el presupuesto asignado. Los diplomáticos estadounidenses argumentaron que deben darles prioridad a otras iniciativas en zonas del país afectadas por el conflicto. Pero la notificación sobre el retiro del apoyo llegó el 3 de abril, justo después de que los magistrados cancelaron una cena de carácter reservado a la cual los había invitado el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, para discutir temas como el aumento de los cultivos ilícitos y las objeciones a la JEP.

Los temores sobre lo que podía haber detrás de esas presiones quedaron confirmados cuando a la magistrada Diana Fajardo, clave en los debates de los asuntos relacionados con el proceso de paz, le notificaron la suspensión de su visa. Al igual que en el caso de Lizarazo, el asunto quedó solucionado luego de que ella certificó que no tiene procesos pendientes en la Comisión del Congreso.

Varios magistrados fueron a denunciar a la Casa de Nariño que no tenían garantías. Y ese reclamo no se limitaba a las visas, ya que se sumó la confirmación del fiscal Néstor Humberto Martínez de que los magistrados también eran víctimas de chuzadas.

Esta nueva coyuntura provocó una segunda cita con Duque. Esta vez, la presidenta de la corte asistió acompañada de dos magistrados: Alberto Rojas, su vicepresidente, y Diana Fajardo. El encuentro ocurrió el lunes 6 de mayo en Casa de Nariño. Allí expusieron sus temores por la falta de garantías que está afrontando la Justicia.

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El presidente Duque comprendió que la situación que le expusieron los magistrados entrañaba un asunto de soberanía con implicaciones delicadas, por lo que decidió tomar medidas. Ese mismo día buscó comunicarse con el embajador Whitaker y le planteó que para él no se trataba de un tema personal con los togados, sino de un problema de Estado.

Los magistrados se sintieron respaldados por el primer mandatario, pero algunos sectores consideran que una situación de esta envergadura amerita no solo un tratamiento privado, sino un pronunciamiento público. Al fin y al cabo, lo sucedido ha sido interpretado como que, con la cancelación de la visa del representante a la Cámara John Jairo Cárdenas, Washington le está enviando un mensaje de presión al Congreso, y con lo ocurrido a los magistrados, otro a la Justicia. Ese no es un asunto de poca monta, y antes del Gobierno de Donald Trump era impensable que eso sucediera.  

Foto: El presidente Duque y la presidente de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, han tenido dos reuniones para hablar sobre el problema.

Los magistrados recuerdan que para mediados de 2017, cuando apenas comenzaba el proceso de paz, la Corte Suprema dejó en libertad a Julio Enrique Lemos, alias Náder, un guerrillero de las Farc requerido en extradición por Estados Unidos. Su libertad generó un pronunciamiento de protesta del embajador gringo. Ante esto, el presidente Santos salió a defender la independencia de la corte, y el tema quedó saldado con unas palabras con las que el embajador señaló que solo quiso expresar sus “preocupaciones y nada más”.

El único precedente medianamente similar a lo que está ocurriendo en la actualidad se presentó con la posición del Gobierno de Estados Unidos frente al proceso 8.000. En esa oportunidad, cuando no solo el presidente Ernesto Samper, sino la mitad del Congreso había recibido apoyo financiero del cartel de Cali para sus campañas, el Gobierno del presidente Bill Clinton, en 1996, asumió una actitud intervencionista. Robert S. Gelbard, el asesor para la política antinarcóticos, y Myles Frechette, embajador en Bogotá, terminaron quitándole la visa al presidente Samper.

Lo anterior puede verse por algunos como una intromisión en los asuntos internos, pero por lo menos en ese momento existía un hecho gravísimo, como la compra de buena parte de la clase política, incluyendo al presidente, por el cartel de Cali. La situación actual no tiene comparación alguna con esos episodios. Las personalidades cuyas visas han revocado no tienen nada que ver con el mundo del narcotráfico. De ahí que la única interpretación que se le puede dar a lo sucedido es la presión para alinear al Congreso y a la Justicia con los intereses de Estados Unidos.

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Eso es lo que buscan realmente los gringos con medidas de esta naturaleza. Como siempre, en el meollo del asunto está la lucha contra el narcotráfico y el papel que en eso juega la extradición. Este era uno de los puntos contenidos en las controvertidas objeciones del presidente Duque. El embajador Whitaker coincidía con el presidente y con el fiscal Néstor Humberto Martínez en que la ley estatutaria de la JEP, sin ajustes, imponía serias limitaciones a la extradición de narcos a Estados Unidos. Esta junto con la posibilidad de volver a fumigar con glifosato, para poder reducir las más de 200.000 hectáreas de coca, son los ejes de la confrontación política actual en el país. Y para el Gobierno de Washington son dos armas indispensables para obtener resultados en la guerra contra las drogas.

En esta materia, Estados Unidos ve en la Corte Suprema de Justicia otro boquete, puesto que ese tribunal ya no aprueba extradiciones sin mayores consideraciones como ocurría en el pasado. Al magistrado presidente de la Sala Penal, Eyder Patiño, también le retiraron la visa y no sabe si se la han reactivado o no. “La Corte Suprema de Justicia rechaza el sistemático ataque a la integridad del Poder Judicial en general y, en particular, contra algunos magistrados”, dice el comunicado de esa corporación.

Por más entendibles que sean las intenciones del Gobierno americano y de su facultad discrecional para determinar quién entra en su país, esta especie de matoneo con las visas al Congreso y a la Justicia puede acabar siendo contraproducente. Colombia siempre ha sido ajena al antiamericanismo de muchos países de Latinoamérica, pero este tipo de medidas drásticas puede despertar un brote nacionalista que no le conviene a ninguno de los dos países. Un ejemplo de esto fue la reacción que tuvieron los congresistas que asistieron al desayuno en que el embajador Whitaker los presionó para que votaran a favor de las objeciones. Pocos días después las hundieron en bloque.

En su próximo veredicto sobre Jesús Santrich, la JEP señalará que la Constitución, por cuenta del acuerdo de paz, hizo ajustes en los parámetros para determinar si proceden o no este tipo de solicitudes de extradición. La sentencia, además, marcará un precedente de autonomía en la colaboración entre la Justicia colombiana y Estados Unidos. Esta semana, cuando la JEP haga ese pronunciamiento, nuevamente se armará la de Troya.